No pocos consideran que la marcha del Conisur a La Paz fue propiciada por el Gobierno a fin de legitimar su decisión de sustituir la ley corta por otra que permita el paso por el corazón del Tipnis de la carretera de vertebración geográfica entre Beni y Cochabamba.
Por cierto que son bastantes los hechos indicativos de tal posibilidad. No es casual que a los peros y reparos gubernamentales a la ley corta siguiera la marcha del Conisur, cuyo ingreso a La Paz fue oficialmente protegido, aunque en medio de golpes escénicos (ataques a policías y periodistas) que podrían pretender enmascarar la relación del Gobierno con los marchistas, a los cuales apoya el Servicio Departamental de Salud de La Paz, cobijándoles en coliseos ubicados en la zona de San Pedro y en Villa Victoria de esa ciudad.
Huelga decir que el esquema no estaba dirigido a la confrontación, sino a un diálogo en el que las partes conciliaran posiciones respecto al Tipnis y la carretera que las comunidades nativas del Isiboro Sécure consideran una grave amenaza para su hábitat natural. Claro, un diálogo en el cual el contrapeso favoreciera al Gobierno y al Conisur, en la perspectiva de un epílogo definitorio de lo que este y aquel buscan: luz verde para la ruta por el corazón del Tipnis.
Sin duda que tanto en las filas del Gobierno como en sus seguidores del Conisur, fortalecía sus posiciones la presunción de que en la Confederación Indígena del Oriente, la marcha de Conisur (cuantitativamente inflada por sectores masistas) operaría efecto intimidatorio para la Cidob, el suficiente para que esta aceptase sin mayores remilgos la convocatoria de aquella matriz a dialogar con ella en un plazo de 48 horas, de cara a una conciliación (fin de la ley corta bajo modalidades de presuntos beneficios para los bandos contrapuestos) que ponga punto final al conflicto.
Sucedió al revés. La Cidob declara que se mantendrá firme en su decisión de que no se anule la ley corta. ¿Diálogo? Sí, pero en Trinidad, con los corregidores indígenas del Tipnis, en un plazo de 20 días, que es el tiempo que requerirá la plena difusión de los términos y alcances de la norma jurídica por cuya vigencia está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias.
Así las cosas, el caso ingresa a una conflictividad mayor que inclusive puede derivar en enfrentamientos entre los colonizadores de la parte sur del Isiboro Sécure y las comunidades nativas que habitan el Tipnis. (Editorial de El deber, muy puntillozo)
No hay comentarios:
Publicar un comentario