Las acciones que realizaron las Fuerzas Armadas en octubre de 2003 respondieron a una "orden expresa" del capitán general de la República, el entonces Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, según dijo el abogado de la defensa del ex mando militar, Erich Seifert.
El abogado dijo que una de las bases de la acusación presentada por la Fiscalía es el hecho de que el gobierno de Sánchez de Lozada "no emitió un Estado de Sitio", por lo que las acciones de las fuerzas militares no estarían amparadas en el marco legal.
Seifert respondió indicando que, dentro de esa misma lógica, "las 58 muertes durante el gobierno de Evo Morales son igualmente de responsabilidad del Alto Mando actual", pues señaló que el actual gobierno "nunca declaró Estado de Sitio para movilizar a las Fuerzas Armadas en diferentes ocasiones donde hubo fallecidos y trágicas consecuencias".
"El año 2003 las Fuerzas Armadas cumplieron una orden que les dio el Capitán General de la República, a través de un Decreto Supremo que declaró estado de emergencia ante la situación de sedición que existía, actuaron bajo órdenes escritas como corresponde. Las Fuerzas Armadas no intervienen en el accionar o determinaciones políticas, sólo fueron un brazo operativo ante la situación de convulsión social", acotó Seifert.
"Si comparamos los hechos la Fiscalía tendría que someter a juicio a Evo y al actual Alto Mando Militar por las muertes en Oruro, Cochabamba, Sucre y Pando porque no existió un Estado de Sitio y menos una orden expresa y escrita del Presidente como en el caso de mis defendidos", apuntó el abogado de los jefes militares.
El jurista reiteró que el juicio por el caso "octubre negro" tiene un "carácter político más que jurídico", dado que -desde su óptica- las acciones que tomaron el 2003 fueron destinadas a restablecer la ley y el orden y proteger las vidas de cientos de miles de civiles. Dichas acciones -sostuvo- eran entonces y todavía son hoy protegidas por la Constitución.
Por el caso "octubre negro" están siendo procesados los ex jefes militares: Roberto Claros, Juan Veliz, José Quiroga,. Luis Aranda y Gonzalo Rocabado Por su parte, los ex ministros y también co-acusados, Dante Pino Archondo y Erick Reyes Villa coincidieron en señalar que el año 2003 no tuvo lugar "una masacre", sino que las víctimas civiles fueron el resultado de un "enfrentamiento".
"Según la lectura de la acusación hubo un uso de la fuerza en un momento de convulsión social, ahora bien, la víctimas producto de esa convulsión social deberían tener un defensor que se preocupe de probar en este juicio con elementos objetivos la situación de cada uno de los muertos y heridos", afirmó Dante Pino.
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