Juan León Cornejo muestra a "la justicia en la picota" refiriéndose al desconocido documento de la ONU enviada al Gobierno y que se ha mantenido sin publicidad. se sabe no obstante que el rezago judicial, la detención preventiva, la lentitud de los procesos, Chaparina y las masacres de El Porvenir y Hotel Américas, de mayor impacto y de intervención del Ejecutivo en forma descarada. reclama en suma por Justicia des El Dia. SC

La percepción general sobre lo que se hace mal o anda mal es generalmente certera, porque las consecuencias negativas de todo malo agobia a la gente de a pie. Pero en el caso del sistema judicial, la magnitud de la crisis es tan grande que esa percepción es ya certeza porque abarca todos sus niveles y por la cantidad y magnitud de casos sin resolver. No extraña por eso que trascienda fronteras al punto de que la advierte con preocupación la propia ONU.

Extraña en cambio -por lo poco que se conoce aún del informe del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU difundido el jueves- la aparente poca atención a la evidente injerencia política en la justicia que es, en buena medida, origen de los males.

El informe menciona, entre otras deficiencias, la "grave situación del sistema judicial penal,  el 75 por ciento de rezago judicial, la aplicación excesiva y prolongada de la detención preventiva". Cita por ejemplo "la lentitud" del proceso por la violenta intervención contra la marcha indígena del 2011 en Chaparina, la ·masacre de Porvenir por la que está preso el exgobernador de Pando y el presunto caso de Terrorismo denunciado tras la muerte de tres personas en Santa Cruz por el que 39 personas están en prisión.

Son sin duda los casos de mayor impacto mediático de los últimos años. Y no se requiere mucha investigación, imaginación  o compromiso ideológico para concluir, por sus motivaciones y consecuencias, que tuvieron móviles políticos en función de determinados objetivos y que la necesidad de consolidar esos objetivos  impide la correcta administración de justicia.

Esos casos tienen en común la denuncia de montaje oficial, contaminación de pruebas para darles credibilidad, acusaciones fiscales en base a  órdenes políticas , compra de testigos y otras irregularidades en términos judiciales. Se explica así que plazos de investigación y  proceso se prolonguen sin fecha prevista de conclusión, que haya gente con detención preventiva más allá de los límites legales y que se llegue, incluso, al absurdo de que el caso de supuesto Terrorismo,  el más sonado  de todos, se quede sin Tribunal de Sentencia aunque los hechos que se juzga datan del 2009.

Por buenas leyes y suficientes recursos que haya para aplicarlas (0,53 por ciento del presupuesto, según el informe),  lo fundamental son voluntad y decisión de aplicarlas correctamente desde la cúpula del poder, que dadas las circunstancias parecen hoy ausentes. Lo prueban las denuncias del exfiscal Sosa y las revelaciones del expolicía Ormachea.  Además, por supuesto, de calidad profesional, ética y moral de los encargados de impartir justicia, ausentes también en gran parte de los "magistrados". Y todo eso depende de principios y valores democráticos, lamentablemente también ausentes hoy.