La pregunta “¿de qué vamos a vivir?” que se hizo el presidente Morales hace unos años es la más trascendente que se haya hecho en los últimos tiempos. Y aunque hubiera sido lanzada por motivos coyunturales, cuando los indígenas de oponían a las penetración de las petroleras en su territorio, es una lástima que no haya profundizado en esta interrogante fundamental.
Resulta vital responder esa pregunta en este día que transportistas y gremiales, dos sectores que conforman esa inmensa “patria informal” que es Bolivia, saldrán a bloquear y paralizar con el objetivo de defender sus actividades y su “derecho” a trabajar al margen de las leyes, sin importar que eso signifique implicarse en actividades tan dañinas como el contrabando y el narcotráfico.
Y es que en este país que no ha logrado consolidar una estructura productiva y ni siquiera avanzar un paso más allá en el esquema primario y monoproductor que nos legó la colonia, vivir del binomio informalidad-ilegalidad se ha vuelto una respuesta para más del 70 por ciento de la población. Esa es una realidad que no se va a cambiar con una ley, por más draconiana que sea; hay que pensar en un proceso de largo aliento, sostenible e integral.
El ministro de Economía, Luis Arce, se ufana del gran peso del Estado en la economía nacional y dice que su aporte es mayor que el sector privado. Habría que ver cuál es el costo de esa ecuación y en todo caso, analizar cuáles han sido las consecuencias de 186 años de estatismo, modelo que no ha cambiado sustancialmente, pese a algunos periodos en los que se ha tratado de hacer un viraje hacia la economía de mercado, esa misma que le permite al Gobierno colocar sus bonos soberanos en Wall Street o al presidente Morales, tasar sus ponchos y monetizarlos en dólares.
El día en que los bolivianos nos demos cuenta que ese viejo modelo, que promueve la corrupción, el clientelismo, el centralismo y todos los males de la política nacional, será también el origen de nuestro atraso y tal vez sea el inicio del verdadero proceso de cambio que necesitamos.
“¿De qué vamos a vivir?” es una pregunta que fue respondida satisfactoriamente en el oriente boliviano, especialmente en Santa Cruz, la única “región-isla” del país donde cobró una vigencia notable la iniciativa privada en función de la producción agropecuaria, que ha logrado nada menos que producir más de dos tercios de los alimentos que consume el país, consolidar varias cadenas productivas, convertirse en un polo de atracción nacional y de inversión extranjera y por supuesto, servir de receptora de las oleadas inmigratorias internas que desecha la “patria rentista” que ni siquiera en los periodos de gran bonanza, como el actual, consigue atender las necesidades de la gente que no aspira a vivir bien, sino a comer una comida decente al día.
Por eso es absurdo que mientras esta pregunta no esté respondida el Gobierno insista en prohibiciones y restricciones que ahogan al agro, cuando lo que debiera es potenciar la producción, conseguir la seguridad jurídica, para que todos aquellos que hoy bloquean en defensa de lo ilegal, tengan una alternativa a mano. Por eso es que mientras no haya una repuesta adecuada, seria y responsable a la pregunta “¿De qué vamos a vivir’”, el delito seguirán siendo una alternativa inexcusable para muchos bolivianos, hecho que a su vez posterga la formación de un Estado en este territorio.
El día en que los bolivianos nos demos cuenta que ese viejo modelo, que promueve la corrupción, el clientelismo, el centralismo y todos los males de la política nacional, será también el origen de nuestro atraso y tal vez sea el inicio del verdadero proceso de cambio que necesitamos.
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