uno de los más expertos en hidrocarburos Carlos Miranda, suma su pesar a otros textos ya publicados por M.A., lamentando que el fracaso de Lliquimuni hubiese echado por tierra todos los planes del MAS que triunfalista anunciaba "éxitos que nunca existieron". esto afecta a toda la industria del gas y del petróleo en Bolivia, sentencia el sabio!

Las noticias del fracaso de la búsqueda de petróleo en Lliquimuni, a un costo de casi $us 200 millones, después de 10 años de trabajo, constituyen el anuncio más negativo que se ha dado sobre la industria petrolera nacional en toda su historia.

Se afirma lo anterior, no solo por el altísimo costo del proyecto, sino sobre todo por las repercusiones acerca de las posibilidades petrolíferas de la inmensa zona que es el Norte boliviano.

Son pocos los proyectos exploratorios en el mundo que han requerido inversiones tan altas y por tiempo tan prolongado.

A pocos meses de la llamada Nacionalización de los  Hidrocarburos, se constituyó la empresa petrolera, Petroandina S.A.M. de YPFB con PDVSA (60/40%). El objetivo de la empresa era perforar un pozo en el área de Lliquimuni, proyecto heredado de la anterior administración. Como la totalidad de su aporte, PDVSA invirtió casi $us 100 millones en labores de  prospección geofísica de la estructura y la zona durante más de 4 años. Así se definió la ubicación del pozo LQC-X1. Como continuación,  en los siguientes 4 años YPFB realizó labores de acceso al área de perforación que anualmente las declaraba borradas y perdidas por causa de las precipitaciones pluviales de la época de lluvias. Finalmente,  se contrató a la compañía contratista Sinopec, desde fines del 2014, con la que se logró el ingreso al área y se realizó la perforación del pozo LQC-X1 hasta fines del 2015. Terminada la perforación, se ingresó a un periodo de tres meses de total hermetismo sobre los resultados de las pruebas de producción que se estaban realizando. Esta semana recién fueron dados a conocer porque parecería indicar que se estaba tratando de revelar las noticias a conveniencias de un calendario político.

Los resultados son más desastrosos que los fallidos cálculos políticos. Con el precio del petróleo a ± $us 30/barril, una zona que demande cerca a $us 200 millones para lograr un descubrimiento exitoso deja de ser atractiva.  Si a lo anterior sumamos las condiciones negativas que hemos transmitido en estos últimos años, nuevas inversiones en búsqueda de petróleo en nuestro país no son de esperar. Destinar por lo menos $us 200 millones para un pozo exploratorio en Bolivia, causaría escalofríos en el directorio de cualquier empresa petrolera.

Pero la relevancia de Lliquimuni no solo es la gran inversión que se ha realizado. Sus resultados son de repercusión nacional. El calificar el fracaso en Lliquimuni solamente como el fallido sueño de un anhelo paceño, es un razonamiento muy provinciano. Los conocimientos que se obtengan de LQC-X1 afecta el futuro de la industria petrolera de todo el país. Es hora que nos demos cuenta cabal que durante los últimos casi 90 años toda la producción de hidrocarburos del país proviene de la zona llamada tradicional, al sur del Río Grande. Los campos fáciles de descubrir ya han sido agotados y ahora están en plena explotación campos que se encuentran a gran profundidad y que han sido ubicados con refinados procedimientos exploratorios. El futuro a mediano y largo plazo está en el área no tradicional al norte del país. Con esa perspectiva, el pozo LQC-X1 está ubicado en el portal de entrada a las serranías subandinas del noreste de Los Andes en nuestro país y los datos que se obtengan de su perforación constituyen una especie de “piedra roseta” con información para interpretar los resultados de otros pozos en la posible nueva zona petrolera nacional.

Aunque no se ha logrado producción en el pozo LQC-X1, la perforación cuidadosa del mismo,  debería habernos proporcionado información invaluable sobre la zona que nos servirá en el futuro, a nosotros o a cualquier operador petrolero.

Por otro lado, ahora con el fracaso de Lliquimuni LQC-X1 se hacen muy evidentes los 10 años perdidos sin exploración. Aparte de Lliquimuni no hemos podido armar uno o más  proyectos de repercusiones nacionales. Los pozos exploratorios que se perforan están en la zona tradicional y estamos en cierto modo “raspando el fondo de la olla”.

Por todo lo anterior, se requiere una explicación amplia, detallada y objetiva de los resultados obtenidos, inversiones efectuadas así como los planes que se tienen para explorar el Norte boliviano. Se debe hacer un serio reajuste de costos y tiempos porque tenemos que continuar explorando esa área ya que el futuro de nuestros hidrocarburos está en esa zona.

el nombre suena Lliquimuni,aymara, ahora como el gran fracaso del MAS. se gastaron ingentes cantidades de recursos, lo peor desde el 2006 se asume la irracionalidad confiando la exploración en territorio paceño a PDVSA (Petróleos de Venezuela) que se demora una década en dar cuenta de ru rotundo fracaso. "no hay petróleo" después de haberse gastado 540 millones de dólares que no se recuperarán jamás. fueron tantos los anuncios triunfalistas del mismo EMA, que el fracaso es más contundente como LTD nos lo está mostrando

Las malas noticias llegan justo cuando estamos recién ingresando al final de la época de bonanza y al inicio de las adversidades impuestas por la crisis internacional

Después de casi una década de haber alimentado desmesuradas expectativas sobre el potencial hidrocarburífero del Departamento de La Paz, YPFB ha reconocido, por fin, que “lamentablemente” los volúmenes de hidrocarburos obtenidos en el pozo Lliquimuni, en el norte paceño, son “cantidades no comerciales”.

Por la forma como fue presentada la noticia podría suponerse que el fracaso, con todo lo penoso que pueda ser, fue inesperado y por consiguiente quedaría atenuada la responsabilidad de quienes tomaron la decisión de gastar nada menos que 540 millones de dólares en la construcción del acceso y en las tareas de exploración. Es decir, estaríamos ante un resultado que pese a lo malo que es, estaría dentro de lo aceptable por lo imprevisible y riesgoso que es el resultado de cualquier inversión en el rubro.

Sin embargo, dados los antecedentes del caso, lo lamentable no es tanto el resultado negativo sino la inexplicable tozudez con que las autoridades gubernamentales, con la sumisa condescendencia de las de YPFB, se empecinaron en hacer tan alta apuesta a pesar de que eran muy abundantes los indicios de que ése y no otro era el desenlace previsible de la exploración. En efecto, de manera unánime, todos quienes más saben del rubro hidrocarburífero --que no son quienes tienen en sus manos tan importante sector de la economía nacional— advirtieron con mucha anticipación sobre lo insensato que era alentar falsas expectativas y, peor aún, gastar tanto dinero en ese proyecto.

Vanas fueron esas advertencias, pues desde 2011 el Gobierno insistió en que Lliquimuni tenía un potencial suficientemente grande para cambiar la historia hidrocarburífera del país. Aseguró que esa área tenía un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y un trillón de pies cúbicos de gas y con la soberbia que ya le es característica, recurrió a todo tipo de adjetivos descalificativos contra quienes ponían en duda sus previsiones.

El caso, grave de por sí, lo es más si se considera que no es una excepción sino una confirmación de una regla que consiste en que YPFB ha guiado sus actos desde el 1 de mayo de 2006 con criterios que poco o nada tienen que ver con el rigor que exige un rubro tan complejo como el hidrocarburífero, sino con un voluntarismo inspirado en creencias ideológicas y doctrinarias que no se compadecen de la realidad.

El hecho de que Petroandina haya sido la empresa más directamente responsable de ese experimento es muy elocuente al respecto. Basta ver que Lliquimuni no es nada más que otro entre muchos fracasos cuya dimensión alcanza al estado de colapso al que ha sido llevada su empresa matriz, que es PDVSA, la estatal petrolera venezolana. No es casual, en ese contexto, que Venezuela esté en el estado en el que está.

También es alarmante que el fracaso de Lliquimuni sea uno entre otros que poco a poco van saliendo a la luz a pesar del esmero con que las autoridades de YPFB y del Gobierno central se empecinan en ocultar información sobre muchos proyectos de similar envergadura y que también se proyectan como otras tantas frustraciones.

Para empeorar aún más el panorama, las malas noticias que una tras otra se suceden llegan precisamente cuando estamos recién ingresando al final de la época de bonanza y al inicio de las adversidades impuestas por la crisis internacional de los precios de los hidrocarburos.

ANF ha informado del resultado "negativo" en la perforación del Pozo Lliquimuni después de una inversión de 540 millones de dólares. triste noticia para LP que espera con ilusión noticia positiva del sector.

 El campamento petrolero situado en Lliquimuni al Norte de La Paz comenzó la retirada, luego que un informe técnico de YPFB Petroandina revelara que el pozo LQC-X1 diera negativo y se confirmara que no se encontraron hidrocarburos en cantidades comerciales. 

De acuerdo al informe de YPFB Petroandina al que accedió ANF de forma extraoficial, en Lliquimuni, comunidad Las Delicias del municipio Alto Beni de la provincia Caranavi se empieza el desmontaje del taladro con la correspondiente pérdida que representa para el Estado boliviano. La decisión fue asumida luego de obtener los resultados negativos de las operaciones de evaluación.

Al encontrarse este campo en el departamento de La Paz, caracterizado por ser una zona no tradicional en materia hidrocarburífera, desde el Gobierno nacional se creó grandes expectativas a la posibilidad de generar nuevos ingresos a partir del éxito casi asegurado de la fase de exploración. 

Desde el año 2011 se anunció tanto desde YPFB como del Poder Ejecutivo, un potencial de 50 millones de barriles de petróleo y 1 trillón de pies cúbicos de gas que podría contener esta área.

En diciembre del año 2014 se inició la perforación del pozo exploratorio en el área Lliquimuni. De acuerdo con datos de la empresa, la operación del equipo estuvo a cargo de la empresa china Sinopec con un costo aproximado de 50 millones de dólares. La misma firma, actualmente realiza otras tareas de exploración sísmica 2D en la Amazonía, con una afectación sobre 59 comunidades indígenas.

un primer análisis de las inversiones chinas en Bolivia ofrece El Deber. inadmisible que Bolivia (EvoAlvar) que proclamaron "soberanía e independencia" hubiese caíso en las fauces de un capitalismo tal, que no afloja un euro, si no está atado a un contrato con China. "traición a la Patria".

El propio Gobierno ha reconocido que las inversiones de la República Popular China llegaron al país con la condición de contratar a la firma CAMC, la misma que se ha visto envuelta en un sonado escándalo con sospechas de tráfico de influencias al más alto nivel. Un amplio reporte de EL DEBER reveló esta semana que unas 23 obras de infraestructura están en manos de empresas chinas por más de $us 2.000 millones. 

De hecho, Bolivia ya está entre los cuatro países con más inversiones chinas en la región después de Venezuela, Brasil y Ecuador, según el informe del centro de estudios Diálogo Interamericano. Hasta 2015, China tenía $us 29.000 millones colocados en la región. La tendencia sigue creciendo, basta recordar que, en octubre de 2015, el presidente Evo Morales anunció que el gigante asiático concederá al país un crédito de 7.000 millones de dólares para financiar más proyectos de infraestructura y energía.

El país necesita inversiones extranjeras, pero con transparencia y eficiencia en los resultados. Llama la atención que un Gobierno que dice haber roto las cadenas de la dependencia respecto de las potencias occidentales haya caído en el mismo esquema con las inversiones de potencias mundiales tan importantes e influyentes como China y Rusia. Según la investigación de este medio, la presencia china a lo largo y ancho del país está en carreteras, hidroeléctricas, hidrocarburos, ferrovías, industrias y telecomunicaciones. La mayoría de estos emprendimientos ha presentado graves incumplimientos, explotación laboral y, como en el caso CAMC, se han tenido que suspender sus operaciones por hallarse indicios de corrupción. Solo CAMC se adjudicó seis contratos por más de $us 550 millones.

Una comisión legislativa ha emprendido la titánica tarea de revisar la compra y el uso de taladros chinos en YPFB. Opositores han resuelto observar dicha instancia por considerar que el oficialismo usa su mayoría para cerrar el caso lo antes posible. Los disidentes reclaman convocar a las más altas autoridades para que expliquen cómo se hizo dicha contratación presuntamente irregular.

Entonces, bienvenidas las inversiones extranjeras, también las chinas y rusas, así como las latinoamericanas, europeas y estadounidenses. Pero con transparencia y eficiencia. El país demanda soluciones urgentes a sus carencias de infraestructura, salud, educación y seguridad. Lo demás son negocios non sanctos que se deben investigar y sancionar hasta las últimas consecuencias

Carlos Miranda según su estilo, bonachón algo irónico, aunque en el fondo sin tapujos muestra cómo va quedando el negocio del gas natural, tan competido especialmente en Brasil y Argentina los dos grandes comprdores del producto boliviano.

Bolivia es el único país en la región que tiene excedentes de producción de gas natural y los exporta a Argentina y Brasil. Estos países satisfacen su demanda añadiendo a lo importado de Bolivia GNL de ultramar.

 

Por el Acuerdo de París, el gas natural se ha convertido en el combustible fósil de transición, por tanto la oferta y consumo de gas tenderán a crecer. Así, en la industria del GNL se están aumentando el número y capacidad de plantas de licuefacción, plantas de regasificación, tanqueros de mayor capacidad, y avances tecnológicos para reducir costos de licuefacción.

 

Nosotros estamos concluyendo un proyecto de GNL. Estimado lector no se haga muchas ilusiones con esa planta, como pasaremos a ver. 

 

El proyecto fue concebido para abastecer de gas a poblaciones menores alejadas de los gasoductos. Para este efecto se tiene que enfriar el gas a -160º C, convirtiéndolo en líquido, (GNL), transportarlo en camiones cisternas criogénicos refrigerados y en su destino regasificar el GNL en una planta de regasificación para que así el gas, a través de un distribuidor, llegue al consumidor final.  

 

Un hábil vendedor, en 2012,  ha convencido a YPFB y las autoridades que este complicado y sofisticado sistema, cuya construcción duró tres años, con una inversión superior a los 150 millones de dólares, es mejor que el clásico "gasoducto virtual”, consistente en utilizar cilindros de gas comprimido enviados por camiones corrientes accesibles a nuestro sistema carretero.

 

Lo sorprendente es que ahora casi no se menciona el abastecimiento interno como objetivo de este proyecto sino, como una nueva manera de exportar gas a los países vecinos. 

 

En esta actividad la economía de escala es decisiva. La exportación e importación de GNL se realiza con la producción de grandes plantas licuificadoras, transportada por barcos metaneros. La planta más pequeña que existe es la ubicada en Pampa Melchorita en   Perú, con una capacidad de 4,4 millones de toneladas métricas/año, o sea 57 veces más grande que la nuestra en Rio Grande. Si se cumple la producción prometida de 7.6000 toneladas/año.

 

Esa producción será transportada por 34 cisternas criogénicos, de 15 toneladas cada una.

 

Querer abastecer el mercado interno y exportar GNL con las instalaciones actuales en Río Grande parecería jugar al comercio del GNL con miniaturas de Alasita. 

 

Volviendo al GNL comercial. En irónica coincidencia, a 30 días del comienzo de la Feria de la Miniatura, Alasita, Estados Unidos ha comenzado a exportar shale gas licuificado como GNL desde Luisiana.

 

La exportación de shale gas como GNL despertó una gran expectativa porque Estados Unidos ha reducido aproximadamente en un 50% el costo de construcción de las plantas de licuefacción. 

 Un primer embarque de 85 millones/m3 de gas convertidos en GNL es el inicio de una prueba que se está realizado entre Estados Unidos y Brasil. La vendedora norteamericana tiene la capacidad de licuefacción y transporte como para sustituir el suministro de un gasoducto a Brasil de ± 30 millones m3/d. Esto podría ser una realidad si se llega a precios del shale gas licuificado aceptable para ambas partes.

La prueba recién se ha iniciado y se conocerán resultados en un par de meses más.

Por su lado, Argentina está buscando obtener GNL gasificado lo más cerca de sus fronteras para poderlo introducir a su sistema de gasoductos sin tener que construir plantas de regasificación. En ese sentido está realizando una prueba con GNL regasificado en Chile y llevado a la Argentina a través de gasoductos actualmente sin uso.

 

A su vez, Uruguay está construyendo  una planta regasificadora para recibir GNL, regasificarlo y enviarlo por gasoducto al mercado argentino.

 

Chile estaba programado a ser el primero en recibir shale gas licuificado como GNL. Los barcos metaneros son demasiado grandes para el Canal de Panamá en su actual estado. Las ampliaciones de esta vía están demoradas; por tanto, el envío de shale gas norteamericano como GNL para Chile no tiene fecha.

 

Las grandes transformaciones en el comercio del GNL,  buscando hacerlo competitivo con el transporte de gas por gasoductos, estarán en su apogeo de 2020 para adelante.  Como en esa década fenecen nuestros contratos de exportación con Argentina y Brasil, debemos estar muy atentos a los desarrollos del GNL, que se insinúa como nuestro principal competidor.

Carlos Miranda Pacheco es ingeniero y analista energético.

el proceso hoy es "desnacionalizar" que utiliza El Dia, para mostrar las acciones gubernamentales para conseguir inversiones que no llegan como en tiempos de Goni para explorar y encontrar gas o petróleo que continúen alimentando al Régimen, hoy endeudano hasta la coronilla. Hizo como Chávez, venderse a los Chinos.

No existe palabra en el diccionario para calificar lo que está haciendo el Gobierno en materia de hidrocarburos y que se materializa en la Ley de Promoción para la inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera, una manera muy elegante de calificar a la financiación de las empresas transnacionales que en su momento fueron descalificadas (lo más bonito que se les decía era "chupasangre") por este régimen que prometió recuperar los recursos naturales para beneficio de los bolivianos.

No se trata de una privatización, puesto que cuando uno vende, al menos recibe algo a cambio y deja a la empresa compradora a su suerte, para que invierta y arriesgue sin el auxilio de nadie más que su propio capital. En este caso, Bolivia les estaría dando plata a las petroleras a cambio de nada más que la promesa de obtener buenos resultados en una industria altamente riesgosa, que necesita dosis monstruosas de dólares que se recuperan a largo plazo, puesto que solo el 20 por ciento de los pozos perforados resultan exitoso.

Además de plata, el Gobierno les está dando carta blanca para intervenir en parques y áreas protegidas, territorios indígenas y santuarios de la naturaleza indispensables para el equilibrio ecológico de nuestro territorio. Por lo general, las petroleras que operan en áreas muy sensibles, lo hacen bajo la estricta supervisión pública y suelen pagar altos costos en la amortiguación del impacto ambiental. Han sido tantos los errores cometidos en el manejo de nuestras reservas y riquezas petroleras que hoy el régimen no sabe cómo rogarle a las empresas extranjeras para que vengan a invertir y para ello está dispuesto a todo, incluso a sacrificar el patrimonio más valioso que tenemos.

Lo que se está haciendo tampoco se asemeja a la famosa "Capitalización", por citar el pecado más vilipendiado de los últimos tiempos, cuyos autores son perseguidos, insultados y acusados de traición a la patria. Por lo menos, esta manera de privatizar que inventó el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada permitió acumular algo de dinero que sirve hasta hoy para pagarles una renta a los ancianos (el Gobierno actual lo hace con mucho gusto) y también dejó abierta la posibilidad para recuperar las empresas supuestamente enajenadas. Hay que decirlo claramente también, que la Capitalización permitió el mayor auge exploratorio y productivo que se haya visto en la industria hidrocarburífera nacional, cosa que no ha sucedido con la "sacrosanta" nacionalización, una manera engañosa de calificar la nueva relación que se estableció con petroleras que ahora están sacando provecho de la ambigüedad, la impericia y torpeza de nuestros gobernantes.

Por eso es que llamamos "des-nacionalización" a este proceso, porque se le está quitando dinero al pueblo, plata que debe servir para salud y educación, recursos que son producto de la explotación de las riquezas que son de todos, pero que lamentablemente siguen beneficiando en mayor medida a los extranjeros. Lo más grave de todo es que este camino no tiene salida. Y con esto no estamos afirmando que debemos cerrarles las puertas a las inversiones, sino todo lo contrario. La exigencia sigue siendo reglas claras, seguridad jurídica y sostenibilidad en los acuerdos.

Han sido tantos los errores cometidos en el manejo de nuestras reservas y riquezas petroleras que hoy el régimen no sabe cómo rogarle a las empresas extranjeras para que vengan a invertir y para ello está dispuesto a todo, incluso a sacrificar el patrimonio más valioso que tenemos.

confiados en "las reservas probadas de gas" gastaron, gastan a manos llenas, no asimilan que "la gonanza se acabó" y que las flacas están aquí. la realidad es patética. Venezuela está pactando con las expulsadas porque necesita de inversión. Hugo del Granado muestra un panorama preocupante.

En el sector petrolero latinoamericano el ciclo de estatizaciones, nacionalizaciones, expropiaciones y mutaciones de contratos hace varios años llegó a su fin, y, todo indica que se encamina a un nuevo ciclo de signo contrario. El ciclo empezó cuando los niveles de reserva eran altos, cuando los precios se encontraban en ascenso, las exportaciones eran elevadas y las necesidades de inversiones de riesgo en exploración eran bajas. En estas condiciones los gobiernos, especialmente los populistas, vieron en las estatizaciones una abundante y segura fuente de fondos para financiar programas de toda índole que derivó en derroche y corrupción descontrolados, como si el ciclo fuera interminable.

El cambio que se está produciendo no ha sido causado por el actual desplome de precios en el mercado internacional, ya que este fenómeno es reciente (2014), sino porque la inercia y la pujanza de las condiciones generadas antes de las estatizaciones son ya insuficientes para continuar con la misma dinámica de los últimos años. Las políticas estatistas y monopólicas se han constituido en un gran obstáculo para las inversiones privadas y aunque la declinación de las inversiones tomó tiempo para manifestarse en términos de producción y de reservas, los resultados negativos ya son visibles en todos los países que optaron por el mismo camino. El mayor impacto se da en la disminución de los montos recaudados por los respectivos gobiernos que también se ven golpeados por el colapso de los precios del petróleo.

Las manifestaciones del nuevo ciclo son múltiples en todos los países, desde México que defendió un esquema cerrado por más de 70 años y tuvo que reformar su Constitución para posibilitar las inversiones privadas; hasta Venezuela que desde el 2010, pese a las radicales expropiaciones ejecutadas, ha vuelto a firmar contratos con Chevron, Repsol, ENI, empresas chinas y rusas ante la urgencia recaudadora y la caída de su producción. El cambio tocó también a Ecuador y Argentina. El Gobierno ecuatoriano todavía cree que los acuerdos firmados con la empresa china CNPC de producción y mercadeo son señales suficientes para atraer nuevas empresas. Por su parte Argentina, que en abril de 2012 decidió nacionalizar la participación de Repsol en YPF con el argumento de que no cumplió los programas de inversión y bajó la producción, solo un año después, en julio de 2013, a través de YPF, firmó con Chevron, un contrato para explotar las grandes reservas de gas no convencional en Loma Campana y ocultó el contrato hasta febrero de 2016 so pretexto de no colocar a la empresa en desventaja frente a sus competidores. Además, el 2014 cambió su Ley de Gas y Petróleo por una más liberal que la anterior.

En Bolivia las señales son prosaicas, y aunque el ciclo estatista empezó con una nueva ley de hidrocarburos y un excesivo simbolismo puesto de manifiesto con la ocupación militar de las instalaciones petroleras y discursos provocativos y altisonantes contra las empresas, no hubo expropiaciones ni expulsiones sino mutaciones de contratos que fueron aceptados por todas las empresas.

Sin embargo, el estatismo monopólico introducido mediante disposiciones legales dictadas desde el 2007, muchas de las cuales fueron constitucionalizadas el 2009, ha configurado un escenario de mucha inseguridad. Las petroleras comentan que los riesgos de superficie son mayores que los riesgos geológicos y en consecuencia sus inversiones nunca fueron significativas. Cabe recalcar, que desde el 2005 ninguna petrolera privada nueva ha ingresado al país.

El Gobierno confió su fortaleza equivocadamente en el potencial de las reservas probadas de gas del 2005 y en el apoyo de empresas estatales de gobiernos afines como los de Venezuela, Argentina, Brasil, Irán y otros. Desde ese año las reservas han declinado visiblemente y los pequeños descubrimientos sólo han podido compensar la producción para atender la creciente demanda de los mercados. El año 2005 las reservas eran de 26.7 TCF’s y el 2013 (último año en el que se certificaron), fueron de 10.45 TCF’s. El apoyo de gobiernos amigos sólo se manifestó a través de Venezuela que facilitó algunos suministros y una sociedad en el upstream con YPFB. En 10 años de gobierno sólo dos empresas estatales han ingresado al upstream y ninguna en el dowstream. El aislamiento de YPFB en sus proyectos de industrialización es preocupante.

Estos resultados han generado un visible viraje en el discurso oficial. Del lenguaje hostil contra las petroleras se ha pasado a la convocatoria lisonjera para atraerlas, pero es obvio que, para adecuarse a las condiciones del nuevo ciclo, los cambios tendrán que modificar el apreciado andamiaje estatista del régimen.

El autor es ingeniero químico y petroquimico. 

Diego Ayo, después de un sesudo estudio de la economía en cuanto a inversión pública en bienes y servicios, nos muestra la gran iniquidad. la entrega de ingentes cantidades de dinero a las empresas por via directa sin licitación. en esta "operación de distribuir la riqueza del Tesoro" consistió la Revolución. Evo y sus secuaces descubrieron que manejando el dinero a su arbitrio lo tenían todo, el autor perfectamente documentado sostiene que lo sucedido con "Gaby no podía ser la excepción" robo y latrocinio a mano armada.

Lo de Gabriela Zapata no puede ser la excepción. ¿Por qué me atrevo a afirmar esto? Por la sencilla razón de que las condiciones están servidas para que campee la arbitrariedad. Algunos rasgos lo confirman. 

El primero -y este es el rasgo posiblemente más importante- tiene que ver con un asunto crucial en el manejo de los recursos públicos bolivianos: la competencia. ¿La plata de los bolivianos es asignada a las mejores empresas? La respuesta es que seguramente no. Los datos lo confirman. El 2004, el 76,3% de la plata de los bolivianos fue asignada a través de la modalidad de licitación. Eso significa que se presentaron muchas empresas y se asignó el contrato a la mejor. Ese porcentaje es verdaderamente alto y pone de relieve que tres de cada cuatro pesos de los bolivianos fueron lanzados a concurso exigiendo que se presenten muchas empresas y, valga la aclaración, no se le ofrezca el contrato a la que decida el gobierno. 

Lo llamativo del caso es que ya en 2010 sólo el 41,6% de los recursos de los bolivianos fueron asignados a través de licitaciones. Eso quiere decir que aproximadamente el monto restante de casi 60% fue asignado con invitación directa, es decir, a la empresa que decida el gobierno sin que haya competencia entre ellas. No hay explicaciones claras de por qué no se hizo una convocatoria pública para que compitan otras empresas y, así, los bolivianos tengamos el chance de contar con la mejor y no con la que ha decidido el gobierno unilateralmente.

Lo grave es que la cosa se agravó con el pasar de los años revolucionarios: ya el 2013 sólo el 8,2% de los recursos públicos fueron licitados. Lo que implica que más del 90% -nueve de cada 10 pesos- fue asignado sin competencia. Fue asignado a quien el gobierno vio por conveniente. Y vaya sorpresa, ya en 2014 el escuálido porcentaje del 1,3% de los recursos públicos fue asignado a través de licitaciones, lo que quiere decir que casi toda la plata de los bolivianos fue transferida a empresas decididas por el gobierno sin el menor concurso. 

Todos los recursos de los bolivianos, con excepción de ese miserable 1,3%, fue asignado no necesariamente a las mejores empresas, sino a las empresas que eligió el gobierno. 

Si ponemos estos porcentajes en montos, se constata que en 2004 sólo 600 mil bolivianos fueron asignados vía contratación directa. Este monto ascendió en 2014 a 19.603 millones de bolivianos. Es decir, 31 veces más en invitaciones directas en el lapso de una década: 3.100% de incremento del monto en juego. En teoría política este tipo de situación se conoce como una invitación abierta al asentamiento de un capitalismo de camarilla (que no es otra cosa que un capitalismo de amigotes).

Dos, es crucial notar que la plata que maneja el gobierno en contrataciones de bienes y servicios (esto va desde la compra de papel para las oficinas gubernamentales hasta automóviles para el presidente) también ascendió. 

Téngase en cuenta que en la cuenta de "bienes y servicios”, el año 2005  se gastó el 3,1% del PIB y el año 2014 el 16% del PIB. Un incremento en cinco veces de la plata que maneja el gobierno en esta cuenta. ¿Qué significa eso en montos? Qué el 2005 se gastó en esta cuenta 2.394 millones de bolivianos y el 2013 esta cifra ascendió a aproximadamente 28.000 millones de bolivianos. Más de 1.000% de incremento en la compra de bienes y servicios. 

Asimismo, se puede ver que aproximadamente 4.500 millones de bolivianos son distribuidos anualmente a través de los bonos. Esto indudablemente es positivo. Sin embargo, se gasta 10.871 millones en la cuenta  de "bienes y servicios” (descontando a los 28.000 millones mencionados antes, el pago del "mayoreo”, que incluye el pago al subsidio del diésel). Es decir, se da más de esta forma poco transparente (más del doble) que en los bonos para reducir la pobreza.

Tres, la inversión pública de la década ha sido de 27.000 millones de dólares, de los que 9.000 millones han ido a proyectos productivos y 18.000 millones a proyectos presidenciales (que van desde el teleférico hasta la infinita cantidad de estadios). Vale decir, el uso de la plata se ha "presidencializado”, priorizando los gastos que potencien su imagen personal por encima de las necesidades estratégicas. Y cuatro, la centralización de los recursos caracteriza a esta gestión. Antes de la Participación Popular el 85% de la plata se manejaba desde la plaza Murillo, luego de su implementación el porcentaje bajó al 45% y hoy con Evo Morales volvío a centralizarse hasta casi dos tercios de la plata pública (66%). La plata se vuelve a manejar desde la plaza Murillo.

En suma, lo que vemos es que hay más plata que maneja el gobierno central, a causa de una mayor centralización de los recursos, una mayor "presidencialización” de los mismos  y una mayor cantidad destinada a contratar empresas que brinden servicios al gobierno. A todo ello se añade nuestro primer componente: mayor discrecionalidad para usar estos recursos. ¿Cuál puede ser el resultado? Menos transparencia. Conviene recordar sólo para refrescar el caso Toyota. Esta empresa provee el 62% de los autos de las dependencias públicas del Estado. En un 80% Toyota ganó sus contratos vía invitación directa. Con ese "modelo” logró incrementar sus ganancias de 55 millones de dólares en 2008 a 150 millones de dólares en 2013. 

Si a todo esto le añadimos que el Poder Judicial está quebrado, el Contralor es del MAS, la Asamblea Legislativa no fiscaliza nada, los fiscales están amedrentados y algunos interventores son designados por quienes son precisamente los sospechosos que deberían investigar, es obvio que no hay capacidad de supervisar el manejo de los recursos públicos. El cuadro final es tétrico: más plata, menos control y más "flexibilidad” para usarlo. ¿Qué puede dar como resultado esta fórmula amigo lector? Dígalo usted. Yo por mi parte creo que lo de la señora Gabriela no es la excepción.

Carlos Miranda por veces bastante benigno con el Régimen masista ahora se muestra duro cuando tiene que tratar del Gas, de las Reservas y del volumen de ventas. no hay inversiones pese a los incentivos anunciados, Brasil pospone la negociación de un nuevo contrato hasta tener referencias seguras de las reservas de gas en Bolivia. Solo estimaciones no superan la incredulidad y un "está por verse"

Los días previos a la realización del Referéndum 2016, en extraña coincidencia (?), se publicaron datos sobre inicio de importantes labores exploratorias básicas por parte de YPFB, descubrimientos de campos por Repsol con un estimado importante de reservas y visita del Sr. Miller, máximo ejecutivo de Gazprom, personaje varias veces citado en esta columna.

Hasta el 2005, las reservas de hidrocarburos, auditadas y certificadas eran divulgadas por YPFB anualmente, conforme a ley. A partir de 2006, el Poder Ejecutivo se ha hecho cargo del control de la información sobre reservas de gas porque ese año la firma auditora presentó datos de reservas disminuidas. No fueron aceptadas sino duramente observadas y criticadas, llegándose a afirmar que en los años previos, las reservas habían sido artificialmente aumentadas para beneficio en las bolsas de valores de las compañías privadas operando en el país. Además que los datos disminuidos servirían para desprestigiar al flamante sistema de gobierno.
Nunca se conoció públicamente los volúmenes disminuidos. Siguieron unos 5 años de silencio y recién se informó que para diciembre del 2009 las reservas alcanzaban a 9,94 TCF. La disminución causó estupor, pero como eran suficientes para cumplir con el contrato de compra venta de gas a Brasil, hubo tranquilidad.

Posteriormente se firmó el contrato a largo plazo de venta de gas con Argentina, haciéndose conocer que a diciembre de 2013 las reservas llegaban a 10,45 TCF. 

Los requerimientos de gas para cumplir ambos contratos de exportación y el mercado interno, mostraban que las reservas podrían no ser suficientes.

 A partir de esa ocasión, se hizo imperativo que YPFB logre resultados positivos en sus trabajos de exploración. La perforación del pozo Sararenda 1 fue un total fracaso. El explorar asociado con PDVSA formando Petroandina para perforar en Lliquimuni, también fue un rosario de contratiempos hasta que al fin hace un año se inició la perforación del pozo y todavía no se conocen los resultados. También, silenciosamente, en su tiempo, su Presidente Lic. Villegas informó que YPFB perforó una decena de pozos secos. Inclusive persuadió a las compañías contratistas a realizar trabajos adicionales de exploración en sus áreas de contrato.

Por todos esos fracasos, el gobierno trató de atraer compañías petroleras extranjeras para que inviertan y traigan consigo tecnología para descubrir nuevas reservas. Inclusive ha dictado una Ley de Incentivos. Todos esos esfuerzos resultaron vanos ante la negativa del capital extranjero petrolero de invertir en Bolivia. 

Por lo anterior, el anuncio de Repsol de haber descubierto tres nuevos campos (Boyui, Boicobo e Ipaguazu) en su área de contrato, Bloque Caipipendi, es una noticia positiva. Lo que llama la atención es que sin haber perforado ni un solo pozo en cada uno de los campos se realice un estimado que las reservas alcanzaran a 4,5 TCFs adicionales. 

Por otro lado, se informa que YPFB ha firmado con el Sr. Miller un convenio de estudio para seis áreas por Gazprom. Debemos recordar que hace unos años Gazprom entregó un informe sobre las posibilidades hidrocarburíferas del país, habiendo recibido para tal efecto toda la información existente a esa fecha. Todo ello en adición a la asociación que Gazprom tiene con Total para la exploración que están realizando en el bloque Azero.

No podemos dejar de mencionar que YPFB ha iniciado oficialmente una extensa labor geofísica básica. Muy bien, pero con 10 años de atraso.

Los resultados del último viaje a Brasilia nuestro Presidente, han sido discretamente publicitados, pero aun así, se ve claramente que Brasil desea tener evidencia de la existencia de reservas suficientes y un plan de desarrollo de las mismas que permitan firmar un contrato a largo plazo. 

Estos aspectos eran de esperarse.  Tomando en cuenta las reservas actuales, después de cumplir el contrato con Argentina, el saldo no es suficiente para cubrir un nuevo contrato con Brasil. Para 2020, Bolivia debería tener un informe certificando 10 TCFs adicionales y un plan de producción de por lo menos 60 MMm3/día.

Los anuncios de Repsol son positivos, pero son solo estimaciones y aunque fueran ciertas, no alcanzan a cubrir las expectativas brasileñas.