Aniversario de la Infamia titula Jorge Jové su artículo en La Prensa rememorando los crímenes de García Meza que involucró a las FFAA en su maldad
Hace 30 años se registraba una de las más nefastas fechas que registra el calendario de efemérides infames de Bolivia. El golpe de Estado del 17 de julio de 1980. Fue una aventura que equivalió a un retroceso en el proceso de construcción democrática que después de 16 años, la sociedad boliviana comenzaba a erigir casi contra viento y marea.
Irónicamente, un mediodía típico de invierno en La Paz con un sol radiante fue el inicio de una larga noche. Tres décadas después, García Meza y Arce Gómez, los líderes de la última asonada, están donde deben estar, en la cárcel, y aunque el primero pase largas temporadas en el Hospital Militar, su condición jurídica es la de un reo rematado.
Cuando se posesionó en el Gran Cuartel de Miraflores, aseguró que se quedaría 20 años en el poder. Llegó a los 13 meses y fueron sus camaradas quienes, cansados de la corrupción y los excesos, decidieron echarlo del Palacio Quemado.
Pero en ese corto pero tenebroso período tuvo tiempo para asesinar, torturar, exiliar, perseguir y confinar a sus opositores. Los asesinatos selectivos, como el de Marcelo Quiroga Santa Cruz, Juan Carlos Flores Bedregal, Gualberto Vega Yapura o los ocho dirigentes del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria en la calle Harrington son algunas muestras de la brutalidad implantada en aquellos tiempos, tanto como el toque de queda o la cadena radial informativa, pues por entonces sólo funcionaba el canal estatal.
El Gobierno se vinculó con narcotraficantes y con el narcotráfico, pero no fueron solamente militares quienes se involucraron con esa dictadura. Entre ellos también se destacaron varios civiles, quienes reaparecieron años después como autoridades de los gobiernos democráticos.
Treinta años después, las heridas causadas por tan breve como bestial régimen siguen abiertas, no sólo porque todavía quedan 26 desaparecidos o porque los vidrios Ray-Ban destinados originalmente a la piscina de Alto Obrajes nunca fueron devueltos, o por el saqueo de las piedras semipreciosas de La Gaiba, las matanzas en las minas, la destrucción de la propiedad sindical y social, sino, principalmente, porque tanto después, un velo de impunidad cubre a los autores materiales de esos hechos. Bajo el argumento de que no fueron las Fuerzas Armadas, como institución, que derrocaron a la presidenta Lydia Gueiler, los actuales mandos de los uniformados, esconden tenazmente a los culpables de las atrocidades y después de haber derrotado a sus enemigos políticos se resisten a devolver sus huesos. Es que al cabo de 30 años su sola mención exalta el miedo de los abusivos.
Sin embargo, la historia se encarga de poner las cosas en su sitio. Los criminales están donde deben estar todos, asesinos, violadores, estafadores, parricidas, homicidas, en la cárcel. Los mártires tienen un lugar en el reconocimiento general. Se ganaron la inmortalidad.
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