El estado de Entel
En estos momentos es oportuno mirar al estado de Entel como al Estado en Entel. La situación financiera de Entel es la que más puede preocupar ahora a la ciudadanía porque es el Estado el que tiene la propiedad de esta empresa y los resultados que obtiene dan una idea de lo que ocurre con la administración estatal en ésta como en otras empresas nacionalizadas.
Los estados financieros auditados de Entel permiten deducir que hay todavía desajustes en la nueva administración. El principal aspecto que se destaca de la auditoría realizada por la empresa Price Waterhouse Coopers es: “no expresamos una opinión sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2008”.
Una terminación que generalmente tiene una connotación negativa porque los auditores no aprueban o desaprueban los estados financieros auditados, sea la empresa que sea la auditada. Lo más serio que pueden concluir acerca de la gestión financiera de una empresa que no cumple las “normas contables generalmente aceptadas” es “no expresamos una opinión”.
Por lo que se ve, existen varios elementos que han inducido a esta negación. Hay partidas pendientes de conciliación con los bancos que no permiten identificar depósitos por Bs24 millones que afectan la disponibilidad de dineros que tiene la empresa. Se mencionan distintas diferencias en otras cuentas que deben ser necesariamente conciliadas así como están ausentes ajustes en los inventarios y varias deficiencias en los sistemas de control interno de los activos fijos.
También se mencionan aspectos referidos a la no contabilización de “pasivos por contingencias fiscales por aproximadamente Bs864.000.000; contingencias laborales por aproximadamente Bs16.700.000; y contingencias civiles por Bs385.000, que según la Gerencia de Asuntos Legales y Societarios tienen la posibilidad de finalización poco probable a favor de la empresa.” Esta forma de “posibilidades poco probables” muestra una vieja y consolidada práctica de perder juicios de las entidades públicas aunque tengan la razón debido a que ellas incluyen jugosas sumas de costas legales. Esta no es la única “posibilidad poco probable”, existe otra con la Superintendencia de Telecomunicaciones por Bs10.800.000.
Entre otros aspectos no dilucidados, la auditoría se refiere a que todavía no se ha resuelto el pago reclamado por Euro Telecom International NV por la liquidación final con esta empresa extranjera. Queda pendiente el arbitraje en el que Bolivia no acepta la participación del CIADI por no considerarlo imparcial. Son $US. 350 millones por esclarecer.
Finalmente, los resultados muestran que la empresa Entel nacionalizada ha obtenido menores utilidades en 2008 que en 2009. Diferencia que se aproxima a los $US.30 millones. Si esta es la forma en que se esperaba retener los recursos en Bolivia en vez que se los lleve una transnacional, no es un objetivo que se esté logrando eficientemente y así no se da la mejor cara a la nacionalización.
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