Carlos Miranda sentencia "el que a hierro mata a hierro muere" porque el decreto sobre áreas para explorar dentro de los parques, ha llamado la atención mundial de organismos ambientalistas. se refiere a YPFB y que se debe atraer capitales para la exploración primero y luego para explotar si ha lugar.

Parece que esta antigua expresión española se cumplirá en nuestra industria petrolera, algún momento en el futuro, por los efectos del Decreto 2366 y otras disposiciones.

 El mencionado decreto, autorizando labores exploratorias en áreas protegidas, es muy importante porque muestra que al fin el Gobierno, después de 10 años, ha cambiado su manera de pensar y ahora admite que la exploración petrolera y la preservación del medio ambiente no son actividades excluyentes. Realidad que, según los entendidos y políticamente orientados protectores de la naturaleza, era imposible de lograr cuando se redactaba la nueva Constitución Política del Estado (CPE).

 Este decreto llamó la atención a ciertos círculos mundiales. No de la industria petrolera porque el rol mundial de nuestra industria es muy modesto. Pero sí de los organismos mundiales involucrados en la preservación del medioambiente, que fueron sorprendidos  porque significa un giro de 180 grados en la política del Gobierno boliviano, que no sólo era un ejemplo, sino que en congresos y reuniones internacionales promovía y alentaba la protección del medioambiente. Así el Primer Mandatario boliviano estaba adquiriendo el perfil de un Gadafi latinoamericano. Probablemente por estas razones, él personalmente está explicando los motivos  y alcances de este cambio.

Por otro lado, YPFB ha indicado que tan sólo solicitará acceso a siete de las 22 áreas protegidas para su exploración petrolera y, más aún, que no se afectará más del 0,04% del área de los parques, y que en su labor exploratoria utilizará técnicas muy modernas y poco invasivas del área que se está reconociendo, tales como levantamientos geofísicos aéreos.
 La posición de YPFB no ilustra totalmente que el área hidrocarburífera potencial de Bolivia supera por más de 10 veces el área de los parques protegidos. En otras palabras, el potencial petrolero de Bolivia no está limitado sólo a las áreas protegidas.

 Adicionalmente, se indica que esta liberalización en exploración petrolera sería parte de incentivos para atraer inversión extranjera en la industria, que es el problema fundamental de la misma. Entonces, caben unos comentarios:

 Para todos los organismos defensores del medioambiente la industria petrolera causa daños ecológicos irreparables. Razón por la cual se oponen totalmente a que se permita el ingreso exploratorio a las áreas protegidas y posterior explotación de campos que pudieran descubrirse. A la luz de los textos de la CPE, que fueron inspirados por estos organismos, cualquier liberalización para autorizar el ingreso a estas áreas con fines exploratorios vulnera el texto y el espíritu de la CPE sobre este tema, haciendo las autorizaciones y disposiciones de Gobierno que las justifican, plausibles a demandas de inconstitucionalidad.

 La intervención personal del Presidente está desbaratando los intentos de lograr que se inicien juicios de inconstitucionalidad al Decreto 2366, porque explica que en forma premeditada las grandes potencias alientan el establecimiento de áreas protegidas para que así los países como Bolivia sean una especie de "guardabosques” de los países desarrollados, evitando que ejerzan el derecho legítimo que les asiste de aprovechar los  recursos que necesitan para su crecimiento. 

 Así, el Primer  Mandatario está venciendo la resistencia local, pero es poco probable que esté convenciendo a las organizaciones internacionales, por ser pertinaces e implacables en sus objetivos.
 Ante los ojos del inversor extranjero, esta situación agrava la preocupación sobre la estabilidad jurídica de futuros contratos. Todas las compañías saben que si sus contratos son acusados de inconstitucionales podrían  ser declarados ilegales.

 Por tanto, en vez de ser un aliciente, podría representar un escollo mayor, porque todavía están frescas en la memoria las acusaciones del actual Gobierno al anterior. Para que esa situación no se repita, en vez de decretos supremos se necesita una modificación a la actual Constitución Política del Estado.