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martes, 23 de abril de 2013

el testimonio de Cecilia Chacón tiene un innegable valor en la búsqueda de la verdad. su declaración confirma que Evo y García monitorearon todo el operativo...el resto son mentiras y falsedades (El Dia, SC)


M. Melendres Y David Maygua - eldeber@eldeber.com.bo
La declaración testifical de la exministra de Defensa María Cecilia Chacón, el 6 de marzo, confirma que el domingo 25 de septiembre de 2011 el entonces titular de la cartera de Gobierno, Sacha Llorenti, mantenía conversación directa con los que seguían el operativo de represión y traslado de  los indígenas que marchaban en contra de la construcción del tramo dos de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, por medio del Tipnis. 


Además, Llorenti  tenía informado al presidente Evo Morales, al vicepresidente Álvaro García Linera y a los ministros de la Presidencia, Carlos Romero; de Relaciones Exteriores,David Choquehuanca, y al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, que se encontraban reunidos en la residencia presidencial de San Jorge.
Chacón declaró que fue testigo de que Llorenti recibía llamadas telefónicas por las que le informaban los acontecimientos, como el traslado de personas y el bloqueo de los caminos, tras la intervención a la marcha en Chaparina (Beni) mientras los originarios se movilizaban defendiendo el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
“Decían que la marcha se había desarticulado y que se iban a ver los medios para trasladarlos hasta sus domicilios y comunidades”, reveló textualmente ante la comisión de fiscales de La Paz. El documento fue revelado a la prensa por la abogada del Movimiento Sin Miedo (MSM), Aida Camacho, partido que presentó la denuncia fiscal por ese acontecimiento.
Contradicción
Esta revelación contradice la posición asumida por el vicepresidente García Linera cuando declaró que ni él ni el presidente sabían de la intervención policial a la marcha.
“Yo llegué tarde y en momento en que el ministro de Gobierno hablaba por teléfono y daba algunos detalles sobre el traslado de las personas a Chaparina. Esta reunión era el domingo y llegué alrededor de las 20:00 a 21:00. Se encontraban en la reunión el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti; el de la Presidencia, Carlos Romero; el vicepresidente, Álvaro García Linera; el viceministro, César Navarro; el presidente, Evo Morales, mi persona y el canciller, David Choquehuanca”, menciona Chacón.
La abogada Aida Camacho dijo que la declaración presentada por la exministra de Defensa es absolutamente contrastable en la medida que esos son los acontecimientos que rodearon la intervención de la marcha indígena. El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Galo Bonifaz criticó que la abogada del MSM maneje este tema “con alguna intencionalidad política” para seguir mellando la dignidad de los primeros mandatarios.
 Por último, el diputado Bonifaz afirmó que la voz del Gobierno es que “ni el presidente Evo Morales ni el vicepresidente Álvaro García Linera han autorizado la intervención en Chaparina”  
   ANÁLISIS    
Los bolivianos demandan saber la verdad
Carlos Hugo Molina / Constitucionalista 
No estamos escuchando la verdad completa, sino elementos, partes, y una verdad incompleta puede terminar siendo una mentira. Estamos frente a una necesidad ciudadana que demanda  saber qué ocurrió realmente en Chaparina. Parece que lo que ocurrió empezará a hacerse público en base a lo que tiene que decir cada persona que intervino en el caso.
Lo que demandan los ciudadanos es conocer la verdad. Y  acá hubo muchísimas medias verdades. La investigación lo dirá en su momento, pero al fin estamos en condiciones, como ciudadanos, de exigir la verdad y pedir a quien  la tiene que haga un favor al país de compartirla y así podamos todos hacer un juicio final sobre el caso.
En materia penal, la posibilidad de que aparezcan situaciones ‘sobrevivientes’ que sean de contundencia definitiva sobre la materia investigada permite una ampliación, que no es sobre cosa juzgada sino la ampliación sobre nuevos indicios. Estamos frente a un delito de orden público y las autoridades están sometidas a su palabra. La palabra de las autoridades causa estado y se cree la veracidad de lo que digan hasta que no se demuestre lo contrario. Es imprescindible ampliar las investigaciones 

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