El problema está en los modos de aplicar la medida que, como se ha visto, no puede ser unilateral o solo con el respaldo de organizaciones sociales a fines al Gobierno.
Recientes datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, dan cuenta que la subvención a los combustibles en el país se multiplicó por 29.72 veces en seis años durante el gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). De 33 millones de dólares en 2006 aumentó hasta 981 millones en 2012 y para el próximo año se estima un incremento hasta 1.060 millones.
Se trata, como dicen las autoridades de Gobierno, de una verdadera “sangría” a los recursos estatales que subvencionan al diésel oil, GLP, gasolina especial, gas oil, de los cuales el país produce poco por el gas seco.
Nadie duda de la necesidad de buscar opciones para frenar esta subvención o cuando menos disminuirla, pero tal como afirman dirigentes del transporte nacional, que reaccionaron de inmediato ante la posibilidad de abrir un debate en estos meses de fin de año, parece innecesario plantear en la agenda, precisamente cuando los precios de alimentos y otros bienes tienden a incrementarse por la época. Es lógico lo que dicen los transportistas, que tan solo un anuncio sobre la posibilidad de quitar la subvención a los carburantes, ya origina una escalada de especulación de precios lo que va en perjuicio de la población.
En este asunto de la subvención a los hidrocarburos, lo que se requiere son estudios serios que contemplen alternativas y que midan con mucho cuidado los efectos que pueden originar en la economía popular. Se tiene que conocer con mucho cuidado cuáles son los índices de consumo de gasolina, por ejemplo, en los segmentos del transporte público, en el parque automotor particular, y en el sector agroindustrial productivo.
Una de las razones del incremento del monto de subvención se debería al aumento de autos que ingresaron al país y fueron nacionalizados y al aún creciente ingreso de los denominados “chutos”. No se puede ignorar, que la situación obedece también a políticas oficiales que en determinado momento autorizaron la nacionalización de vehículos ampliando medidas que ya habían dado por terminado estos trámites, lo que fue advertido como un motivo que desencadenaría el aumento de la subvención.
Llama la atención a los transportistas la propuesta del debate justo a fin de año, porque sostienen, es un periodo donde por las fiestas de fin de año las organizaciones están desmovilizadas. Puede ser cierto o no, aunque la experiencia pasada señala que una medida de tal naturaleza por su implicancia en la economía de la gente, originó reacciones extremas.
En diciembre de 2010 el Gobierno decretó un aumento de precios de los combustibles líquidos entre ellos el diesel, la gasolina, la gasolina especial y la gasolina de aviación, aunque no del gas licuado y del gas natural vehicular. En el caso de la gasolina de 3.74 a 6.47 bolivianos lo que representaba un incremento de 73 por ciento . El argumento sostenía la necesidad de proteger la economía boliviana y cortar la subvención a los contrabandistas y los poderosos que tienen cinco carros o seis.
Es cierto que el dinero de la subvención puede ser empleado en proyectos de desarrollo y de beneficio para los bolivianos. El problema está en los modos de aplicar la medida, que como se ha visto, no puede ser adoptada de manera unilateral y ni siquiera solo con el respaldo de organizaciones afines al Gobierno. Prueba de ello fue la reacción popular de diciembre de hace dos años que obligó al Gobierno a retroceder.
Se trata, como dicen las autoridades de Gobierno, de una verdadera “sangría” a los recursos estatales que subvencionan al diésel oil, GLP, gasolina especial, gas oil, de los cuales el país produce poco por el gas seco.
Nadie duda de la necesidad de buscar opciones para frenar esta subvención o cuando menos disminuirla, pero tal como afirman dirigentes del transporte nacional, que reaccionaron de inmediato ante la posibilidad de abrir un debate en estos meses de fin de año, parece innecesario plantear en la agenda, precisamente cuando los precios de alimentos y otros bienes tienden a incrementarse por la época. Es lógico lo que dicen los transportistas, que tan solo un anuncio sobre la posibilidad de quitar la subvención a los carburantes, ya origina una escalada de especulación de precios lo que va en perjuicio de la población.
En este asunto de la subvención a los hidrocarburos, lo que se requiere son estudios serios que contemplen alternativas y que midan con mucho cuidado los efectos que pueden originar en la economía popular. Se tiene que conocer con mucho cuidado cuáles son los índices de consumo de gasolina, por ejemplo, en los segmentos del transporte público, en el parque automotor particular, y en el sector agroindustrial productivo.
Una de las razones del incremento del monto de subvención se debería al aumento de autos que ingresaron al país y fueron nacionalizados y al aún creciente ingreso de los denominados “chutos”. No se puede ignorar, que la situación obedece también a políticas oficiales que en determinado momento autorizaron la nacionalización de vehículos ampliando medidas que ya habían dado por terminado estos trámites, lo que fue advertido como un motivo que desencadenaría el aumento de la subvención.
Llama la atención a los transportistas la propuesta del debate justo a fin de año, porque sostienen, es un periodo donde por las fiestas de fin de año las organizaciones están desmovilizadas. Puede ser cierto o no, aunque la experiencia pasada señala que una medida de tal naturaleza por su implicancia en la economía de la gente, originó reacciones extremas.
En diciembre de 2010 el Gobierno decretó un aumento de precios de los combustibles líquidos entre ellos el diesel, la gasolina, la gasolina especial y la gasolina de aviación, aunque no del gas licuado y del gas natural vehicular. En el caso de la gasolina de 3.74 a 6.47 bolivianos lo que representaba un incremento de 73 por ciento . El argumento sostenía la necesidad de proteger la economía boliviana y cortar la subvención a los contrabandistas y los poderosos que tienen cinco carros o seis.
Es cierto que el dinero de la subvención puede ser empleado en proyectos de desarrollo y de beneficio para los bolivianos. El problema está en los modos de aplicar la medida, que como se ha visto, no puede ser adoptada de manera unilateral y ni siquiera solo con el respaldo de organizaciones afines al Gobierno. Prueba de ello fue la reacción popular de diciembre de hace dos años que obligó al Gobierno a retroceder.
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