La nacionalización de la planta generadora de Guaracachi, el 1 de mayo de 2011, resultó en una historia llena de errores y accidentes que ahora el país debe pagar, en una sucesión interminable. El manejo de ese caso tuvo errores, comenzando por la decisión del Estado boliviano de asumir una deuda de 90 millones de dólares que había dejado la empresa británica Rurelec, que desarrolla y posee plantas generadoras de energía eléctrica a nivel internacional y de la que Guaracachi era su subsidiaria en el país.
Luego vinieron los errores referidos al manejo profesional de la planta, ya nacionalizada, con accidentes técnicos que han costado muchos millones de dólares. También hubo errores administrativos: una planta que era manejada por 40 personas terminó siendo manejada por 160, sin que se hubiera incrementado en esa proporción la efectividad, sino todo lo contrario.
Ahora ocurre que, según la empresa británica, un fallo de la Corte Permanente de Arbitraje, de La Haya, le dio parcialmente la razón y el Estado boliviano le debe pagar 41 millones de dólares. Si a esa suma se añaden los 90 millones de la deuda asumida en el momento de la nacionalización, resulta que el país estaría pagando 131 millones. Después del fallo, se han registrado nuevos errores. El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, proclamó que el Gobierno nacional desconocía al mencionado tribunal, pero luego el propio presidente Evo Morales dijo lo contrario, que el fallo sería tomado en cuenta, a pesar de que él siempre desconfía de esta clase de tribunales.
No es cualquier cosa el Tribunal Permanente de Arbitraje. Forma parte del sistema jurídico de la ONU, creado en momentos críticos del mundo, para resolver controversias sobre el cumplimiento de los tratados entre Estados y entre ellos y las empresas. Se trata, casualmente, del tribunal al que, según los hermanos del exministro de Gobierno Wilfredo Chávez, Bolivia debería acudir con la demanda marítima porque, al fin y al cabo, se trata de un convenio bilateral que Chile no cumple.
En un mundo globalizado, en que las inversiones no tienen barreras, los Estados respetan a este tipo de tribunales. Lo que corresponde ahora, sacando enseñanzas de este caso, es que los gobernantes, los presentes y los futuros, tengan cuidado cuando tomen decisiones que puedan afectar al país. Es cierto, las cuentas las tienen que pagar los bolivianos, pero sería bueno que alguien se ocupara de que los montos sean menores y de que los bienes sean manejados de manera eficiente.
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