El abastecimiento deficiente de diesel, gasolina y GLP se ha vuelto una realidad cotidiana en nuestra vida, en esta revolución cultural y democrática.
Es tan evidente, que las autoridades del sector finalmente han aceptado que existen deficiencias en el abastecimiento normal, y, al mismo tiempo, han señalado a los culpables: la especulación, el contrabando y la corrupción en YPFB.
Con el fin de solucionar este problema, el Ejecutivo nos ha sorprendido con el DS 29788, en el cual nos comunica la participación de las FFAA, la Policía Nacional, el Control Operativo Aduanero (COA) y las fuerzas especiales de Lucha contra el Crimen y el Narcotráfico (FELCC y FELCN), además de la Superintendencia de Hidrocarburos, en un operativo coercitivo y casi totalitario denominado “Puño de Hierro”, que lo veremos más adelante, intentando eliminar los efectos del desabastecimiento pero no las causas o razones por las cuales se presenta.
Como era de suponerse, el desabastecimiento de diesel, gasolina y GLP es resultado del hecho que no producimos esos productos en cantidad suficiente para abastecer nuestra demanda. Esa deficiencia de producción causa especulación. Diesel, gasolina y GLP, difícilmente pueden ser sustituidos por otros productos disponibles. Adicionalmente, los precios están muy por debajo de los precios para productos similares en los países vecinos al nuestro. La falta de producción, sumada a los precios internos subvencionados, está desencadenando un proceso perversamente creciente.
Desde hace varios años importamos diesel, que se expende al usuario a precio subvencionado. La media luna, el mayor consumidor, está sufriendo un castigo energético en forma de falta de carburantes. La escasez de diesel, primero, ocasiona la especulación. Como las necesidades del agro cruceño son impostergables, el consumidor local se ve obligado a pagar un sobreprecio que compita con el que se obtiene por reexportar. Este proceso está creciendo porque el mercado extranjero es casi infinito: se encuentra limitado sólo por la porosidad o corrupción del sistema aduanero del país.
Con la gasolina, el problema es diferente. Producíamos más gasolina que las necesidades internas. Esa gasolina en exceso difícilmente abandonaba las refinerías hasta los consumidores, por tanto, no había especulación y menos contrabando.
Ahora la producción no satisface la demanda interna, por tanto, la escasez es cada vez mayor y ya se tiene conocimiento de que se piensa importar. En ese momento, la situación será igual que la del diesel, si continuamos con precios subvencionados.
Con el GLP, el problema es crónico. Desde hace años no producimos lo suficiente para abastecer la demanda y la exportación ilegal o informal, por la diferencia de precios, se ha vuelto una actividad creciente. El actual Gobierno ha empeorado la situación al abrogar el DS 28380, del gobierno del Dr. Rodríguez Veltzé, que prohibía el uso de GLP para transporte vehicular. El GLP es tan barato que resulta más conveniente usarlo antes que gasolina o gas natural comprimido.
En gran síntesis, el problema es la falta de producción y los precios bajos subvencionados. No continúo porque usted, lector, con todo derecho, me dirá como Clinton a Bush: “It is economics, stupid”.
Lamentablemente, el Gobierno no lo ve así. Está tratando de dirigir el consumo recurriendo a mecanismos coercitivos como la Ley 1008, llevando la situación a límites intolerables, convertidos en un atropello al usuario.
Desde hace una semana está en vigencia el DS 29877, que califica el diesel, la gasolina y el GLP como sustancias controladas. Además, se autoriza a utilizar los medios y tipificar las situaciones legales de infracción conforme lo dispuesto por la Ley 1008. A varios entes se ha encomendado su ejecución, en el marco del pomposamente denominado operativo “Puño de Hierro”.
Esta apresurada y torpe medida, utilizando los mecanismos de la Ley 1008 con sus artículos 48 y 33, elimina la presunción de inocencia. Si alguno de los componentes del Puño de Hierro estima que una persona tiene gasolina, diesel o GLP en cantidades no precisadas y no autorizadas por este poderoso ente, el pobre usuario pierde las “sustancias controladas” y es sujeto a reclusión penitenciaria de cinco a 20 años, debiendo tramitar su inocencia, una vez recluido (Art. 86, Ley 1008).
En castellano simple, señor lector, no le aconsejo viajar al campo, aprovechando el fin de semana largo o feriados, con una o dos garrafas de GLP en su vagoneta o camioneta para cocinar y un bidón de 100 litros de gasolina para cualquier emergencia. No lo haga porque está corriendo el riesgo de ser acusado de “posesión ilícita”, “almacenaje, transporte y comercialización de precursores”. En aplicación de lo prescrito por los Arts. 48, 33 y 86 de la Ley 1008, perderá su vehículo, nadie le devolverá el dinero gastado en la adquisición de gasolina y GLP y, finalmente, usted puede terminar preso de cinco a 20 años. Quizás lo último no se cumpla, pero la familia quedará traumatizada de por vida.
Como se puede ver, lamentablemente somos víctimas de una pulseta entre el “Puño de Hierro” y la “Mano Invisible” del mercado. Todos sabemos que esa mano invisible es casi invencible.
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