La tensión social ha subido a tal punto que el gobierno ha convocado a Congreso, como una última jugada con la que intenta resolver "vía democrática" la crisis política que ha generado en el país por tratar de introducir una constitución que no goza de consenso y que fue concebida y aprobada para aplicar en Bolivia el proyecto comunista del Socialismo del Siglo XXI.
La sesión fue citada sin agenda definida, lo que se constituyó de por sí en una arbitrariedad y en un anuncio de que existía un plan sorpresa para los congresales. Como preámbulo el vicepresidente y presidente nato del congreso, planteó que esta institución debería restituir la tranquilidad al pueblo boliviano y que se debían dar soluciones y acuerdos políticos para llegar a una pacificación.
Estas palabras anunciaban una de las reiteradas acciones de manipulación con las que el actual Ejecutivo intenta convencer al país que lo que han hecho fuera de la ley, violentando derechos de grupos sociales e incluso con acciones violentas, debe ser borrado con el codo, en la medida que las fuerzas políticas acepten que es mejor un pacto, mal pacto, que una buena contienda.
Esto ya se hizo con la famosa comisión suprapartidaria, en la que el mismo vicepresidente reunió a algunas fuerzas políticas de oposición, para tratar de allanarle el camino a la Asamblea Constituyente, tratando de asegurarse que un acuerdo previo garantice la aprobación del texto constitucional tal como el MAS lo había concebido, que implica otro sistema económico, social, político y otro país.
Como la suprapartidaria no logró su objetivo porque sólo Doria Medina y algunos destemplados siguieron el jueguito, la constituyente tuvo que hacer uso de su plan B: aprobar el texto constitucional dentro de flagrantes irregularidades, violando incluso la ley de convocatoria y con participación de tropas del ejercito, con muertos y actos de violencia.
Ahora le ha tocado el turno al Congreso, que está siendo utilizado como escenario "democratico" para tratar de rechazar o deslegitimar los Estatutos Autonómicos via congreso, o echar mano de un proceso equivalente que legitimando aparentemente los estatutos legitime la constitución al ir los dos procesos a Referendum juntos, cual ha sido la propuesta del vicepresidente ante el congreso. El gobierno sabe que en este acto legalizaría los estatutos y al mismo tiempo anularía las autonomías departamentales, que no tendrían ningún sentido, pues pasarían a formar parte de el popurrí de autonomías que plantea el proyecto de constitución masista, y que invalidan a las autonomías departamentales.
Una jugada maestra, otra acción pseudodemocratica, que se transforma en una alerta roja. Si esto no es aceptado por el congreso, vendrán las ilegalidades, la violencia y el uso de la fuerza de manera flagrante.
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