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martes, 12 de mayo de 2009

como "la ley del azote" caracteriza El Deber, el atroz suplicio que padeció un dirigente indígena por no comulgar con el originario presidente. imagen


En carne propia un indígena, supuestamente de esa clase que vive la hora gloriosa de las reivindicaciones, en el presente caso ex ejecutivo de los suyos en el Oriente boliviano, además de ex viceministro de Estado, ha sufrido cruel y humillante afrenta.Y a no ser que estemos equivocados de modo garrafal, el aludido sintió sobre sus carnes el ominoso escarmiento por pensar y sobre la marcha actuar de manera diferente, en estos cada vez más difíciles y realmente enrarecidos tiempos, respecto de las pautas que marcan de pensamiento y obra los detentadores absolutos del poder supremo. Son tiempos, los que penden sobre nuestras cabezas, en los que campean, entre otras ‘gracias’, la intolerancia frente a los que no comulgan con la propuesta de ‘cambio’ que defraudó a medio mundo y mucho más aún, ni simpatizan con el gobierno de Evo Morales,Esa intolerancia rayó en su más alto grado durante una visita reciente que hacía el aludido personaje a una zona rural del departamento Beni, hasta la cual se desplazó seguro de sus derechos, libertades y garantías, sin alardes y menos aún, provocaciones. El ex dirigente allí, en la culminación de su calvario, fue azotado brutal y despiadadamente a merced de una turba de campesinos supuestamente de filiación política masista.Y a la par de los azotes que no podían ser más escarnecedores, el infeliz ex dirigente era blanco de los más denigrantes insultos y de las más insufribles y contundentes acusaciones. Tal vez un milagroso destello de piedad movió a uno de los que presenciaban la tan salvaje flagelación a decir un “basta” estremecido y a poner término al insólito castigo. Pero el hecho se dio y allí está, grabado en letras indelebles con las que este tiempo tan descontrolado y cruel, por decir lo menos, pasará a la historia. A la víctima, según trascendió, pretendían hacerle pagar, con el castigo a que brutalmente lo sometieron, una supuesta traición a los indígenas, aún peor, complicada con su adhesión a sectores empresariales.Y menos mal que las cosas no pasaron a mayores, pues también trascendió que el prefecto beniano iba a ser blanco de una agresión similar. Por fortuna, en este caso para la autoridad, a último momento ésta dejó en suspenso su presencia en el lugar del suplicio.El Gobierno, no es una rareza, dice no poseer información oficial del asunto y tampoco, a menos que se sepa, se preocupa de averiguar el hecho y establecer sus alcances reales desde el punto de vista del ordenamiento jurídico. Así suma y sigue el brutal incidente que con características parecidas padeció no hace mucho el ex vicepresidente Víctor Hugo Cárdenas, a cuya familia se agredió cobardemente y luego se procedió a despojarla de su vivienda a orillas del lago Titicaca. Y todo porque Cárdenas hizo público su derecho a disentir, algo que para los intolerantes empoderados de turno se ha vuelto lisa y llanamente inadmisible.

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