¿Cómo se deslegitima una gestión de gobierno? No necesariamente por la secuela que dejan los actos de corrupción vinculados directa o indirectamente a un partido. El año 2009 nos tocó vivir el conocido caso Catler-Uniservice —por mencionar uno—, el que, producto del asesinato del empresario tarijeño Jorge O’Connor, develó una red de corrupción dentro de la principal empresa pública, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Como consecuencia de las investigaciones realizadas por la Fiscalía, el ex presidente de la empresa estatal, ex senador de la República y ex miembro del Movimiento Al Socialismo (MAS) Santos Ramírez guarda detención preventiva en la cárcel de San Pedro. Los actos de corrupción han rodeado a los distintos regímenes, sean éstos militares (propios de las dictaduras vividas en el país), de derecha, izquierda, neoliberales o socialistas. Es irrefutable que en la historia republicana se ha convivido con este mal, razón por la cual esta costumbre no deslegitima el ejercicio de poder.
Tampoco afecta a la administración del Estado que altas autoridades se vean relacionadas con el tráfico ilícito de estupefacientes. El narcotráfico, al igual que la corrupción, ha venido a quedarse, como parte de la cultura nacional. ¿Cuáles han sido las consecuencias políticas del caso Sanabria? Corolarios similares al de las denominadas “narcofotos” o “narcovínculos”, aparejados a antiguos gobiernos. Es decir, nada. La memoria del pueblo es frágil, corta o altamente bondadosa. Tal vez todo esto y más.
La persecución a contrincantes políticos —quienes desde las calles, curules parlamentarios, empresas privadas, instituciones públicas u otros ejercen oposición contra el partido de turno— en Bolivia es obligatoria. El acto más representativo de acallamiento de la oposición lo es, tal vez, la “masacre de la calle Harrington”, donde un 15 de enero de 1981, durante la dictadura de Luis García Meza, ocho jóvenes revolucionarios perdieron la vida. Para otros, lo será el asesinato del líder social y ex diputado por la Falange Socialista Boliviana Marcelo Quiroga Santa Cruz. Lo cierto es que, al igual que en el pasado, el acecho a los líderes divergentes con los criterios del Estado se mantiene vigente, digamos que hasta se ha institucionalizado.
Para qué ahondar en las promesas electorales no cumplidas. Esto sería perder el tiempo. Es preferible limitarse a decir que todos los políticos mienten. Es parte de su esencia, de su naturaleza. De lo contrario, no serían políticos, serían monjas.
La legitimidad en el ejercicio del “contrato social”, a decir de Jean Jacques Rousseau, termina cuando se toca el bolsillo del pueblo. El momento en que el trabajador, el empleado, el funcionario público, la ama de casa o el ciudadano común siente que la moneda que yace en la billetera vale menos, se termina la confianza en la administración.
Temas como la inflación, la subida de precios en los productos de la canasta familiar, la escasez de bienes primarios, la falta de empleos, la reducción de los mercados de exportación, el alza en el precio de la gasolina y otros carburantes, el incremento en el costo del transporte, el contrabando, el cobro de nuevos impuestos (por señalar algunos) llevan a que las autoridades en ejercicio pierdan legitimidad sobre la cosa pública. Ahora bien, estos conceptos son también parte de nuestra tradición.
A todo esto es importante preguntarse, ¿qué ha cambiado entre las gestiones neoliberales, tan satanizadas en el país, y lo que vivimos actualmente? ¿Habrá llegado el tiempo para evaluar qué significa realmente un proceso de cambio? ¿Cambio de qué? Parecería que en Bolivia sólo ha existido una mutación de autoridades, todo lo demás sigue igual.
No hay comentarios:
Publicar un comentario