- A raíz del reciente conflicto minero, he asistido a algunos seminarios que me han permitido obtener varios datos y tener algunas revelaciones acerca de ese sector.
Las exportaciones de Bolivia proceden de tres rubros legales: los hidrocarburos (HC), la minería y el sector no tradicional (NT). A este último contribuyen la agricultura, recursos forestales y animales, artesanía e industria. Según información del Banco Central y del INE, en el año 2011 la distribución en montos y porcentajes ha sido la siguiente: 4.114 millones de dólares (45%) en HC, 3.428 millones (37%) en Minería y 1.632 millones (18%) en NT.
No sorprende que la minería exporte poco menos que el sector HC, debido a los grandes volúmenes y los altos precios de los minerales. Tampoco asombra que el 82% de las exportaciones sea de origen extractivo: el dato refleja la esencia de nuestra economía.
Según un reciente análisis de Mauricio Medinaceli, el sector HC contribuye al Estado con el 67% (2.700 millones de dólares) de lo que exporta, mientras que la minería (datos del ministerio del ramo) aporta el 13% (450 millones de dólares) de su producción, es decir seis veces menos.
En suma, oro para las estadísticas, pero “oro de Corocoro” para el Estado. La explicación está en los diferentes costos operativos: mientras que una mina “normal” requiere de un 70% de sus ingresos para operar, un campo de HC necesita sólo un 25% (costos recuperables). Adicionalmente, las cooperativas mineras, que son responsables del 44% de la producción en el primer semestre de este año, sólo contribuyen con regalías mínimas.
La misma distorsión se encuentra en inversiones: en ambos sectores son mínimas comparadas con nuestros vecinos, pero mientras que en HC se invirtieron cerca de 2.000 millones de dólares, en minería no se llegó ni a la décima parte de dicho monto.
En cuanto al futuro de la legislación, la tendencia en HC es conceder incentivos a la producción de petróleo y garantías de inamovilidad de reglas y tributos. Al contrario, el proyecto de Ley de Minería propone endurecer las condiciones de operación para Comibol y la minería privada, espantando aún más las inversiones de riesgo. De hecho, la minería ha sido una víctima más de la “guerra del gas”, desde el momento en que se le ha aplicado acríticamente principios ideológicos de la industria del gas (propiedad, incremento de las regalías, renegociación, estatización, etc.), con la agravante de estar expuesta a mayor inseguridad.
Las comparaciones anteriores se invierten radicalmente cuando consideramos el empleo en ambos sectores. Se estima que el sector HC genera 10.000 empleos directos frente a 100 mil fuentes de trabajo de la minería, un factor diez o más. No obstante que ese dato es fatal para la eficiencia productiva, sin embargo, desde la perspectiva social la minería es una fuente de empleos no calificados, que le saca al Gobierno las castañas del fuego de un modelo de desarrollo que crea pocos y precarios empleos.
En este contexto, mi conclusión es que para el Gobierno la minería es un asunto social más que económico: su aporte tributario al Estado es mínimo, pero su capacidad de aliviar el tema del empleo (inseguro, precario y volátil cuanto quieran, pero empleo al fin) es grande, gracias al cooperativismo.
Consecuentemente, no me sorprende que el proyecto de Ley de Minería apunte a inviabilizar aún más a la minería legal (estatal y privada) y a favorecer indirectamente a los aliados del MAS que mejor cumplen los objetivos sociales de esa sui generispolítica minera; por lo menos mientras los precios de los minerales se mantengan en las nubes. Como dijera Luis XV: ¡Aprés moi le déluge!
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