Pasaron 73 días desde la intervención a la marcha indígena en Yucumo y sigue la búsqueda infructuosa y aparentemente inútil de los responsables de una violencia que el propio presidente calificó “imperdonable”. Como ocurre por lo general, el tema se irá diluyendo con el tiempo a medida que otros vayan relegando al olvido la indignación que provocó ese atropello. Pero quedará en la historia como otros similares y sentará precedente. El caso es sin embargo de solución simple. El Vicepresidente declaró que el Gobierno sabe “muy bien” quién ordenó la intervención. Es de su elemental responsabilidad, como de cualquier ciudadano, contribuir a aclarar un delito. Si no lo hace podría ser sindicado de encubrimiento. Pero hay algo más. El exministro de Gobierno sostiene que “hubo una ruptura en la cadena de mando”. Ese hecho no exime de responsabilidad a nadie. Por acción u omisión. La Constitución determina deberes y obligaciones de las autoridades. Es su obligación cumplirlas. Están en falta si no lo hacen. El porqué no las cumplieron es otra cosa. Ese es el sentido de un juicio de responsabilidades. Eso vale para los hechos de octubre del 2003 o la masacre de San Juan, en los años 60, si se quiere ejemplos. Pero el tema hoy es, por coyuntura, la reunión de la semana próxima para una nueva agenda política. Un viceministro dijo que las decisiones que se tome “tendrán carácter vinculante y serán aplicadas en los siguientes tres años”. Y por si fuera poco, el presidente de Diputados anunció que se planteará a la “cumbre” trabajar leyes económicas y judiciales para implementar la Constitución.
Es también cuestión de responsabilidades. La Constitución asigna deberes y obligaciones a los órganos del Estado.
A la Asamblea Legislativa, elaborar leyes. Elaborar no significa sólo aprobar las que alguna instancia social o algún funcionario iluminado se las envíe. Implica proyectarlas, analizarlas, discutirlas y redactarlas en función del bien común y en consulta con los sectores representativos de la sociedad. De lo contrario, no tendría razón de existir. Utilizar las conclusiones o acuerdos de esa reunión para justificar medidas y acciones propias afirmando que se gobierna “escuchando al pueblo” sería también eludir deberes y obligaciones. Legalmente, nadie podría justificar, por ejemplo, que se subió las gasolinas o se construirá camino por el TIPNIS, que está prohibido por ley, porque la reunión lo decidió. Por loable que sea escucharla, esa reunión no tiene facultades para decidirlo ni se le puede atribuir representatividad del conjunto de la sociedad, por mucho que se la pretenda presentar como “Cumbre Social”. La exclusión de los partidos dispuesta desde el vértice y la autoexclusión de la Central Obrera decidida desde la base lo prueban.
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