Roberto. a tu excelente crónica le falta una mención del régimen interno. los hampones o criminales que continúan cobrando alquileres, seguros de vida, por todos los permisos de introducir alcohól, droga, mujeres, celulares, etc. y cómo se manejan los hombres "con poleras rojas. esperamos ansiosos tus observaciones. Vale

ROBERTO NAVIA | rnavia@eldeber.com.bo

Los fantasmas del ‘viernes negro’ siguen de pie en la cárcel de Palmasola y fuera de ella. Los siete presos heridos de gravedad que aún quedan son la cara más visible de aquel 23 de agosto, cuando reos del pabellón B irrumpieron en el bloque A de Chonchocorito y con objetos punzocortantes y armas de fuego atacaron a los internos de este recinto, para minutos después hacer explosionar garrafas de GLP, generando un incendio sin precedentes que causó más de 30 personas muertas hasta la fecha.

De los aproximadamente 70 heridos que dejó aquel día trágico, ocho están siendo atendidos en el micro-hospital del régimen abierto (PC-4), los mismos que se encuentran sin mayor novedad.

Pero en el PC-3 existe uno que se encuentra en estado grave. Llegó el jueves proveniente del hospital de la Villa Primero de Mayo. Así informaron varios presos del PC-4 que se mantienen al tanto de lo que ocurre en Chonchocorito.

Fuera de Palmasola existen seis personas quemadas, que están en un estado muy delicado y que son atendidas por especialistas en los hospitales de la Villa Primero de Mayo y el San Juan de Dios.

En resumen, de los 15 heridos que aún quedan, siete se encuentran con un diagnóstico reservado. Desde Palmasola señalaron que el detenido que está grave en el PC-3, podría ser trasladado de nuevo a un hospital de la ciudad debido a su estado lamentable. 

Por su parte, el director nacional de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, dijo que son ocho los heridos que están con atenciones médicas, no en estado grave, pero que algunos evolucionan mejor que otros. 

Bajo carpa

El bloque A de Chonchocorito fue el escenario principal del incendio y lo que queda ahí son vestigios que no solo hacen recordar el mal día, sino, que ahora ahí viven por lo menos 90 presos en condiciones lamentables.

Así lo hicieron saber varios detenidos que contaron que están viviendo en las celdas que se quemaron, y que, para no sufrir las inclemencias del tiempo, han cubierto los techos incendiados con carpas.

Hasta antes del 23 de agosto vivían en el bloque A cerca de 200 internos. Tras lo ocurrido, aproximadamente 110, entre heridos y sanos, fueron llevados al régimen abierto. 

Llanos confirmó esta situación. “Se hizo la limpieza del lugar incendiado. Ahora están viviendo en el interior, con precariedad. Estamos esperando el apoyo de la gente para recaudar fondos, ya no están en carpas, están en el ambiente quemado y las carpas fueron puestas como techo para que no les entre la lluvia y el frío”. 

“Se está haciendo una clasificación para saber quiénes están sentenciados y quiénes no, para llevarlos a otro espacio”, informó Llanos, que confirmó que, de los cambios prometidos, se han instalado varias cámaras de seguridad tanto dentro como fuera de Palmasola  

Exigen medidas completas en el penal

 Hay presos de Palmasola que están satisfechos con la instalación de cámaras de video de seguridad, y lo aplauden, pero también esperan que se tomen medidas estructurales para solucionar varios problemas que afectan a sus vidas.

En la cárcel cruceña están enterados de que para la inauguración del funcionamiento de las cámaras asistirá al penal una alta autoridad política nacional, y para cuando llegue ese día, los internos le entregarán un pliego petitorio. 

La lista de demandas contempla la aplicación de una verdadera terapia ocupacional, que incluya la creación de pequeñas empresas que sean capaces de dar un empleo seguro y rentable. 

A ello se suma la construcción de un hospital de segundo nivel en la zona de Palmasola, que beneficie no solo a los reos, sino también a los policías y a los vecinos, y una mejora en la alimentación de los más de 5.200 detenidos que viven en Palmasola, puesto que el pre diario que les da el Gobierno no es suficiente para garantizar una comida de acuerdo con las necesidades del organismo.

  PARA SABER  

 

Humo

El ‘viernes negro’ comenzó por la madrugada. A las 6:30 se detectó humo provocado por un incendio en el bloque A del recinto penitenciario de máxima seguridad de Palmasola.

 

Procesados

Una comisión de seis fiscales, encabezados por Milton Iván Montellanos, imputó a 11 reclusos por los delitos de asesinato y lesiones graves por el enfrentamiento armado entre internos del penal de Palmasola. 

 

A La Paz

Diez internos fueron trasladados, en virtud de una orden emitida por la justicia, que instruyó la detención preventiva a Chonchocoro.

Victor Hugo reclama por los responsables de la masacre en Chaparina fueron premiados con cargos, ascensos y otros estímulos, mientras las víctimas son perseguidos y tienen que "exiliarse en su propia Patria" para no caer en las mazmorras del MAS.

Víctor Hugo Cárdenas ** Sociólogo, investigador y exvicepresidente de Bolivia.

Chaparina fue significada de dos formas. Por una parte, represión violenta, negación de los derechos humanos, pisoteo de las leyes, desilusión del culto a la madre tierra, ingratitud señorial y colonial con los pueblos indígenas y encubrimiento a los responsables del abuso. Por otro lado, significa dignidad y heroísmo de los marchistas víctimas de la izquierda colonial, y de los valientes pobladores de Rurrenabaque, Chaparina y de San Borja; de los pueblos indígenas tacana, tsimane, mosetene que lograron frenar al poder militar y policial que pretendía trasladar a la fuerza a los marchistas indígenas.

Ya van dos años y los supuestos responsables fueron premiados con cargos diplomáticos, ascensos laborales y otros estímulos. Por el contrario, las víctimas siguen perseguidas por los ‘mariscales’ de Chaparina. Hoy, los principales líderes indígenas como Fernando Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y otros están exiliados en su propia tierra. ¿Su delito? Defender su identidad étnica y cultural, proteger a la madre tierra, propugnar un modelo de desarrollo propio, exigir el cumplimiento de la Constitución y exigir que los responsables de la represión sean investigados y sancionados, pero no premiados.

Las instituciones que debían buscar la verdad se empantanaron en la complicidad y la mentira. El informe de la Defensoría del Pueblo liberó de sus responsabilidades al presidente y al vicepresidente, mientras que la Fiscalía intenta liberar al exministro de Gobierno y a sus mandantes.  De nada valieron las declaraciones y las pruebas frente a la cantaleta de que “se rompió la cadena de mando” o el sospechoso silencio después de haber dicho que el vicepresidente sabía quién dio la orden.

Quienes insisten en la política del encubrimiento deberían prever las consecuencias de su actitud. Si la (in)justicia boliviana no aclara las responsabilidades de la tragedia de Chaparina, lo hará la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de San José. La impunidad tiene patas cortas.

Ante tantas pruebas acumuladas, el defensor del Pueblo exigió la separación del exministro de Gobierno de la representación ante las Naciones Unidas para que responda sobre quién autorizó la represión a la marcha, el traslado en avión de los marchistas y la infiltración de efectivos policiales. La respuesta del Gobierno fue acusarle de ser “instrumento de la derecha” y -¡oh sorpresa para muchos ingenuos que creían en un nombramiento institucional!- la develación de que fue nombrado a dedo desde la plaza Murillo. “Debo reconocer el error que he cometido. Yo sugerí a los movimientos sociales que Villena sea defensor del pueblo”, dijo el presidente, arrepentido, ante las cámaras de CNN.

En fin, las marchas 8ª y 9ª fueron los recientes eslabones de una larga lucha anticolonial. Los pueblos indígenas seguirán movilizados mientras persistan las condiciones del colonialismo interno cuyos instrumentos son los actuales gobernantes y el etnocentrismo de los pueblos indígenas que, amparados en su mayor cantidad, discriminen a los pueblos indígenas de tierras bajas.

Fernando Vargas, Adolfo Chávez, Pedro Nuni y otros, hoy exiliados en su propia tierra, reclaman justicia y que los actuales gobernantes no sigan el camino de Pizarro o Almagro, si no el sendero prometido en sus campañas electorales.

El Deber plantea clara su posición. Evo hizo mal desde Nueva York en descalificar a Villena porque critica lo de Chaparina.

reclama por que el Defensor del pueblo sea escuchado porque el Jefe de Estado en lugar de cuestionar a Villena escuche. porque el Defensor Villena con el respaldo del pueblo siga adelante

La Defensoría del Pueblo rige en casi todos los países del mundo acogidos al sistema democrático. Significó un verdadero avance en la ruta –tortuosa, por cierto– en algunos espacios de soberanía nacional, hacia un mecanismo de vigilancia plena de los derechos humanos y de respeto total a los respectivos principios constitucionales y legales. Y todo, dentro de un marco de total independencia respecto al régimen de turno, a fin de que al mismo se lo tenga en la mira de una fiscalización que nada ni nadie pueda entorpecer.

Años después del restablecimiento de la democracia, en la Bolivia castigada por dictaduras militares, tuvimos a una Defensoría del Pueblo encargada de velar por la plena vigencia de los derechos humanos. Varias personalidades se turnaron en tan insigne posta, ajustándose, muchas de ellas, a criterios de impecable autonomía en su trabajo. No faltaron los casos en que el rigor de las correspondientes calificaciones les creó conflictos con el Gobierno de turno, a pesar de lo cual siguieron firmes en su faena institucional. No vamos a revelar identidades, pero también se dieron excepciones signadas de sumisión a las presiones oficiales.

Hoy tenemos a un defensor del pueblo cuya imagen se fortalece ante la opinión pública porque ajusta sus juicios y calificaciones de forma rigurosa a los principios de autonomía e independencia que le marca la ley. El Gobierno creía que un personaje como él, seleccionado por el MAS y cuyo nombramiento promovió el actual jefe de Estado, ajustaría su trabajo a los intereses político-partidarios del Palacio Quemado de La Paz. Se equivocó de cabo a rabo. El alto funcionario, en lo que respecta a los sucesos de Chaparina, donde tropas del Gobierno reprimieron con violencia a varios miembros de una marcha campesina de protesta, no vacila en calificar este episodio de atentado a los derechos humanos, responsabilizando a autoridades de Gobierno por el mismo, contra las cuales exige el respectivo juicio criminal.

El presidente Morales, nada menos que en una conferencia de prensa en la sede las Naciones Unidas, cometió la imprudencia de descalificar al defensor del pueblo en Bolivia, al acusarlo de estar al servicio de la oposición derechista. Queda así demostrado que el Gobierno actual no quiere un defensor del pueblo que cumpla su labor a cabalidad. Evo Morales considera que aquel no debe hacer nada que perjudique su régimen, por evidentes que fueran las infracciones a los derechos humanos que cometan sus autoridades

Fiscalía de La Paz ampara, proteje, socapa a Sacha Llorenti, ni siquiera lo mencionan en el proceso por Chaparina y "el peloteo entre Oruro y LP sigue" sin que nadie se atreva a tocar "al todopoderoso brazo derecho de Evo" premiado con la Embajada ante las NNUU con quién aparece hoy mismo en la foto junto a Quintana otra ficha intocable de "los justicieros del MAS"

Hace más de un año que se espera que la Fiscalía de Distrito de La Paz se pronuncie respecto al pedido de rechazo de la resolución que excluyó al exministro de Gobierno Sacha Llorenti del caso Chaparina. El fiscal de Distrito y su fiscal suplente se desentendieron de esta decisión que debió resolverse rápidamente. El caso debe pasar a la Fiscalía de Oruro, pero ha sido devuelta a la comisión que investiga y aún no se pronuncia.

“El fiscal departamental José Ponce debió definir la exclusión o no de Llorenti en el caso; él se excusó como también la fiscal suplente, Rosario Venegas, por lo que el caso tiene que remitirse a la Fiscalía de Oruro. Pero son tres veces que se ha devuelto la causa a la comisión de fiscales. Nos quieren engañar diciendo que hay avances en la investigación”, lamentó ayer la abogada del caso Chaparina, Ayda Camacho.

Según Waldo Albarracín, otro defensor de las víctimas de la represión de la octava marcha indígena, si ambos fiscales se han excusado por la agresión que sufrieron los indígenas el 25 de septiembre de 2011 es porque nadie quiere cumplir con su responsabilidad. “A eso le llamamos impunidad. La Fiscalía está demostrando una vez más que es una instancia paragubernamental”, tildó el exdefensor del Pueblo.

Ayer, en La Paz, el fiscal general, Ramiro Guerrero, declaró que las investigaciones están  a punto de concluir, por lo que la comisión redactará un informe final del caso. Guerrero no aclaró tampoco si incluirá a Llorenti en el informe.

Los fiscales de la comisión no se pronunciaron ayer, pese a las protestas que protagonizaron indígenas de tierras bajas y altas y activistas de derechos humanos que recordaron ayer, en algunos departamentos del país, dos años de la intervención policial sin que hasta ahora el Ministerio Público, que investiga la represión, haya encontrado a los culpables de la violencia.

En La Paz, un grupo de unas 50 personas llegaron hasta las oficinas de Naciones Unidas para presentar una carta en la que piden la expulsión del embajador Sacha Llorenti para que asuma su defensa.

En Cochabamba, un grupo  protestó frente a la Gobernación departamental, donde entregaron el ‘masquín de oro’ al presidente Evo Morales y a Llorenti, en alusión burlona, a las cintas adhesivas que utilizó la Policía el día de la represión para reducir a los marchistas.

Las víctimas, en su mayoría provenientes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), recordaron a sus fallecidos durante la marcha y agradecieron a quienes los apoyaron. Rafael Quispe, exdirigente de la Conamaq, lamentó “los dos años de impunidad”. “Está claro que quien dio la orden de la represión fue Llorenti, pero hasta ahora no hay una imputación formal”, dijo.

El vicepresidente Álvaro García Linera señaló ayer en Santa Cruz que aguardaba que la justicia saque sus conclusiones” cuanto antes  

Villena pide destituir a Llorenti de su cargo 

 Rolando Villena, defensor del Pueblo, pidió al Gobierno que suspenda a Sacha Llorenti del cargo de embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas para que responda por la represión de Chaparina.

“Recomendamos a la Cancillería que suspenda de sus funciones a Sacha Llorenti para que explique en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración e intervención contra los indígenas del Tipnis”, manifestó Villena en un comunicado público.

Lamentó que el proceso iniciado no haya tenido ningún avance hasta el momento. Pidió también a la Fiscalía que amplíe la investigación a todo el personal policial y civil que tuvo participación. 

   El entorno    

Acto de desagravioIndígenas del Tipnis realizaron un acto de desagravio por la represión policial en Chaparina.

ConclusiónEl fiscal general cree que pronto acabará la investigación.

CuestionarioEl presidente Evo Morales aún no respondió el cuestionario para que desvele quién ordenó la represión.

Decisión de la ComisiónLa comisión decidirá si incluye a Llorenti, según Guerrero.

Chaparina. del crimen de lesa humanidad

David Sotomayor (su blog Yo Tipnis)

Pasaron dos años en que el gobierno del MAS y la Policía Nacional asestaron un duro golpe a la democracia, con los actos represivos salvajes y violentos contra los hermanos indígenas de las tierras bajas del Isiboro Secure, que exigían a este supuesto gobierno indigenista respeto a su dignidad, evitar que se construya un carretera por el corazón de su territorio y dar solución a sus demandas así como la reivindicación a sus derechos consagrados en la CPE. Se abuso a niños, mujeres y hombres indefensos, se incrusto en la octava marcha infiltrados sicarios de la institución policial para crear desorden en dicha marcha pacífica y secuestrar al Canciller y lo mas reprochable, que los uniformados utilizaron métodos indignantes y violentos que vejaron, humillaron y causaron llanto y dolor, que originó indignación en todo el pueblo boliviano.

A dos años de esta vergüenza nacional de lesa humanidad, pese a que el Vicepresidente Garcia Linera aseguro saber quiénes fueron los responsables o autores intelectuales de esta ignominia y hasta hoy no ha tenido el valor de señalar y lo mas paradójico, que la justicia subordinada al gobierno, no investigue adecuadamente hasta dar con los responsables por instrucciones de Palacio y así evitar que los correligionarios estén en el banquillo de los acusados y encarcelados.

Hermanos bolivianos despojémonos de la frívola indiferencia y exijamos por todos los medios, el esclarecimiento de estos luctuosos hechos y que sus dirigentes hoy atrincherados en su sede tengan el debido derecho de acceder al imperio de la Ley, sin que estén injustamente acosados por miembros de la justicia corrupta reinante. La impunidad no es eterna Sacha Llorenti y autores materiales. FUERZA HERMANOS DEL TIPNIS, BOLIVIA ESTA CON USTEDES, EL TERRITORIO INDIGENA SE RESPETA CARAJO….!

Carlos Miranda sostiene. sólo 2 compradores, mientras Perú tiene 20. Brasil hasta el 2019, Argentina va más allá, aunque desea discutir nuevos precios y nuevas condiciones. Carlos Miranda experto en el tema estuvo en Buenos Aires hablando de mercados y productores.

El creciente consumo mundial de gas está facilitado por la conversión a líquido (LNG) y transportado en barcos especiales. El gas es ahora casi un “commodity”. Los países productores hacen los mayores esfuerzos para que la relación producción-transporte-mercado sean lo más fluida posible.

La trágica y lamentable “Guerra del Gas” que se ha estado evocando estos días, fue un costosísimo éxito político. Algo que no se menciona es que por un tiempo indefinido perdimos la oportunidad de contar con instalaciones de licuefacción, puerto y toda la infraestructura necesaria para que podamos ingresar al mercado  mundial del gas. Hemos quedado limitados a exportar vía gasoducto.

Era un momento muy oportuno, todas las inversiones hubieran sido privadas. Tal era así que ante el naufragio del proyecto boliviano, en el que REPSOL hubiera sido el mayor inversor, optó por participar en el proyecto peruano de LNG que ahora comercializa gas de Camisea a más de 20 países diferentes del mundo.

En cambio nosotros sólo podemos acceder a 2 mercados de magnitud vía gasoducto: Argentina y Brasil.

Si se tiene fe en más yacimientos de hidrocarburos en el país,  estar con mercados limitados no es lo más deseable para el futuro.

El contrato de venta al Brasil, es el componente más importante de la bonanza económica actual. Ese contrato termina el 2019. Brasil tiene producción actual y futura importante. Probablemente continuará comprando con el concepto de “llanta de auxilio”.

Lo anterior nos presenta la preocupación de hasta cuándo será Argentina un mercado para nuestra producción de gas.

El consumo del mercado interno argentino de gas llega a casi 2 TCF/año proveyendo el 56% del total de la energía que consume ese país. Al presente sus reservas probadas de gas convencional no son más de 5 TCF, por tanto, se ha convertido en un creciente importador de gas. Ha llegado a este punto por una política precios fijos estimulando al consumo  y paralizando la exploración.

Ante esa difícil situación, el gobierno argentino ha revitalizado YPF para la búsqueda del  autoabastecimiento con la explotación de hidrocarburos no convencionales.

Por lo anterior, la Conferencia “Worls Shale Oil & Gas Latin America Summit” que se celebró en Buenos Aires del 4 al 6 de septiembre pasado, era de especial importancia para Argentina y nosotros, con la asistencia boliviana solo del que escribe estas líneas.

Los resultados de la conferencia, en una apretada síntesis, mostraron que si bien existen grandes recursos de gas y petróleo en formaciones de lutitas (shales), convertir ese recurso en reserva explotable de hidrocarburos es todavía un proceso lento, difícil y costoso. Solamente en Norteamérica (USA y Canadá) es un éxito. Argentina es, hasta la fecha, el único país que esta depositando su autoabastecimiento de hidrocarburos en la exploración de estos recursos.

Casi paralelamente a la realización del Summit, se dieron a conocer detalles del Convenio YPF y Chevron, que permite formar una idea razonable del tiempo que tomará Argentina en ser autosuficiente.

La sociedad Chevron-YPF, planea un año de proyecto piloto con 115 pozos adicionales, a los 122 existentes, para lograr una producción adicional de gas de 1.8 MMm3/d.  De lograrse esos resultados, la sociedad continuará una segunda fase hasta el 2027, para perforar otros 1560 pozos y lograr 3.8 MMm3/d de gas. Los resultados de petróleo serán mejores, esperándose producir 70000 bpd el 2027.

YPF está acometiendo ese plan con gran y publicitado entusiasmo, denominándolo un “Desafío Histórico”. 

Para nuestros intereses podemos razonablemente concluir que para el 2027 Argentina no será autosuficiente. Así que el pedido de más mercados para la búsqueda de mayores reservas en el país, estaría cubierto. Una preocupación menos.  Sólo nos falta modificar nuestra legislación y se puede asegurar que lograremos mayores inversiones exploratorias.

ahora Quintana y el oro.

Quintana y Soros sujetos de análisis y denuncia

Una vez más, informes de prensa vuelven a señalar al ministro de la presidencia, Juan Ramón Quintana, como “operador” del mega-especulador George Soros dentro de la estructura de gobierno de Evo Morales.

Años atrás, el ex ministro de hidrocarburos en la primera gestión de Morales, Andrés Soliz Rada, había indicado los vínculos del “hombre fuerte” del régimen con los intereses de Soros en Bolivia, por aquel entonces representados en la mina de plata San Cristóbal, una de las más grandes del mundo.

Ahora es el periódico Sol de Pando el que investiga los lazos entre Quintana y el grupo financiero Soros,enfocado actualmente en Bolivia en importantes explotaciones auríferas.

El dato es coherente con el comportamiento internacional de George Soros, quien ha pasado de apostar por la plata a convertirse en un propulsor del oro, llegando a postularlo como sustituto del dólar como patrón monetario mundial.

“Bajo esa premisa, el inescrupuloso magnate bursátil se alió con gobiernos populistas en algunos países latinoamericanos, especialmente en Argentina, Bolivia y Ecuador, para desarrollar su astuta estrategia de acumulación”, dice el citado reportaje.

Las explotaciones auríferas en cuestión serían la mina San Simón, el mayor emprendimiento en el rubro del oro en Bolivia, hasta hace poco a cargo de la empresa canadiense Eaglecreast y ubicado en la Chiquitania, y otro yacimiento en las cercanías de Ascensión de Guarayos, concesionado a la norteamericana Golden Eagle. Ambas del grupo Soros, al menos hasta escaso tiempo atrás.

La investigación señala que, mientras se desempeñaba como titular de la Agencia para el Desarrollo de las Macro-Regiones y Fronteras (Ademaf), Quintana protegió a las concesiones de Eaglecrest, que resultaron curiosamente intocadas por los diversos operativos discrecionales que el funcionario realizó en la zona contra otros yacimientos auríferos.

Cabe preguntarse, como muchos lo han hecho, si el grupo Soros colaboró generosamente en los fondos de campaña electoral del Movimiento Al Socialismo y esa es la raíz de tanta deferencia gubernamental…

notishots@gmail.com

lamentable. el gas nos está convirtiendo en parásitos. El Dia: Se trata del rentismo, que nos vuelve improductivos, cortoplacistas, imprevisores y por supuesto, irresponsables con el futuro del país y de las nuevas generaciones.

La historia de Bolivia es agridulce, pero el sabor que siempre termina imponiéndose es amargo, como el que ahora permanece en la garganta de los potosinos, que se quedaron con el Cerro Rico lleno de agujeros y con la cantaleta de haber sido el ombligo del mundo, allá lejos y hace tiempo.

Ya hemos hablado en este espacio de los ciclos repetitivos de la minería que nos hacen pasar de príncipes a mendigos de la noche a la mañana y viceversa, aunque en el balance general es la miseria la que permanece intacta.

Ahora nos toca hablar del gas, el principal medio de sustento de los bolivianos, como lo dijo algún economista: “el que nos paga el salario”, aunque mejor expresado sería “renta”, como la de un jubilado, que no trabaja, que simplemente espera cada mes para recibir una paga que reconoce su esfuerzo del pasado. En el caso del gas, se trata de un sueldo que cobramos por lo que hizo la “Pachamama” en lo que nosotros no tenemos nada que ver.

Se trata del rentismo, que nos vuelve improductivos, cortoplacistas, imprevisores y por supuesto, irresponsables con el futuro del país y de las nuevas generaciones.

Los actuales gobernantes prometieron cambiar esa historia de vaivenes y de círculos viciosos perversos que nos mantienen en la miseria. Hablaron de industrializar las materias primas, de agregarle valor, de generar empleos alrededor de los recursos naturales y para que no falle la fórmula, incluyeron una cláusula en la Constitución Política del Estado que especifica muy bien que el mercado interno es prioritario a la hora de abastecerlo con gas, convencidos de que de esta manera se genera trabajo, producción y se puede salir del hoyo en el que nos mantiene la economía primaria. La garantía de toda esta estrategia era, por supuesto, la nacionalización de los hidrocarburos, con el fin de evitar que sean las petroleras transnacionales las que nos marquen el paso.

Los dueños del gas, o al menos quienes dicen serlo, están alborozados por la cantidad de ingresos que ha estado generando este recurso; vitorean los mercados que se han ampliado en Argentina y los nuevos que están por conquistarse en Paraguay o Uruguay; no dejan de ensalzar el incremento del volumen de producción, pero lamentablemente nadie quiere mencionar el trago amargo que comienza a aparecer.

Se ha pasado de 40 a 60 millones de metros cúbicos de gas y para el 2014 se está anunciando un tope de 70 millones de producción total. El presidente Morales acaba de poner en marcha un equipo de perforación para asegurar esa cantidad, pero lo que muy pocos afirman es que no se trata de un pozo nuevo (que venimos esperándolo desde el 2005), sino de viejos yacimientos a los que se está “exprimiendo” a más no poder para garantizar especialmente los mercados de exportación ya que las industrias nacionales, las cementeras, las productoras de cerámica e incluso muchos barrios a los que se les instalaron las cañerías, siguen esperando por el gas prometido y que se cumpla ese famoso artículo de la constitución.

En este momento nuestro principal recurso se encuentra ante una encrucijada. No solo está amenazado con un bajón de las reservas, mientras las petroleras extranjeras siguen negándose a invertir en buscar más, sino que otra vez estamos por consolidar la misma vocación exportadora de materias primas que ha marcado nuestra historia. Nos podría ocurrir lo mismo de los potosinos: sin industria, sin gas, sin plata y con el suelo totalmente perforado.

Los dueños del gas, o al menos quienes dicen serlo, están alborozados por la cantidad de ingresos que ha estado generando este recurso; vitorean los mercados que se han ampliado en Argentina y los nuevos que están por conquistarse en Paraguay o Uruguay; no dejan de ensalzar el incremento del volumen de producción.

trasunta Los Tiempos la sorpresa que provocó la propuesta de Villegas de diferir las regalías por el gas. las pesimistas previsiones tenían asidero porque YPFB muestra su desesperación. grave la ausencia de inversiones riesgo de incumplir contratos.

La sorpresiva propuesta hecha pública hace un par de días por el presidente interino de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Carlos Villegas, ante el directorio de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) en la Alcaldía de La Paz, de diferir hasta por cinco años el pago de regalías y del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que se generaría a partir de nuevos campos, ha sido recibida con expresiones de alarma entre quienes más conocen sobre la realidad hidrocarburífera de nuestro país.

En efecto, y confirmando que no eran de ningún modo exageradas las pesimistas previsiones que durante los últimos meses se hicieron sobre los extremos a los que está llegando la parálisis de las actividades exploratorias de nuevos campos, la intención expuesta da a entender que una especie de desesperación está apoderándose de los ánimos de quienes tienen en sus manos la administración del sector. Y no podía ser de otro modo, pues el tiempo transcurre sin que se vislumbre la posibilidad de que las empresas petroleras vuelvan a invertir en nuestro país en los niveles que se requiere.

De nada han servido hasta ahora ninguna de las fórmulas ideadas para “incentivar” a las petroleras privadas a invertir en el país y de esta manera garantizar la producción y explotación de estos recursos. De poco ha valido la oferta de agilizar la firma de contratos petroleros en las diferentes instancias ni de abolir las restricciones que limitan las actividades exploratorias en áreas protegidas.

Las generosas ofertas hechas para multiplicar las ventajas y expectativas de beneficios, sobre todo para los campos pequeños y medianos a través de mejorar la renta petrolera de los inversionistas, pasando incluso por encima de la distribución establecida por las leyes vigentes y la Constitución Política del Estado tampoco han sido suficientes.

Yendo más lejos aún, en lo que viene a ser toda una vulneración tanto del espíritu como de la letra de las normas promulgadas a partir de la  “nacionalización” de 2006, se propuso reconocer parte de las inversiones de exploración, sobre todo la parte de sísmica y geología y elaborar para el efecto nuevos modelos de contratos de operación.

Ninguna de esas fórmulas logró su cometido, pues pese a lo generosas que son —tanto que ningún funcionario de los regímenes “neoliberales” se hubiera atrevido a tanto— las empresas se mantienen tan renuentes como desde mayo de 2006 a arriesgar sus capitales en nuestro país. Y eso es muy grave. Como advierten los expertos en la materia, si no se reponen los inventarios de reservas, para lo que son indispensables grandes inversiones, se corre el riesgo de que en un futuro no lejano Bolivia no sea capaz de cumplir sus contratos con Brasil y Argentina y mucho menos renovarlos en términos favorables como los actuales.

Ante ese panorama, muchos analistas del tema han recomendado con insistencia que el Gobierno no caiga en la desesperación y opte más bien por reconocer que son más los defectos que las cualidades de la legislación actualmente vigente y que actúe en consecuencia.

qué? dejar de pagar regalías a los departamentos, a las allcaldías, a la Universidad? que ese dinero se necesita para descubrir nuevos campos de gas...además será por poco tiempo de 5 a 8 años y después...se volverá a pagar. Villegas está loco. porqué no capitalizan de una vez?

La  capitalización quedará como el acto patriótico más excelso para cuando se acaben las consecuencias de la nacionalización de los hidrocarburos. Se ha insistido hasta el cansancio sobre el incumplimiento del precepto constitucional “gas para los bolivianos”, pues se sabe muy bien que el gas boliviano es para los brasileños y argentinos y ahora resulta que también la plata que generan las exportaciones gasíferas podría esfumarse y volver a las manos de las transnacionales. 

Ni al neoliberal más recalcitrante se le hubiera ocurrido lo que acaba de proponer el régimen revolucionario y popular, es decir, suspender el pago de regalías y recursos provenientes del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que benefician a las regiones, a los municipios y a las universidades, con el objetivo de entregarles ese dinero a las petroleras transnacionales que “nos hagan el favor” de explorar nuevas reservas de gas en el país. 

No es ninguna broma, lo acaba de proponer el presidente de YPFB, Carlos Villegas, quien no encuentra la fórmula para conseguir que las empresas inviertan más en el país. La solución es muy fácil, admitir que la nacionalización fue un fracaso y elaborar una nueva ley más realista, tal vez una segunda capitalización. (bajo el penoco)

Humberto en su hatibual tono de "sorna" se refiere a "los incentivos y los desincentivos" en cuanto a política gasífera. las tremendas contradicciones de EMA

Cuba ha decidido instalar un gigantesco muelle para contenedores, en vista de que los que tiene Estados Unidos en su territorio no dan abasto al tráfico de su comercio exterior y necesita alquilarlos de los vecinos.

Por estos mismos días, el gobierno boliviano ha decidido ponerle paños fríos a su orgullo y ofrecer a las petroleras todas las ventajas que puedan desear para volver a invertir.

A veces la necesidad no solo tiene cara de hereje sino también de vende-patria.

En las últimas horas se mencionó uno de los siete incentivos que se propone ofrecer el gobierno a las petroleras, consistente en una condonación de impuestos por los primeros cinco años de explotación de un campo petrolero nuevo.

Un anterior gobierno, neoliberal sin disimulos, había creado también la figura de campos “nuevos” y “antiguos” para beneficiar a las petroleras, como está haciendo ahora el “proceso de cambio”… de planes.

Es que el gas se está acabando, ese que fue descubierto en el anterior periodo político, el neoliberal. Y el IDH, del que tan orgulloso está el actual gobierno, pero que fue promulgado por mi amigo Hormando Vaca Díez, debe ser puesto en el congelador.

Este gobierno, que se ganó el gordo de la lotería del gas y de las materias primas con precios altos sin haber ni siquiera comprado un billete de la lotería, está ahora en figurillas.

Esperemos que no culpen a Hormando por no haber previsto que se debían hacer exploraciones para encontrar nuevas reservas. Los regionalistas que odiaron a mi amigo hasta convocar a una revuelta aymara contra él, están callados. Quisieran ser invisibles.

Las petroleras le han dicho al gobierno que no quieren incentivos: sólo quieren que sean eliminados los “desincentivos”. Pero el gobierno no quiere darse por aludido; insiste en aprobar incentivos.

Los costos recuperables sumaron cerca de 4.000 millones de dólares, otras ventajas parecidas suman tanto más.

Pero el gobierno parece decidido a la humillación a cambio de recibir el perdón de las petroleras. Están programadas medidas que equivalen a lacrimosas genuflexiones.

Y así, como dice León Felipe, se hace cansador ver en la historia canallas que se repiten con agobiante regularidad.

con los incentivos a las empresas hidrobarburíferas se ha vuelto al tiempo de "la capitalización" mostrando el fracaso del Régimen que no logra disponer de mayores cantidades de gas natural para las industrias bolivianas. El Dia.

Una excelente noticia se ha dado a conocer en los últimos días. El campo Margarita, uno de los más grandes del país y que fue el centro de la polémica en la denominada “Guerra del Gas” del 2003, incrementará su producción de 10 a 15 millones de metros cúbicos diarios, lo que pone al país al borde de una producción total de 70 millones de metros cúbicos.

Decimos que Margarita fue el origen de la pelea de hace diez años porque es el campo del que se iba a sacar el gas que debía a exportarse a Chile, México y Estados Unidos, proyecto que abortó porque se cruzó la tesis de que “el gas tenía que ser para los bolivianos”.

Los más contentos con la noticia son empresarios bolivianos que han estado esperando por años la provisión de gas para producir y generar empleos para el país. La lista es muy larga y entre los más destacados figuran tres cementeras que hace un tiempo tuvieron que recurrir a la importación para paliar la escasez; algunas fábricas de productos cerámicos y también hay proyectos de gas domiciliario paralizados y otros que sólo esperan el gas.

Uno de los más ilustres de la lista de espera es el proyecto del Mutún al que se le falló y tuvo que aplazarse, pese a que los requerimientos de gas bajaron de 10 millones a 2,6 millones. Finalmente el Gobierno decidió sacar a empellones a la empresa  Jindal para que deje de “chillar” por gas y para que no siga poniendo en evidencia esta incoherencia del Estado Plurinacional que colocó en la Constitución un artículo que dice que la prioridad es industrializar y atender el mercado interno. En realidad este aspecto de la Carta Magna ha sido manipulado y les ha servido a las autoridades únicamente para hostilizar al aparato productivo del oriente boliviano.

Desde que los hidrocarburos fueron nacionalizados, factor que sirvió para ahuyentar las inversiones y provocar una caída de la producción de gas, el Gobierno ha hecho todo para cumplir con sus contratos de exportación y finalmente consiguió cierto repunte. Pero lamentablemente, cuando logró sobrepasar el límite de los cuarenta millones de metros cúbicos, YPFB nuevamente dejó con los “crespos hechos” a los bolivianos y optó por mandar el excedente de gas a la Argentina, país que ha retribuido con casi media docena de títulos honoris causa para el presidente y el vicepresidente.

No hay que dejar de mencionar que para conseguir elevar la producción, el régimen tuvo que guardar la nacionalización en las vitrinas de los viejos trofeos y recurrir a una serie de incentivos que ha vuelto las cosas a una situación muy parecida a los tiempos de la capitalización. En resumen, quienes siguen invirtiendo, controlando y decidiendo  a quién venderle el gas, son las mismas empresas transnacionales, por lo que vuelve a surgir la duda de que esta vez sea la vencida y los bolivianos puedan tener el gas por el que muchos entregaron su vida.

Esta duda hay que tenerla muy en cuenta ahora que se avecina una nueva guerra, cuyo origen es la geopolítica del petróleo. Bolivia supuestamente está del lado de quienes se oponen al esquema del dominio imperial sobre la energía y que quieren una revolución. Revolucionario hubiera sido (y será) cuando los bolivianos estemos primero que los argentinos y los brasileños, países que en términos imperialistas, tienen mayor gravitación en Bolivia que Estados Unidos, país que se lleva todos los reproches y los insultos.

Revolucionario hubiera sido (y será) cuando los bolivianos estemos primero que los argentinos y los brasileños, países que en términos imperialistas, tienen mayor gravitación en Bolivia que Estados Unidos, país que se lleva todos los reproches y los insultos.

ecologista de un dia, les llama Bajo el Penoco a los que salen en bicicleta el dia del peatón y al siguiente se aprestan a desforestar bosques como en el TIPNIS, entre ellos cocaleros que arruinan la tierra y el medio ambiente forzando siembras con agroquímicos

Unos cuántos pedaleos en bicicleta y algunos tratan de recuperar el discurso ecologista que ha sido enterrado por los hechos. El domingo se celebró el Día del Peatón, una iniciativa que busca revalorizar el ejercicio físico, la vida al aire libre y la necesidad de frenar la contaminación. Pese a que la idea es excelente, digna de repetirse y de ampliarse, no hay que olvidar que nuestros parques nacionales siguen en oferta para que ingresen los cocaleros, los petroleros y todos, menos los defensores del bosque. Se acaba de comprobar que una de las reservas más importantes del país, Kaa Yya, ubicada al sur del territorio ha sufrido el ataque de los deforestadores, que a nombre de una empresa comunitaria, han provocado serios daños en ese ecosistema de 3,5 millones de hectáreas. Hay quejas por el cambio climático que, según el Gobierno, provoca serios inconvenientes a los productores de coca, porque no pueden hacer secar sus cosechas, pero esas mismas autoridades no observan el grave daño que están provocando los productores de la “hoja sagrada” que en su afán de incrementar sus ganancias, exageran con los agroquímicos para obligar a la Pachamama a rendir el doble y hasta el triple.

Franceso Zaratte físico notable de notable honestidad, califica de "daño económico al Estado" la serie de "incentivos desesperados" que el Estado crea para aumentar la producción y la actividad exploratoria al punto que califica de "mamaré" la forma de aplicarlos

En el reciente VI Congreso de Hidrocarburos y Energía se ha notado algunos cambios, aunque no puedo asegurar si reales o tácticos. Al margen del mensaje conciliador y moderado del presidente Evo en el acto de clausura,  lo que más me llamó la atención es el cambio de discurso de las empresas en torno a los incentivos a la exploración y explotación de hidrocarburos.

Ante el anuncio de YPFB de ofrecer siete incentivos para atraer las impostergables inversiones al sector, la reacción de las empresas privadas ha sido más bien fría. Como buenas jugadoras de póker, ellas saben leer el nerviosismo del adversario y entienden que ha llegado el momento de alzar la apuesta. Por su lado, las autoridades del sector ya no hacen ningún esfuerzo para ocultar su desesperación ante el inminente fracaso de una política energética miope, ideologizada y de corto alcance.

No me refiero sólo a las múltiples chambonadas que siguen y suman, especialmente con el tema del GLP y la planta de Río Grande, sino al cuello de botella que impide incrementar producción y reservas para garantizar el  mercado interno y de exportación. El escepticismo de nuestros clientes ha trascendido en los medios de prensa y los incentivos no permiten prever un cambio de rumbo.

¿Cuál es pues la objeción a los incentivos? Básicamente, se trata de parches puestos mediantes decretos  a leyes mal hechas y, en un clima de desconfianza, no son una garantía para inversiones a largo plazo. Además los incentivos son un robo descarado a las regiones considerando que no pagan regalías ni IDH, como debería ser si se sincerara el costo del barril de petróleo.

El verdadero incentivo es cambiar la Ley de Hidrocarburos, especialmente la consigna del 50-50 uniforme. Esa distribución, si bien funciona para megacampos con precios altos como los actuales, vuelve no rentables los campos pequeños de gas y de líquidos, especialmente en un régimen de subvenciones. Desafortunadamente, la ideología que el MAS logró imponer en la Ley 3058 se ha consolidado en la CPE vigente, de modo que, ante la imposibilidad de realizar cambios estructurales, no queda más que acudir al paliativo de los incentivos.

Se sabe que la desesperación es mala consejera, de modo que hasta los incentivos deben aplicarse “con pienso”, como mostraré con un ejemplo.

Quien sabe el incentivo más audaz que ha aprobado hasta ahora el Gobierno es el “regalo” de 30 dólares por cada barril de crudo producido. El decreto 1202 fue aprobado con la buena intención de estimular la producción de crudo en campos que estaban siendo abandonados o descuidados por ser antieconómicos. De hecho había campos que las empresas estaban a punto de devolver a YPFB sin costo para que Chaco o Andina, subsidiarias de YPFB, pudieran operarlos.

Para ser concreto, tomaré el campo Mamoré que antes de los incentivos producía 2,600 bbl/día, lo que representaba una ganancia de 10 M$/año para Repsol. Hace pocos días se ha informado con algarabía que, gracias a los incentivos, la producción de ese campo ha subido en un 30 por ciento, es decir a unos modestos 3,400 Bbl/d. Lo que no se dijo es que la ganancia del “contratista” subió a 53 M$/año, ¡400 por ciento más!

Los privados agradecen y yo me pregunto: ¿Quién fue el genio que propuso y aprobó el incentivo sin antes terminar de recuperar para YPFB esos campos, inclusive nacionalizándolos? ¿Se puede hablar de daño económico al Estado por omisión? ¿O a tanto llega la desconfianza del Estado hacia sus propias empresas, incluyendo a YPFB, que convierte en “Mamaré” el campo Mamoré?