No existe palabra en el diccionario para calificar lo que está haciendo el Gobierno en materia de hidrocarburos y que se materializa en la Ley de Promoción para la inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, una manera muy elegante de calificar a la financiación de las empresas transnacionales que en su momento fueron descalificadas (lo más bonito que se les decía era "chupasangre") por este régimen que prometió recuperar los recursos naturales para beneficio de los bolivianos.
No se trata de una privatización, puesto que cuando uno vende, al menos recibe algo a cambio y deja a la empresa compradora a su suerte, para que invierta y arriesgue sin el auxilio de nadie más que su propio capital. En este caso, Bolivia les estaría dando plata a las petroleras a cambio de nada más que la promesa de obtener buenos resultados en una industria altamente riesgosa, que necesita dosis monstruosas de dólares que se recuperan a largo plazo, puesto que solo el 20 por ciento de los pozos perforados resultan exitoso.
Además de plata, el Gobierno les está dando carta blanca para intervenir en parques y áreas protegidas, territorios indígenas y santuarios de la naturaleza indispensables para el equilibrio ecológico de nuestro territorio. Por lo general, las petroleras que operan en áreas muy sensibles, lo hacen bajo la estricta supervisión pública y suelen pagar altos costos en la amortiguación del impacto ambiental. Han sido tantos los errores cometidos en el manejo de nuestras reservas y riquezas petroleras que hoy el régimen no sabe cómo rogarle a las empresas extranjeras para que vengan a invertir y para ello está dispuesto a todo, incluso a sacrificar el patrimonio más valioso que tenemos.
Lo que se está haciendo tampoco se asemeja a la famosa "Capitalización", por citar el pecado más vilipendiado de los últimos tiempos, cuyos autores son perseguidos, insultados y acusados de traición a la patria. Por lo menos, esta manera de privatizar que inventó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada permitió acumular algo de dinero que sirve hasta hoy para pagarles una renta a los ancianos (el Gobierno actual lo hace con mucho gusto) y también dejó abierta la posibilidad para recuperar las empresas supuestamente enajenadas. Hay que decirlo claramente también, que la Capitalización permitió el mayor auge exploratorio y productivo que se haya visto en la industria hidrocarburífera nacional, cosa que no ha sucedido con la "sacrosanta" nacionalización, una manera engañosa de calificar la nueva relación que se estableció con petroleras que ahora están sacando provecho de la ambigüedad, la impericia y torpeza de nuestros gobernantes.
Por eso es que llamamos "des-nacionalización" a este proceso, porque se le está quitando dinero al pueblo, plata que debe servir para salud y educación, recursos que son producto de la explotación de las riquezas que son de todos, pero que lamentablemente siguen beneficiando en mayor medida a los extranjeros. Lo más grave de todo es que este camino no tiene salida. Y con esto no estamos afirmando que debemos cerrarles las puertas a las inversiones, sino todo lo contrario. La exigencia sigue siendo reglas claras, seguridad jurídica y sostenibilidad en los acuerdos.
Han sido tantos los errores cometidos en el manejo de nuestras reservas y riquezas petroleras que hoy el régimen no sabe cómo rogarle a las empresas extranjeras para que vengan a invertir y para ello está dispuesto a todo, incluso a sacrificar el patrimonio más valioso que tenemos.
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