por fin algo positivo. Harold Olmos considera que la convocatoria a licitación de la Represa de Misicuni para general hidroelectricidad es de largo aliento, si bien la premura con que se procede es de sí sospechosa para ofertar turbinas Pelton

Uno no puede apartar el temor de estar ante una manifestación de la frecuente liviandad con la que suelen manejarse los negocios nacionales. En todo caso, aguardemos una explicación plausible de ENDE, que sea capaz de despejar cualquier duda. Invertir en energía es invertir en nuestro presente y nuestro futuro

Hace tres domingos, los diarios publicaron un llamado a licitación ordenado por la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE), para el proyecto de energía renovable Misicuni. El llamado solicita propuestas de construcción de la Central Hidroeléctrica Principal de ese proyecto hidroeléctrico, ahora llamado a convertirse en uno de los principales de Bolivia. La obra será la culminación de uno de los proyectos de energía de más dilatada trayectoria en Bolivia: se la espera desde hace cuatro décadas. El valor licitado será de 30 millones de dólares, constituye la parte central del proyecto, cuyo costo será superior a los 100 millones de dólares, en gran parte financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo.

De acuerdo a la convocatoria, los ofertantes deberán “presentar ofertas selladas para el diseño, fabricación, transporte y montaje del equipamiento principal” de esa obra hidroeléctrica. El equipo consistirá en dos turbinas tipo Pelton de 40 megavatios.

Deberá estar concluida en 30 meses. Aquel tipo de turbinas es de los mejores para la generación de hidroelectricidad y su invento data del último tercio del siglo antepasado, según leo en Wikipedia.

Como puede verse hasta aquí, todo luce perfecto y encomiable, pues la generación de energía debe figurar entre las principales preocupaciones de todo país que aspira a ser autosuficiente en energía en todas las formas económicamente posibles. En momentos en que nuestra capacidad de generar energía en base a hidrocarburos se encuentra en graves aprietos, con subvenciones al consumo que penden de un hilo, y cuando ha desaparecido de nuestro horizonte la idea de que éramos el centro aprovisionador de energía para el sur del continente, el que se invierta en proyectos como el de Misicuni es alentador. Más aún, cuando la obra proporcionará agua a los valles centrales, una limitación secular en la región.

Hay industrias en Bolivia capaces de emprendimientos de esa magnitud y ofrecen sus productos. Empero, la licitación advierte que las firmas nacionales no serán beneficiadas por ninguna ventaja y concurrirían en igualdad plena de condiciones con las extranjeras.

El último párrafo trae la siguiente condición: “Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada abajo (ENDE, Av. Ballivián 503”, etc.) “a más tardar hasta las 17:30 del 1 de febrero de 2012”. Descontados los feriados, los proponentes tendrían unos 20-25 días hábiles para elaborar y presentar la propuesta. Me pareció que el tiempo era demasiado breve para una operación así, que no considera que muchas empresas conceden vacaciones durante la temporada de fin de año, de manera que el tiempo disponible es aún más exiguo.

Consulté a algunas fuentes, que confirmaron mi impresión. ¿Por qué el tiempo tan limitado? No tuvieron una explicación firme, pero de ser efectiva la suspicacia en torno al tiempo para las propuestas, estaríamos ante algo capaz de prestarse a interpretaciones nada benignas y que no contribuyen a la seriedad de las empresas del Estado. Uno no puede apartar el temor de estar ante una manifestación de la frecuente liviandad con la que suelen manejarse los negocios nacionales. En todo caso, aguardemos una explicación plausible de ENDE, que sea capaz de despejar cualquier duda. Invertir en energía es invertir en nuestro presente y nuestro futuro.

Entretanto, una búsqueda rápida en Internet hace ver que chinos, españoles, argentinos y brasileños están entre los mayores fabricantes internacionales de este tipo de turbinas. Empresas de esos países estuvieron entre las proponentes en una licitación anterior que fue cancelada y substituida por la actual, que cubre bloques de la obra y no su conjunto.

El autor es periodista

http://haroldolmos.wordpress.com

para que goze del apoyo que tuvo el TIPNIS, estos de conisur, deberían ser apaleados, masacrados, arrastrados por la Policía. hasta ahora carecen de apoyo, los ven como asalariados para ganar dinero

La marcha del Consejo Indígena del Sur (Conisur) avanza huérfana de apoyo popular, por lo que está destinada al fracaso en sus objetivos, pues difieren de la movilización en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) protagonizada por los pueblos de las zonas bajas del oriente boliviano.

Los conceptos corresponden a los representantes departamentales de la agrupación ciudadana Insurgente Martín Uchu (IMU), Gustavo García Yapur y Tupac Ademir Múñoz, quienes afirmaron que la marcha del Conisur no goza de "legitimidad popular" y camina ante la total indiferencia de los cochabambinos.

Ambos admitieron que la marcha del Conisur, que busca la abrogatoria de la Ley Corta y la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, tiene un fuerte respaldo político del Movimiento al Socialismo (MAS) y apoyo logístico de los productores de coca y colonizadores, que son los sectores más leales al presidente Evo Morales Ayma.

"La marcha del Conisur avanza huérfana del apoyo del pueblo y sus instituciones. No hay una sola institución civil, cívica, profesional o gremial que respalde sus objetivos, por tratarse de una contramarcha que busca la destrucción del TIPNIS y la división del movimiento indígena del país, que se rebeló al poder del MAS", indicaron.

MARCHA OFICIALISTA

Tanto García como Múñoz afirmaron que los únicos que apoyan la marcha "militantemente y hasta obligados" son las autoridades, cocaleros y colonizadores ligados al MAS. Todo el aparato del Estado en Cochabamba está al servicio de la marcha, que se estima llegará en las próximas horas, pero no recibe la adhesión del pueblo en sus diferentes estamentos.

"La marcha carece de legitimidad, y sólo se busca montar un argumento para anular la Ley Corta, el carácter intangible del TIPNIS y la construcción de la carretera al Beni pasando por medio del área protegida. La población no está de acuerdo con esos objetivos, porque una marcha con gran legitimidad y sacrificio caló hondo en los bolivianos por sus propósitos nobles y en contra de la represión del gobierno a los indígenas", dijo.

Vaticinaron que la marcha, si bien llegará a La Paz, no tendrá el apoyo y la solidaridad que tuvo la movilización por el TIPNIS, donde niños, jóvenes, comerciantes, vecinos y otros sectores sociales respaldaron con total desprendimiento a los miles de marchistas.

Asimismo, otro gran error de la contramarcha del Conisur es que no tiene la menor repercusión nacional e internacional como la que tuvo la protesta en defensa del TIPNIS y en contra de la carretera al Beni por el corazón de esa área protegida.

"Definitivamente la marcha del Conisur es la fiel expresión del abuso de poder y el desconocimiento de las leyes, pues goza del apoyo de la Gobernación, dirigentes y sectores afines al MAS, pero no tiene legitimidad social", finalizaron.

Francesco Zaratti se refiere a los reales resultados de la llamada "nacionalización" que con bombo y sonajas ejecutó EM para beneficio "de los vecinos" y de quedarnos sin reservas y sin mercado externo

En este luminoso —es un decir— panorama, siempre existen pequeñas sombras, como el riesgo de quedarnos, en pocos años, sin reservas y sin mercados externos; tener que asestar otro gasolinazo a la población; o enfrentar a regiones, municipios y comunidades, por la repartija de una cosecha que se acaba

Los lectores que esperaban para la Navidad una columna más edificante,  pueden visitar mi blog (http://zaratti.wordpress.com)  y encontrarán lo que buscan; aunque, pensándolo bien, el título del presente artículo también se ajusta al clima navideño.

Navidad es tiempo de balances de lo que nos ha traído y lo que le hemos dado al año que se va; y un balance elogioso de la “nacionalización” no es tan común que se diga.

Además la Navidad nos trae un mensaje de salvación que se opone radicalmente a otros cantos de sirena que nos llegan de diferentes cantantes, guitarristas o trompetistas. En este sentido, la “nacionalización” fue presentada como la “salvación”, capaz, en un puñado de años, de trasformar Bolivia en Suiza.

Hay que reconocer que la política energética del actual Gobierno —la nacionalización— ha traído grandes beneficios al país, gracias al titánico esfuerzo de sus operadores, a quienes deberíamos honrar con más de un  monumento ecuestre (cueste lo que cueste), con o sin jinetes.

Su primer mérito es haber sabido cosechar hábilmente lo que no sembraron. Recogieron a manos llenas los frutos de años de exploración y descubrimientos. Repartieron bonos para aliviar la pobreza e inflar los caudales electorales y, consecuentes con su vocación ecológica, invirtieron millones en criar elefantes blancos de todo tamaño. Se acumularon reservas internacionales para financiar generosamente desarrollos de otros lares. A pesar de las críticas malintencionadas acerca de la falta de inversiones, se privilegió la cooperación regional, comprando solidariamente gasolina de Chile, GLP de Argentina y diésel de Venezuela. Frente a tanto desprendimiento, ¿quién podría criticar la sangría de divisas que provocan los subsidios? Al fin y al cabo, mantienen la paz interna y la lealtad de autoridades y pobladores fronterizos, quienes tienen derecho a “vivir bien”, compartiendo con los vecinos las ventajas de las subvenciones.

El segundo gran mérito es haber llevado a cabo la industrialización del país, no la que reclamaban los otrora fanáticos de la transformación química del gas, sino la estructural, mediante el engendro e sucesivo entierro de la EBIH. No entienden los neoliberales que sin empresas, estatutos, reglamentos, organigramas, escritorios, computadoras, teléfonos, cortaúñas y pegas a los militantes, eso sí, sin discriminar por competencia y profesionalidad, no se ‘cambia” nada.

Otro reconocimiento que se merecen los paladines de la “nacionalización” es haber inculcado en la población la conciencia de la importancia de la corriente eléctrica en la vida moderna. La letra con sangre entra, de modo que nadie debería sorprenderse que, para ese fin, se tuviera que quemar una turbina de ciclo combinado en una recién nacionalizada empresa generadora y educar a la población con recurrentes e intempestivos cortes de luz.

En este luminoso —es un decir— panorama, siempre existen pequeñas sombras, como el riesgo de quedarnos, en pocos años, sin reservas y sin mercados externos; tener que asestar otro gasolinazo a la población; o enfrentar a regiones, municipios y comunidades, por la repartija de una cosecha que se acaba. Pero que no cunda el pánico: se tienen más de 1.000 millones de dólares listos para atraer, como miel a las moscas, a las poderosas e “intangibles” trasnacionales para que les saquen las castañas del fuego a los superhéroes de la nacionalización. A menos que esas moscas sigan desconfiando de la miel de semejantes abejas.
¡Feliz Navidad!

inusitados beneficios ofrece YPFB a empresas que quieran explorar, condiciones más favorables que cuando GONI, será que los inversionistas se rindan al canto de sirena de SEEM? (El Día)

Cinco años después aquella fantochada llamada “Nacionalización”, con pancartas, militares tomando las instalaciones petroleras y funcionarios ataviados de cascos con el emblema de YPFB, ha sido precisamente el presidente de la petrolera estatal, Carlos Villegas, el encargado de entregar el sable y la carta de capitulación, en un acto en el que se les ha ofrecido el oro y el moro a las petroleras, con tal de que vuelva a invertir en Bolivia.

Villegas acaba de presentar un plan de inversiones para la década 2011-2020, que supone una inversión de más de 1.800 millones de dólares en el rubro de la exploración. En realidad, esa es una cifra que el país viene necesitando desde hace mucho y justamente porque ese dinero fue ahuyentado por el Gobierno del MAS es que la producción hidrocarburífera cayó en Bolivia, obligándonos a importar gasolina, más diesel y GLP.

El Gobierno se ha convencido que la plata no llega con amenazas ni con presiones a las petroleras, empresas que tampoco saben de apegos personales, colores políticos ni poses patrioteras. En su plan, YPFB les ha prometido a las compañías extranjeras, devolverles su inversión en caso de que encuentren grandes reservorios y, cuando se acumule una deuda con las empresas, el monto sería actualizado de acuerdo al porcentaje de inflación de Estados Unidos.

Pero aún hay más. Los expertos en hidrocarburos aseguran que el Gobierno les habría prometido a las petroleras la posibilidad de pagarles el barril de petróleo al precio internacional, a través de la creación de un fondo estatal de mil millones de dólares. Esta sería la alternativa de las autoridades, ante el fallido intento de decretar un nuevo gasolinazo.

La tercera ventaja hacia las petroleras ya estaría en marcha, lo que explica en parte, el reciente aumento de la actividad. Según calculan los entendidos en hidrocarburos, las compañías ya no están pagando el 82 por ciento en impuestos, como lo estipulaban los contratos que el régimen del MAS obligó a las petroleras a firmar, sino una cifra cercana al 50 por ciento. 

El último ofrecimiento gubernamental pasa por la eliminación de una “barrera” que el “proceso de cambio” creó para las petroleras y para todo proyecto de explotación de los recursos naturales. El Gobierno les ha dicho a las transnacionales que los indígenas ya no serán un estorbo cuando ellas quieran intervenir en los territorios de los pueblos originarios y a éstos les ha pedido expresamente que dejen de chantajear a las empresas con exigencias que no se pueden cumplir y que frenan el progreso del país. Esas son palabras que reiteradamente ha usado el presidente Morales y que viene repitiendo también el presidente de YPFB.

No hay duda que todas estas políticas constituyen un nuevo proceso de capitalización que podría acontecer precisamente durante un Gobierno que se hace llamar socialista. Gonzalo Sánchez de Lozada consiguió, mediante este mecanismo, una lluvia de capitales nunca vista en el sector, en el que ya se habían producido dos nacionalizaciones. Costó muchísimo recuperar la credibilidad, crear el ambiente que le ofrezca las garantías a los inversionistas. Evo Morales se encargó de destruir todo lo que se había logrado en una década de trabajo. Veremos qué capacidad de convencimiento tiene.

YPFB les ha prometido a las petroleras devolverles su inversión en caso de que encuentren grandes reservorios y, cuando se acumule una deuda con las empresas, el monto sería actualizado de acuerdo al porcentaje de inflación de Estados Unidos.

Sergio Almaraz presente en la marcha del TIPNIS, ex-viceministro de tierras y gran difusor del tema, se pregunta: "Quién ordenó la represión de los marchistas"?

La represión a la marcha indígena en defensa del Tipnis fue una gravísima violación a los derechos humanos y constitucionales de los indígenas marchistas, y no sólo por la brutal violencia que vimos todos cometer a la Policía. Aun si estos actos cobardes y despreciables no se hubieran producido, el hecho de impedir por la fuerza a un grupo de ciudadanos manifestarse pacíficamente al amparo de los derechos y garantías que les otorga la CPE, detenerlos ilegal y violentamente, y trasladarlos, siempre por la fuerza y contra su voluntad, a un lugar lejano donde se los abandone, es una grave violación a varios derechos humanos y garantías constitucionales, y constituye varios delitos de orden público.

Es la individual autoría intelectual de esto, hecho y hasta confesado con pretextos vulgares como el de “garantizar la seguridad” de los propios marchistas, y eufemismos trillados como el de “evacuarlos”, lo que los bolivianos debemos y queremos saber. Para ello, despejemos primero las hipótesis de la mentira.

Primero, la versión de Evo Morales de que la represión ocurrió porque “hay policías que me quieren perjudicar” es absurda, infantil y nos avergüenza a todos los bolivianos. Por el elemental acatamiento a los mandos, legalmente establecidos con total claridad, y por un hábito colectivo profundamente arraigado, es sencillamente impensable que los jefes policiales decidieran por sí solos un operativo de dimensiones tan grandes y de impacto social tan previsible y grave, sin la instrucción del ministro de Gobierno y, de paso, sin requerimiento ni presencia de fiscal alguno.

Al contrario, existen ya obvias y abrumadoras muestras de que Llorenti dio o transmitió la orden de reprimir, y que, para negarlo, dejó un reguero de cobardía y mentiras, como el requerimiento fiscal o endilgarle la orden al viceministro Oscar Farfán. Pero que la responsabilidad termine en Llorenti es también una deplorable mentira.

Así lo demuestra la conferencia de prensa que, simultáneamente a la que dio Llorenti en La Paz para justificar la represión, el ministro de la Presidencia, Romero, dio en Santa Cruz, exactamente con los mismos argumentos y palabras, sólo que, en vez del tono de pésame dado por celestial monjita que empleó Llorenti, lo hizo con tono de encendida y vengadora indignación por el jaloneo que había sufrido la polera del canciller.

¿Es tan persuasivo Llorenti y deficiente Romero como para ser éste rápidamente convencido por aquél para justificar pública y vehementemente un despropósito tan grave sin tener participación alguna o instrucción superior? ¿Conspiraron juntos, Llorenti y Romero, para planear, organizar, ejecutar y justificar la represión a espaldas de Evo Morales? ¿Cómo logró Llorenti que la FAB, sobre la que no tenía autoridad alguna, dispusiera de los aviones de la cooperación estadounidense para pretender transportar a los indígenas prisioneros, pasando incluso sobre la autorización norteamericana legalmente prevista?

Pero aun si se asumiese que Llorenti adquirió la malévola magia de hacer todo eso sin el conocimiento ni la aprobación de Evo Morales, ¿cómo se explica que éste, que no es tonto y conoce la hermenéutica de los aparatos del Estado lo suficientemente bien como advertir que tamaña operación no habría podido producirse sin la orden del ministro de Gobierno, no tome acción alguna contra el ministro desleal, alevoso y demencialmente temerario que le causó tan grave daño a sus espaldas?

Por el contrario, Morales tuvo que aceptar con indisimulado pesar la renuncia de Llorenti, impuesta por el repudio que la represión provocó en todo el país y dentro del mismo Gobierno, y lo despidió públicamente como a un héroe, con emocionado y húmedo agradecimiento y garantía de importantes funciones futuras.

Más inexplicable aun es que Morales haya cambiado radical y abruptamente su tan marcado estilo de concentrar personalmente las decisiones, particularmente las que involucran la intervención de la fuerza pública, como lo acreditan incontables casos durante todo su Gobierno, incluyendo la represión luctuosa en Caranavi. Más aun, que, justamente ante el conflicto social más sensible para su Gobierno, optara por desentenderse y permitir que otros tomen la salida represiva a sus espaldas.

La única explicación que cabe dentro de la verdad y la razón parte del mismo estilo de Gobierno de Morales: él concentra las decisiones, pero sólo se responsabiliza por las que son populares; para las otras, siempre hay un vocero, un intérprete o un chivo expiatorio. Por ello, la orden de represión tuvo que haber sido dada o autorizada por Evo Morales y, como tantas veces, quiere que otros den la cara y pongan la cabeza. Veremos hasta dónde llega el martirologio servil.

estimaron en 8 mil los cocaleros, empleados públicos, gobernación, alcaldía y otras reparticiones reunidos para pedir derogar la Ley Corta que fue apoyada por UN MILLÒN en La Paz sobre el TIPNIS. (crónica de LT, Cbba.)

El Gobierno y OAS Bolivia confirmaron ayer que las obras en los tramos I y III de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos fueron suspendidas debido al retraso en los desembolsos de dinero de la contraparte boliviana.

Aunque no se sabe la cantidad total adeudada, extraoficialmente se conoció que por concepto de anticipo la ABC debería unos 40 millones de dólares y el Banco Nacional de Desarrollo Económico (Bndes) de Brasil debería haber entregado unos 65 millones de dólares.

El jueves, el diario brasileño Valor publicó que OAS había exigido 190 millones de dólares al Gobierno boliviano para continuar con las obras en la carretera, pero sólo se habrían definido 143 millones de dólares de desembolso.

Aunque la constructora y el Ejecutivo minimizaron ayer la situación, los trabajadores de la empresa brasileña temen más despidos luego de que    unos 80 obreros fueran retirados de la obra y la maquinaria desplegada el jueves pasado, dijeron ayer los dirigentes del sindicato de empleados de OAS que llegaron a la ciudad para participar de la concentración a favor de la carretera.

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo en una conferencia de prensa en La Paz que la suspensión está relacionada con un problema “administrativo”.

“No tiene nada que ver con algún tema estructural de financiamiento, sino es un tema de carácter meramente administrativo en el flujo de recursos que vamos a buscar subsanar con la ABC”, señaló y agregó que el Gobierno espera resolver rápidamente el problema para que las obras en los tramos I y III sigan avanzando.

Pablo Siles, vocero de OAS Bolivia, explicó a Los Tiempos que existen montos —que no pudo especificar— que la ABC adeuda a la constructora brasileña y que la empresa solicitó sean pagados.

La contraparte boliviana del financiamiento total de 415 millones de dólares para la obra es de 83 millones de dólares, de los cuales la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) ya entregó 16 millones. El Bndes tendría que financiar 332 millones de dólares.

Siles dijo que OAS tiene a unos 1.000 trabajadores destinados a la construcción de los tramos I y III y debe mantener equipos, por lo que requiere el dinero.

La ABC, que el jueves desmintió que las obras en los tramos I y III estaban paralizadas, dijo ayer que este lunes dará una explicación sobre el tema.

Despidos

Si hasta el martes de la próxima semana no se reanudan los desembolsos de la contraparte nacional para retomar las obras en los tramos I y III, el sindicato de trabajadores de OAS teme que al día siguiente los aproximadamente 750 obreros sean “despedidos en masa” por la contratista del proyecto.

El secretario general del Sindicato OAS, Teodoro Sejas, informó que los trabajadores, “después de dos días de estar parados”, esperan recoger este sábado su salario correspondiente a noviembre para cumplir obligaciones económicas y al mismo tiempo tomar todos los recaudos “ante una posible masacre blanca”.

Sobre las razones que motivaron la suspensión de obras, el repliegue de maquinaria y equipos, además del despido inicial de 80 trabajadores de campo, Sejas indicó que no tienen ninguna información oficial al respecto.

“La empresa OAS no nos ha dicho nada oficial, solamente que paremos las obras, que recojamos maquinaria. Como nosotros tenemos contrato tenemos que obedecer órdenes y eso es lo que hemos hecho, por tanto, todas las obras están suspendidas y no sabemos hasta cuando”, sostuvo.

Discurso  oficial

•    El Gobernador dijo que realizará todos los esfuerzos para concretar el proyecto de la ruta Cochabamba-Beni.

•    El Alcalde de Cochabamba llamó “enemigos” a quienes se oponen a la carretera por el Tipnis.

Novillo teme transferencia de recursos

El gobernador de Cochabamba, Edmundo Novillo, dijo ayer que teme que la empresa brasileña OAS abandone definitivamente las obras del proyecto carretero y que todo el financiamiento externo, más la contraparte del Gobierno central, sea transferido a otros proyectos de desarrollo productivo en otros departamentos.

En su criterio, si la constructora OAS se va, presionada por falta de desembolsos de la contraparte nacional y extranjera para completar los trabajos, no habrá quién construya la carretera y los recursos serán para otras regiones.

“Esperemos que la suspensión de obras en los tramos I y II no sea una maniobra de la OAS para proteger sus intereses propios y particulares”, indicó Novillo y agregó que el proyecto carretero a Beni “está corriendo tantos riesgos en su ejecución que debe obligar a los cochabambinos a actuar de manera inmediata, con decisión y unidad”.

Novillo presidió ayer la concentración de las organizaciones del Comité Impulsor de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.

EMERGENCIA

La Paz | Erbol

La Central de Pueblos Étnicos Mojeños de Beni (CPEM-B), que agrupa a 12 subcentrales, se reúne  de emergencia en la ciudad de Trinidad para tratar sobre los pedidos, de grupos afines al Gobierno, de anular la ley corta que protege el Tipnis, informó ayer la representante de esa organización indígena, Miriam Yubanore.

“El Gobierno está usando mucho a las autoridades que hemos puesto nosotros como dirigentes de nuestras organizaciones indígenas en San Ignacio de Moxos”, señaló a la Agencia de Noticias Indígenas de Erbol, al hacer referencia a reuniones del presidente Evo Morales en comunidades del Tipnis con algunos representantes.

En encuentro, que concluirá el lunes, podría definir medidas para que las demandas de los indígenas sean cumplidas.

“Dañan” imagen de Evo

Anf

El presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), Adolfo Chávez, dijo ayer en Santa Cruz que la concentración convocada en Cochabamba para promover la construcción de la carretera a Beni por el Tipnis sólo hace daño a la imagen del presidente Evo Morales.

“Están metiendo al lodo profundo al Presidente porque él es el defensor del medio ambiente. Sin embargo, sus operadores como el señor Novillo van a ir en contra de su plan internacional, entonces se contraponen. Es una decisión que ellos van a tomar y nosotros tenemos una posición de hacer respetar al Tipnis, por ello no nos preocupa”, indicó.

Hace unos días, el presidente de la Subcentral del Tipnis, Fernando Vargas, dijo que los indígenas del parque podrían iniciar una demanda contra Novillo por promover el incumplimiento de la ley corta de protección del área.

Juan León Cornejo se sorprende que 73 días después del maltrato cruel e inhumano a 400 marchistas del TIPNIS, no se pueda establecer quién es el responsable. inaudito. inadmisible, condenable el peloteo entre judiciales todo para no hacer justicia.

Pasaron 73 días desde la intervención a la marcha indígena en Yucumo y sigue la búsqueda infructuosa y aparentemente inútil de los responsables de una violencia que el propio presidente calificó “imperdonable”. Como ocurre por lo general, el tema se irá diluyendo con el tiempo a medida que otros vayan relegando al olvido la indignación que provocó ese atropello. Pero quedará en la historia como otros similares y sentará precedente. El caso es sin embargo de solución simple. El Vicepresidente declaró que el Gobierno sabe “muy bien” quién ordenó la intervención. Es de su elemental responsabilidad, como de cualquier ciudadano, contribuir a aclarar un delito. Si no lo hace podría ser sindicado de encubrimiento. Pero hay algo más. El exministro de Gobierno sostiene que “hubo una ruptura en la cadena de mando”. Ese hecho no exime de responsabilidad a nadie. Por acción u omisión. La Constitución determina deberes y obligaciones de las autoridades. Es su obligación cumplirlas. Están en falta si no lo hacen. El porqué no las cumplieron es otra cosa. Ese es el sentido de un juicio de responsabilidades. Eso vale para los hechos de octubre del 2003 o la masacre de San Juan, en los años 60, si se quiere ejemplos. Pero el tema hoy es, por coyuntura, la reunión de la semana próxima para una nueva agenda política. Un viceministro dijo que las decisiones que se tome “tendrán carácter vinculante y serán aplicadas en los siguientes tres años”. Y por si fuera poco, el presidente de Diputados anunció que se planteará a la “cumbre” trabajar leyes económicas y judiciales para implementar la Constitución.

Es también cuestión de responsabilidades. La Constitución asigna deberes y obligaciones a los órganos del Estado. 

A la Asamblea Legislativa, elaborar leyes. Elaborar no significa sólo aprobar las que alguna instancia social o algún funcionario iluminado se las envíe. Implica proyectarlas, analizarlas, discutirlas y redactarlas en función del bien común y en consulta con los sectores representativos de la sociedad. De lo contrario, no tendría razón de existir. Utilizar las conclusiones o acuerdos de esa reunión para justificar medidas y acciones propias afirmando que se gobierna “escuchando al pueblo” sería también eludir deberes y obligaciones. Legalmente, nadie podría justificar, por ejemplo, que se subió las gasolinas o se construirá camino por el TIPNIS, que está prohibido por ley, porque la reunión lo decidió. Por loable que sea escucharla, esa reunión no tiene facultades para decidirlo ni se le puede atribuir representatividad del conjunto de la sociedad, por mucho que se la pretenda presentar como “Cumbre Social”. La exclusión de los partidos dispuesta desde el vértice y la autoexclusión de la Central Obrera decidida desde la base lo prueban.

le parece poca cosa, "peores masacres hubieron antes" afirma Copa, ministra de Justicia bajoneando los crímenes de lesa humanidad cometidos en Yucumo por el Gobierno de Morales. qué les parece, quería tener muertos?

 La ministra de Justicia, Nilda Copa, afirmó que la represión sufrida por los marchistas indígenas de tierras bajas cuando se movilizaban en defensa del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), el 25 de septiembre en Yucumo, fue exagerada por los medios de comunicación y que otras mujeres indígenas sufrieron acciones más duras por parte de la Policía en gobiernos anteriores, y nadie las defendió.
“Yo tengo ahí cerca los videos, cómo se perseguía a la compañera Silvia Lazarte, por ejemplo. Entonces, para mí no es nada (la represión del TIPNIS) frente a estas grandes desventajas de humillación, cuando, en el pasado, ningún hombre, ninguna mujer podía defenderse”. 
Agregó que siempre hubo represión “en el Estado colonial, pero ahora cambia con el Gobierno del proceso de cambio”.
Reiteró que ella continuará la demanda por el “secuestro” del canciller David Choquehuanca y reclamó a los medios que también presenten esas imágenes y pidan celeridad a la justicia para aclarar estos hechos ocurridos el 24 de septiembre en la localidad de Chapariña.
En gran parte de sus declaraciones, la autoridad reiteró que los medios de comunicación son los que tergiversan las declaraciones de los funcionarios de Gobierno, como también algunos hechos y acciones. 
La ministra Copa, junto con el viceministro de Justicia, Nelson Cox, presentaron una demanda contra la marcha indígena por el supuesto secuestro del Canciller, que fue el argumento para la intervención policial a la movilización de los indígenas de tierras bajas.

cuando Evo pretende salvar a la humanidad, existe avasallamiento de la propiedad y delito de lesa patria, lesa humanidad y lesa vida según denuncia de Sarela Paz que G. Cornejo hace suya en OPINION. 3 brigadas abrieron senda en el TIPNIS para siembra de coca violando la Ley Corta. Cornejo fue acérrimo defensor de SEEM

Tenía programado escribir una carta al Presidente de Bolivia reflexionándole sobre el exabrupto de una afirmación suya relacionado con la universidad pública y la perversión que él atribuye a los educandos del sistema fiscal; pero el tema TIPNIS continúa en primera agenda imposible de soslayar. Sin embargo, el Presidente podría averiguar sobre Camila Vallejo Dowling y el gran movimiento estudiantil que ha puesto en jaque al neoliberal Presidente chileno justamente por el delicado tema que el Presidente de Bolivia ha tratado con tanta displicencia.

Mientras en Durban la comunidad internacional debate el futuro ecológico del Planeta, en un parque nacional boliviano, los asesinos de la naturaleza talan la foresta y destrozan el corazón del “Bosque más hermoso del mundo”, según Alcides D’Orbigni.

Con qué moral podemos los bolivianos proclamar la defensa de la Pacha Mama, Gaia, Madre Tierra, Gea, Isis, Kali, Coatlicue, divinidad panteísta de la milagrosa creación de especies animales y vegetales, recursos naturales, renovables o no según la perversidad del animal humano decidido a terminar cuanto nos dio el Creador con amor y sublime generosidad.

La Ley 180 de protección al TIPNIS promulgada recientemente, con una reglamentación postergada, ya es motivo de franca violación de parte de tres brigadas de colonizadores cocaleros que abren senda en pleno corazón del parque violentando derechos, ignorando la norma y avasallando territorio, según denuncia una ciudadana valiente y respetable como es la profesional Sarela Paz en un último escrito titulado “Entre la indignación y el desconcierto”.

Nos dice indignada que tres brigadas compuestas por 50 y/o 60 personas, abrieron la senda del ecocidio proyectada por OAS y ABC en el tramo II para la carretera que beneficiará el corredor bioceánico de Brasil y Chile y el rédito de la siembra de coca para fines contrarios a la especie humana universalmente penados en todo el Planeta.

Destaco la expresión de la denunciante: “El día de mañana se dirá que esa senda ya estaba hecha. Los que conocemos la zona sabemos que es una mentira, una falsedad. Las comunidades mojeño trinitarias del Alto Ichoa: San José de Angosta, El Carmen y Tres de mayo, Buen Pastor y Puerto Pancho son testigos de cómo las brigadas de cocaleros atravesaron el Ichoa con herramientas de trabajo (motosierras) y abrieron una senda en el lapso de las últimas tres semanas, de una acción que viola la Ley Corta 180 promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional”. Así indignada sopando la pluma en vitriolo, nuestra dama, heroína, otra Camila Vallejo boliviana, eleva la palabra en defensa del Parque Isiboro Sécure y sus habitantes, los más humildes y respetables bolivianos contra quienes se lanzan los neo-colonizadores bandeirantes como sucedió exactamente hace 300 años al decir de don José María Bakovic. Es decir, existe avasallamiento de la propiedad ajena y delito de lesa patria, lesa humanidad y lesa vida. La denunciante solicita que Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, verifiquen la flagrante violación a la ley. 

El tema tiene connotación penal y es reprochable justamente cuando el Presidente de Bolivia pretende “salvar a la humanidad”, cuando agrupaciones de ecologistas, intelectuales, filósofos, antropólogos claman a las autoridades de la COP-17 en Durban por “Justicia Climática”, renovación del Tratado de Kyoto y bondad para respetar la obra de Dios. 

Lupe Cajías con la honestidad que le caracteriza trata de entender, cómo es posible faltar a la palabra empeñada, al honor, al compromiso en forma solapada, con sofismas y mentiras para deshacer lo hecho cuando se refiere a la Ley Corta sobre el TIPNIS

Es difícil entender los capítulos abiertos después de la firma, del discurso y de las declaraciones en torno a la llamada Ley Corta, cuya letra prohíbe un camino partiendo el Tipnis. ¿Cómo es posible preparar un escenario para faltar al honor, a la palabra?

“El Verbo se hizo carne” abre el Evangelio de San Juan para permitirnos ingresar a la profundidad de la palabra. La palabra, la que distingue a los seres humanos del resto de seres vivientes en el Universo; da libertad, refleja libertad; la palabra, el verbo, la letra.

La letra Alfa que nos sumerge en los misterios de la Vida. El Aleph que ensancha el conocimiento de los sabios, de los entendidos. La Cábala, entre los conocimientos de los pueblos más antiguos, no cesa de desentrañar lo oculto, lo escondido detrás de la letra, del verbo, de la palabra.

Por ello, en el hogar, como primera señal de la enseñanza basada en el honor y en el decoro personal, el padre nos dijo: “cumplan su palabra”, o “diste tu palabra”. Aquello significaba: diste tu ser, lo único que tienes como propio: tu verbo, la letra de cada uno de tus compromisos.

Por ello, asimismo, es importante ser puntual. “A las tres”, quiere decir “a las tres”, ni antes, ni después. No es posible justificar el retraso por el bloqueo de una calle, el embotellamiento vial, el imprevisto. Di mi palabra y con ella prometí mi fe: a las tres es a las tres.

Por ello —reitero—, es difícil entender los capítulos abiertos después de la firma, del discurso y de las declaraciones en torno a la llamada Ley Corta, cuya letra prohíbe un camino partiendo el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, Tipnis. ¿Cómo es posible preparar un escenario para faltar al honor, a la palabra?

Todos los cuentos que nos echan para querer disfrazar, maquillar, no alcanzan para explicar cómo se quiere violentar una Ley firmada hace un mes; el texto literal de una Constitución Política aprobada mediante referéndum hace ya casi tres años y sus relaciones con convenciones internacionales; los decretos presidenciales de 1990; el Decreto Ley de 1965.

¿Qué sucede? ¿No existe alguien en Palacio de Gobierno que se dé cuenta de la gravedad de eludir un compromiso público, rubricado? ¿El ministro Iván Canelas, que últimamente publica libros, ignora la importancia de la palabra, de la palabra empeñada, de la palabra que se dice, sea a la novia, sea al amigo, sea al colega?

Cada ser humano debe saber cómo dar valor a su verbo. Cuando ese ser humano es un líder espiritual con proyección mundial, cada oración es aún más escuchada, grabada, repetida. El presidente Evo Morales fue el único boliviano, entre políticos, artistas, millonarios, con la mejor fama mundial. Incluso se lo propuso seriamente para el Premio Nóbel y son ya muchas las universidades en todo el continente que lo han nombrado Honoris Causa, entre ellas la veterana de Santo Domingo.

Entonces, ¿quién aconseja a su Excelencia faltar a su palabra, romper un compromiso rubricado? Leo las declaraciones de varios ministros, de mujeres parlamentarias de las filas oficialistas y queda la duda, ¿no se dan cuenta del impacto local, nacional e internacional de esa palabra incumplida? ¿No imaginan los informes y comentarios de los diplomáticos acreditados en Bolivia?

Poco esperamos de otros líderes, los que optaron por las estrategias envolventes o por los recursos violentos. En cambio, aún con la popularidad en bajada, Evo es la figura boliviana más fuerte de las últimas décadas. ¿A qué infiltrado le interesa dañarla?