No se necesita tener la fantasía del más célebre de los manchegos, para que el dolido tono del reclamo formulado por el presidente de la Asociación de Bancos (Asoban) al Estado nos haga pensar en la queja de una delicada doncella. “La verdad, que nos ha sorprendido de forma negativa, la declaración de la ASFI”, ha dicho el ejecutivo al reaccionar ante la instrucción de devolver el dinero retenido por los cajeros automáticos. Al recalcar que “Los bancos no se quieren agarrar plata que no es de ellos”, o quizás omitía, como muchos hechos han arraigado la creencia popular, de que la mejor manera de apropiarse del dinero del público no es asaltar, sino fundar una institución financiera. No en vano aquí seguimos pagando los casi 2.000 millones de dólares estafados por varios bancos, mientras el mundo está lejos de recuperarse de la crisis de 2008, en la que bancos y financieras “evaporaron” billones de dólares.
La queja de los banqueros se cuidó de no sobrepasar los límites de la cortesía, porque no se trata de indisponerse con un Gobierno, durante cuyo mandato han cosechado sus mayores utilidades históricas. Cuando alguna vez los importuna aplicando, por ejemplo, el impuesto a las transacciones de divisas, no tarda en compensarlos, anulando la exención que otorgó a las casas de cambio. Saben bien que si suben demasiado la voz podrían ocasionar que se revise la política de mano abierta que les permite cobrar las operaciones en línea, aunque les ahorran costos, o cobrar exorbitantes comisiones por transferir divisas, por mencionar sólo un par.
Su cautela estaba doblemente justificada porque el mal genio de las autoridades, poco antes del estallido de los hechos de Apolo, había alcanzado un pico por causa de varias situaciones complicadas. Están entre ellas el homicidio culposo que llevó a la tumba al expresidente del SNC y, la más embarazosa, sin duda, las preguntas de un fiscal al Primer Mandatario por la represión de Chaparina y cuyas respuestas enredan todavía más la situación. Veamos: ¿Coordinó con sus ministros para intervenir la marcha? “Nunca se realizó reunión o acción tendiente a intervenir la marcha indígena.” ¿Dio el gabinete la orden?
“El gabinete no dio ninguna orden.” ¿Cuándo se enteró de la represión? “(Me enteré) después de la acción policial” ¿Cuándo fue informado del desplazamiento de aviones, alquiler de vehículos e insumos para la represión? “No conozco disposición alguna para comprar insumos. Desconozco la contratación de vehículos. Sobre el desplazamiento de aviones, fui informado el 26.” ¿Sabe quién dio la orden de la represión? “Desconozco”.
Si las respuestas fueran veraces, la movilización de centenares de policías y militares armados, aviones y buses habría sido autónoma y automática, lo que nos colocaría, no ante una “ruptura de la cadena de mando” (cuyos responsables conoce el Vicepresidente), sino frente a un golpe, es decir la “toma del poder de un modo repentino y violento”, en el sentido de una usurpación del mando constitucional y legítimo para controlar y manejar los aparatos estatales de fuerza; o lo que es igual, un secuestro de la legal toma de decisiones.
La mala sangre oficial de aquellas jornadas también se expresó en un inverosímil ataque del Presidente contra quien escribe esta columna, en un discurso pronunciado en la Argentina, en el que me atribuye cargos y responsabilidades que jamás he buscado, ni he tenido, y se inventa una comunicación o conversación que nunca tuvo lugar. En vez de refutar los argumentos que lo han inflamado, prefiere simplemente agraviar.
Afirmaciones como éstas, lanzadas como un escupitajo o un objeto contundente desde un balcón o un puente, representan un abuso de poder al amparo del control de los aparatos de justicia. Estos aparatos han dejado de ser ajenos al Gobierno, desde el momento en que manejó a su arbitrio la elección de su cabeza, obteniendo a cambio una completa sumisión, en una muestra más de la deserción y el abandono del camino de las transformaciones.
El autor es docente universitario
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