En el sector petrolero latinoamericano el ciclo de estatizaciones, nacionalizaciones, expropiaciones y mutaciones de contratos hace varios años llegó a su fin, y, todo indica que se encamina a un nuevo ciclo de signo contrario. El ciclo empezó cuando los niveles de reserva eran altos, cuando los precios se encontraban en ascenso, las exportaciones eran elevadas y las necesidades de inversiones de riesgo en exploración eran bajas. En estas condiciones los gobiernos, especialmente los populistas, vieron en las estatizaciones una abundante y segura fuente de fondos para financiar programas de toda índole que derivó en derroche y corrupción descontrolados, como si el ciclo fuera interminable.
El cambio que se está produciendo no ha sido causado por el actual desplome de precios en el mercado internacional, ya que este fenómeno es reciente (2014), sino porque la inercia y la pujanza de las condiciones generadas antes de las estatizaciones son ya insuficientes para continuar con la misma dinámica de los últimos años. Las políticas estatistas y monopólicas se han constituido en un gran obstáculo para las inversiones privadas y aunque la declinación de las inversiones tomó tiempo para manifestarse en términos de producción y de reservas, los resultados negativos ya son visibles en todos los países que optaron por el mismo camino. El mayor impacto se da en la disminución de los montos recaudados por los respectivos gobiernos que también se ven golpeados por el colapso de los precios del petróleo.
Las manifestaciones del nuevo ciclo son múltiples en todos los países, desde México que defendió un esquema cerrado por más de 70 años y tuvo que reformar su Constitución para posibilitar las inversiones privadas; hasta Venezuela que desde el 2010, pese a las radicales expropiaciones ejecutadas, ha vuelto a firmar contratos con Chevron, Repsol, ENI, empresas chinas y rusas ante la urgencia recaudadora y la caída de su producción. El cambio tocó también a Ecuador y Argentina. El Gobierno ecuatoriano todavía cree que los acuerdos firmados con la empresa china CNPC de producción y mercadeo son señales suficientes para atraer nuevas empresas. Por su parte Argentina, que en abril de 2012 decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF con el argumento de que no cumplió los programas de inversión y bajó la producción, solo un año después, en julio de 2013, a través de YPF, firmó con Chevron, un contrato para explotar las grandes reservas de gas no convencional en Loma Campana y ocultó el contrato hasta febrero de 2016 so pretexto de no colocar a la empresa en desventaja frente a sus competidores. Además, el 2014 cambió su Ley de Gas y Petróleo por una más liberal que la anterior.
En Bolivia las señales son prosaicas, y aunque el ciclo estatista empezó con una nueva ley de hidrocarburos y un excesivo simbolismo puesto de manifiesto con la ocupación militar de las instalaciones petroleras y discursos provocativos y altisonantes contra las empresas, no hubo expropiaciones ni expulsiones sino mutaciones de contratos que fueron aceptados por todas las empresas.
Sin embargo, el estatismo monopólico introducido mediante disposiciones legales dictadas desde el 2007, muchas de las cuales fueron constitucionalizadas el 2009, ha configurado un escenario de mucha inseguridad. Las petroleras comentan que los riesgos de superficie son mayores que los riesgos geológicos y en consecuencia sus inversiones nunca fueron significativas. Cabe recalcar, que desde el 2005 ninguna petrolera privada nueva ha ingresado al país.
El Gobierno confió su fortaleza equivocadamente en el potencial de las reservas probadas de gas del 2005 y en el apoyo de empresas estatales de gobiernos afines como los de Venezuela, Argentina, Brasil, Irán y otros. Desde ese año las reservas han declinado visiblemente y los pequeños descubrimientos sólo han podido compensar la producción para atender la creciente demanda de los mercados. El año 2005 las reservas eran de 26.7 TCF’s y el 2013 (último año en el que se certificaron), fueron de 10.45 TCF’s. El apoyo de gobiernos amigos sólo se manifestó a través de Venezuela que facilitó algunos suministros y una sociedad en el upstream con YPFB. En 10 años de gobierno sólo dos empresas estatales han ingresado al upstream y ninguna en el dowstream. El aislamiento de YPFB en sus proyectos de industrialización es preocupante.
Estos resultados han generado un visible viraje en el discurso oficial. Del lenguaje hostil contra las petroleras se ha pasado a la convocatoria lisonjera para atraerlas, pero es obvio que, para adecuarse a las condiciones del nuevo ciclo, los cambios tendrán que modificar el apreciado andamiaje estatista del régimen.
El autor es ingeniero químico y petroquimico.
No hay comentarios:
Publicar un comentario