Autoridades del Gobierno reiteraron ayer su preocupación por el uso de armas de largo alcance en el conflicto del pasado 18 de mayo en Arcopongo, provincia Inquisivi de La Paz, que cobró la vida de tres personas en el enfrentamiento entre cooperativistas mineros por la toma de un yacimiento aurífero.
“Algunos periodistas calificaron ese hecho como la guerra por el oro y no parece una exageración porque se empleó la violencia, armas y una serie de acciones fuera del orden institucional y de la normativa”, dijo el ministro de Gobierno, Carlos Romero.
Las pesquisas realizadas por el Gobierno, la Gobernación de La Paz, el Ministerio Público y la Policía Nacional determinaron la aprehensión de 13 personas presuntamente involucradas en los hechos luctuosos.
“Que se hayan encontrado fusiles Máuser no es muy extraño porque en el campo hay muchos fusiles de ese tipo, pero que haya fusiles FAL nos llama la atención porque son armas de largo alcance (…). Las personas que han sido aprehendidas por los fiscales portaban armas de fuego, porque no sólo tenemos una persona que tenía una ametralladora colgada en el cuello”, sostuvo el titular del Ministerio de Gobierno, Carlos Romero.
El gobernador de La Paz, César Cocarico, señaló que, de los aprehendidos, “presumiblemente nueve son de la cooperativa Ullakaya y cuatro son dirigentes, personas del sector de Arcopongo que tendrían relación con la cooperativa Ullakaya”.
Tras las denuncias de ingreso de extranjeros, informó ayer que se fortalecerá la seguridad policial con dos puntos de control en la localidad de Arcopongo.
“Tendremos (los puntos de control) en la entrada de Arcopongo, en Sikimirani una central de control (...) porque hay denuncias de que estarían ingresando de otras nacionalidades y el otro punto de control estamos poniendo por La Asunta”, dijo.
Agregó que en Arcopongo se detectó el uso de uniformes militares camuflados y que uno de los fallecidos vestía esas prendas. Según Cocarico, “por todo lo que se ha visto, las mismas personas que están haciendo problemas, los cooperativistas, (los) comunarios, utilizan uniforme camuflado. El segundo fallecido de la cooperativa tiene pantalón camuflado, la chompa verde que se utiliza en el cuartel y medias verdes, no sé si para mimetizarse o con qué objetivo”.
El director de Régimen Penitenciario, Javier Aramayo, informó ayer que tres de los 13 aprehendidos burlaron la vigilancia de sus custodios y escaparon, cuando iban a prestar sus declaraciones informativas al Ministerio Público.
La Policía activó el plan de acción inmediata para recapturarlos.
Había acuerdo de no agresión
Según los datos recogidos por la comisión interinstitucional enviada a Arcopongo, el conflicto minero empezó el pasado 15 de mayo, cuando comunarios de La Asunta llegaron hasta la sede de la comunidad Chaqueti.
Según el informe que entregó la Gobernación de La Paz, el viernes 16 de mayo, los representantes de las cooperativas Ullakaya Condorini y Palma Flor firmaron un acuerdo de no agresión.
Sin embargo, el sábado 17 de mayo, alrededor de 100 cooperativistas, presuntamente de Ullakaya, quemaron chozas, caseríos y propiedades de los comunarios de Palma Flor y cuatro personas fueron retenidas por los pobladores presuntamente víctimas del avasallamiento.
Las investigaciones que realiza la Fiscalía y la Policía determinarán quién disparó primero, lo que se conoce, hasta el momento, es que el domingo 18 de mayo, se encontró el primer cadáver, que fue arrastrado hasta Siquimilani y es posible que el martes se haya victimado a una segunda persona. El miércoles 20 de mayo se halló el tercer cuerpo sin vida.
Mientra, surgen las acusaciones y contraacusaciones. Los mineros de Ullakaya afirman ser las víctimas y además acusaron a una diputada y un asambleísta del MAS de ser propietarios de minas que, presuntamente, explotan de manera ilegal.
También los acusaron de usar sus influencias para tramitar personerías.
CULPAN A COMIBOL POR EXPLOTACIÓN ILEGAL
El senador y representante cooperativista, Efraín Condori, responsabilizó ayer a la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) por la explotación ilegal de oro en el sector de Arcopongo y en otras regiones del país. Dijo que esa entidad estatal demora demasiado en la entrega contratos para el inicio de trabajos de explotación.
“Comibol, en alguna manera, ha fallado. En la aprobación de la Ley Minera hemos hablado el tema de contratos y resulta que como los contratos no salen a tiempo, eso crea susceptibilidades. Hay muchas cooperativas que en este momento ya están en etapa de producción pero sin contratos, entonces se convierten en explotador ilegal”, sostuvo el legislador.
Dijo que con la promulgación de la nueva Ley Minera Comibol será “reestructurada” para que “cumpla sus responsabilidades”.
“Tiene que haber reestructuración al interior de la empresa estatal minera”, subrayó.
Sobre el uso de armas en el conflicto de Arcopongo, que cobró la vida de tres personas, Condori enfatizó que deben ser sancionados de acuerdo a ley.
“La Ley de Armas prohíbe el uso de armamentos, los únicos autorizados son el Ejército y la Policía, en caso que estén los cooperativistas comprometidos, tienen nomás que ser sancionados, porque si no estaríamos contraviniendo la normativa que hemos aprobado”, manifestó.
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