Arturo Murillo P.
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera, es un reflejo íntegro de la improvisación, ineficiencia, repartija clientelar, despilfarro y corrupción de la administración de Evo Morales y la élite gobernante del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La empresa más grande del país fue dirigida por una sucesión de presidentes interinos que, en su casi totalidad fueron separados de sus cargos por denuncias de corrupción. Estos escándalos incluyen acusaciones por una serie de delitos, que van desde el asesinato de un empresario en la gestión de Santos Ramírez, mientras Jorge Alvarado fue acusado de contratos lesivos al Estado; el extinto Carlos Villegas fue denunciado de acoso sexual y otros; Guillermo Aruquipa estuvo sindicado de corrupción y tráfico de influencias; Guillermo Morales Olivera se destacó por la ineficiencia, las “negociaciones secretas” y despilfarro de recursos en viajes de placer.
El recientemente destituido Guillermo Achá es investigado por sobreprecio millonario y denuncias de acomodar licitaciones. El Senador Oscar Ortíz denunció oportunamente las irregularidades, cayeron 15 funcionarios, dos mujeres del entorno de mayor confianza de Achá, las que contraviniendo las normas participaron de los procesos de licitación. El presidente Evo Morales en varias conferencias de prensa insistió en darle su confianza y proclamar su inocencia. Hoy el gobierno abrumado por las pruebas y presión de la opinión pública se ve obligado a detener a Guillermo Achá.
Con los elementos anteriores, se corrobora que YPFB estuvo marcado por múltiples hechos de corrupción que involucran a seis de sus expresidentes, militantes del MAS. Aquí resumimos prontuario de los masistas que dirigieron YPFB, en los 11 años del gobierno de Evo Morales:
Al breviario de los ex presidentes de YPFB, hay que agregar el manejo clientelar y favoritismo entre militantes, amigos ineficientes y clanes familiares de los jerarcas masistas por encima de los requerimientos técnicos, protegidos por el gobierno de Morales. ¿Algunos ejemplos? El hijo de Manuel Morales Dávila fue ejecutivo de YPFB; la hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, ocupa un alto cargo en la petrolera; el hijo del ministro Luis Arce, trabajó en YPFB y fue procesado por el robo de un cargamento de llantas; y la sobrina de la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, también trabaja en la firma pública.
En los 11 años de gobierno, Evo Morales rehuyó a la Constitución y designó en YPFB todos los presidentes interinos y militantes del MAS con el fin de favorecer a su partido y campaña política de su intento de perpetuación en el poder.
La perorata mentirosa de Evo Morales, que asegura que las denuncias de corrupción son inventadas por los periodistas y políticos opositores, lo desmiente el encarcelamiento de decenas de funcionarios corruptos, desde ex ejecutivos y personal de rango inferior. Las investigaciones se realizaron gracias a la presión de la opinión pública, porque los hechos escandalosos fueron imposibles de ocultar. Lo peor, aún no se recupera la plata de la corrupción masista que desangra a YPFB; será tarea del próximo gobierno investigar en profundidad y seriedad la millonaria podredumbre. Llegará el día que los bolivianos sabremos la real dimensión de la corrupción masista en YPFB.
Senador de la República
Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la estatal petrolera, es un reflejo íntegro de la improvisación, ineficiencia, repartija clientelar, despilfarro y corrupción de la administración de Evo Morales y la élite gobernante del Movimiento Al Socialismo (MAS).
La empresa más grande del país fue dirigida por una sucesión de presidentes interinos que, en su casi totalidad fueron separados de sus cargos por denuncias de corrupción. Estos escándalos incluyen acusaciones por una serie de delitos, que van desde el asesinato de un empresario en la gestión de Santos Ramírez, mientras Jorge Alvarado fue acusado de contratos lesivos al Estado; el extinto Carlos Villegas fue denunciado de acoso sexual y otros; Guillermo Aruquipa estuvo sindicado de corrupción y tráfico de influencias; Guillermo Morales Olivera se destacó por la ineficiencia, las “negociaciones secretas” y despilfarro de recursos en viajes de placer.
El recientemente destituido Guillermo Achá es investigado por sobreprecio millonario y denuncias de acomodar licitaciones. El Senador Oscar Ortíz denunció oportunamente las irregularidades, cayeron 15 funcionarios, dos mujeres del entorno de mayor confianza de Achá, las que contraviniendo las normas participaron de los procesos de licitación. El presidente Evo Morales en varias conferencias de prensa insistió en darle su confianza y proclamar su inocencia. Hoy el gobierno abrumado por las pruebas y presión de la opinión pública se ve obligado a detener a Guillermo Achá.
Con los elementos anteriores, se corrobora que YPFB estuvo marcado por múltiples hechos de corrupción que involucran a seis de sus expresidentes, militantes del MAS. Aquí resumimos prontuario de los masistas que dirigieron YPFB, en los 11 años del gobierno de Evo Morales:
- Jorge Alvarado (2006), ex diputado del MAS, fue echado de la presidencia de YPFB tras acusación de infringir el decreto de nacionalización. Un informe de la Superintendencia de Hidrocarburos señala que hubo indicios de irregularidades en la firma de convenio con una empresa privada brasileña, que pudo haber generado una pérdida de 38,5 millones de dólares para el Estado boliviano.
- Juan Carlos Ortiz (2006 – 2007), el único presidente NO masista, renunció y se fue sin acusación de corrupción, tras conocer y denunciar que el ex asesor Manuel Morales negociaba a sus espaldas.
- Manuel Morales Olivera (2007) sin especialización técnica en hidrocarburos ni preparación profesional, hijo del abogado de Manuel Morales Dávila, quien asesoraba a Evo Morales a finales de los años 90, fue denunciado de haber negociado en secreto ventajas para las petroleras, quienes mediante los “documentos anexos” recuperan hasta hoy y de manera amañada, sus inversiones bajo la figura de “costos recuperables”. Morales junto con su “equipo” llamado los Rugrats fue sospechado de realizar un viaje de placer a Cuba donde se pagarón 342 mil bolivianos.
- Guillermo Aruquipa (2007 – 2008), militante del MAS y sin formación técnica en hidrocarburos, apresado y enjuiciado por denuncias de corrupción. Fue acusado de los delitos de tráfico de influencias y asociación delictuosa, por la conformación irregular de la sociedad mixta de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y el Servicios e Industrias Petroleras S.A. (YPFB-SIPSA). Estuvo con prisión domiciliaria varios meses.
- Santos Ramírez (2008-2009), profesor y militante del MAS, fue destituido por un caso de corrupción y volteo que causó la muerte del empresario tarijeño Jorge O’Connor D’Arlach Taborga. El ex ejecutivo adjudicó un contrato irregular a Catler Uniservice, de propiedad del empresario asesinado, para la construcción de una refinería en Santa Cruz por 86 millones de dólares. Fue apresado y enjuiciado junto a su esposa y sus cuñados, finalmente condenado a ocho años de cárcel.
- Carlos Villegas (2009 – 2015), miembro del MAS, en su gestión saltó el caso de corrupción que involucró a Gerson Rojas, que manejaba las plantas separadoras de líquidos de Río Grande y Gran Chaco de YPFB, el mismo funcionario fue encarcelado en Palmasola por beneficiarse ilegalmente de recursos para la adjudicación de las plantas separadoras por más de 772 millones de dólares. Villegas también fue denunciado ante la justicia por la ex funcionaria de YPFB, Selva Camacho, de ser parte de una red de corrupción y de haber tenido acercamientos sexuales con ella. Camacho fue encarcelada por haber montado una red de corrupción en la Unidad de Comunicación de YPFB, ella reveló en su descargo que todo había sido de conocimiento del ex presidente de YPFB.
- Guillermo Achá (2015 – 2017), militante del “proceso de cambio”, hoy preso por el “caso taladros” donde YPFB debía comprar tres equipos de perforación por 148 millones dólares, una licitación con serios indicios de sobreprecio millonario. En su gestión surgieron las denuncias del caso “narco cisternas”, en tratamiento en los estrados judiciales, el ex ejecutivo firmó contrato con la empresa Creta SRL para trasladar hidrocarburos a la Argentina, pero los carros de la citada empresa cayeron con droga en la Argentina.
Al breviario de los ex presidentes de YPFB, hay que agregar el manejo clientelar y favoritismo entre militantes, amigos ineficientes y clanes familiares de los jerarcas masistas por encima de los requerimientos técnicos, protegidos por el gobierno de Morales. ¿Algunos ejemplos? El hijo de Manuel Morales Dávila fue ejecutivo de YPFB; la hermana del ministro de Justicia, Héctor Arce, ocupa un alto cargo en la petrolera; el hijo del ministro Luis Arce, trabajó en YPFB y fue procesado por el robo de un cargamento de llantas; y la sobrina de la presidenta de la Aduana, Marlene Ardaya, también trabaja en la firma pública.
En los 11 años de gobierno, Evo Morales rehuyó a la Constitución y designó en YPFB todos los presidentes interinos y militantes del MAS con el fin de favorecer a su partido y campaña política de su intento de perpetuación en el poder.
La perorata mentirosa de Evo Morales, que asegura que las denuncias de corrupción son inventadas por los periodistas y políticos opositores, lo desmiente el encarcelamiento de decenas de funcionarios corruptos, desde ex ejecutivos y personal de rango inferior. Las investigaciones se realizaron gracias a la presión de la opinión pública, porque los hechos escandalosos fueron imposibles de ocultar. Lo peor, aún no se recupera la plata de la corrupción masista que desangra a YPFB; será tarea del próximo gobierno investigar en profundidad y seriedad la millonaria podredumbre. Llegará el día que los bolivianos sabremos la real dimensión de la corrupción masista en YPFB.
Senador de la República