hay "golpes" y golpes. cuando los militares golpean y se toman el gobierno. cuando se recupera la dignidad para establecer el estado de derecho...etc.

El presidente interino Roberto Micheletti defendió las acciones de los militares honduraños que culimaron con la expulsión del mandatario Manuel Zelaya en una entrevista telefónica desde su casa de Tegucigalpa.

"No podemos permitir que este gobierno nos lleve al comunismo o al socialismo:, expresó Micheletti a un grupo de reporteros convocados por el grupo Unidad Hondureña de Miami, quienes apoyan su gobierno.

La conferencia de prensa se dio lugar en Adelita;s Cafe, un restaurante de comida típica hondureña ubicado en el 3800 del noroeste y la calle 36.

Zelaya fue expulsado del palacio de gobierno a las cinco de la mañana del domingo por un grupo de militares que lo transportaron, todavía en pijamas, a Costa Rica.

Es el primer golpe militar en América Central desde que el presidente Jorge Serrano de Guatemala fuera obligado a renunciar en 1993 tras intentos de disolver el congreso y suspender la constitución.

Zelaya, un izquierdista aliado del presidente de Venezuela Hugo Chávez, creo descontento entre diversos sectores del país con sus esfuerzos por reformar la constitución y garantizarse la reelección indefinida.

El Fiscal General y la Corte Suprema de Honduras habian declarado ilegal un referendo que el presidente habia convocado para el pasado domingo.

"Nosotros estamos actuando en cumplimiento de la constitución de nuestro país y por es que tenemos el soporte de la nación", indicó Micheletti.

Micheletti, miembro del mismo partido que Zelaya, ha negado que los hechos del domingo constituyen un golpe militar.

"El presidente Zelaya y el alto mando militar formaban parte de una cadena estricta de mando que se disolvió cuando el presidente trató de violar la constitución", dijo. "[Zelaya] prácticamente provocó esta situación", agregó.

José Lagos, presidente de la Unidad Hondureña, indicó que los hondureños en Miami apoyan la decisión de los militares y el nombramiento de Micheletti.

"[Micheletti] valora y aprecia a los hondureños", dijo Lagos. (De El Nuevo Heraldo)

Carlos Miranda ingeniero petrolero que ocupara cargos de la mayor importancia en su ramo analiza el gran dolor de cabeza que YPFB representa para EVO

El sector hidrocarburos se ha convertido para el Gobierno en un verdadero gran dolor de cabeza. Gracias a la Ley 3058 de mayo del 2005 que subió la tributación al 50% de los ingresos de la producción de gas y petróleo, al inicio de la espectacular elevación de precios, el Estado ha percibido los mayores ingresos de nuestra historia. Al mismo tiempo, los resultados de la refundación de YPFB, (dos veces) han sido muy pobres y su accionar ha generado los puntos de mayor crítica y ataque político.

Esta paradójica situación tiene preocupado a un gobierno en época electoral, no tanto por los efectos en la casi segura reelección del presidente Evo Morales, sino más bien por lo que le espera en su próximo gobierno. No ha logrado poner en funcionamiento a YPFB como una empresa medianamente eficiente y eficaz. La situación parece empeorar porque los resultados son cada vez más deficientes y criticables. Para nombrar los más destacados: hasta ahora no puede lograr contratar los servicios de una compañía que certifique las reservas nacionales de hidrocarburos, que están en un limbo desde el 2006. La espectacular y repugnante ejecución de un contrato llave en mano para la construcción de una planta de separación de licuables del gas que ha llevado a un ex presidente de la entidad a la cárcel. La importación de equipo de perforación que está inactivo un año por falta de personal que pueda manejarlo.

Naturalmente que en ese recorrido de errores, la corrupción se ha incrustado en la refundada empresa. Así, en este corto periodo cinco presidentes y sus correspondientes séquitos de seguidores han pasado por la máxima dirección de la empresa, alejados todos, con la excepción de uno, por corrupción.

Parecería que el Gobierno está consciente que la sustancial disminución de ingresos fiscales le ocasionará dificultades de gobernabilidad, no sólo es efecto de la reducción de precios por la crisis, sino el hecho de que la industria ha llegado a sus límites y que esa situación no puede continuar. El país necesita que la industria sea reactivada. Es una obligación de YPFB, no sólo por ser la institución señalada por la ley, sino que además por ser dueña de dos empresas petroleras (Chaco y Andina), de las dos grandes refinerías del país (Cochabamba y Santa Cruz ) y la empresa de transporte con casi control monopólico en el país.

Por lo anterior, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía ha emitido el 22 de mayo la Resolución Ministerial Nº 101/2009. Un documento que parece estar inspirado en las instructivas gubernamentales de la extinta Unión Soviética y que al tratar de adaptarlo a nuestras condiciones es un patético documento que utiliza _ de su texto en 12 considerandos tratando de justificar que el ministerio tiene la autoridad para emitir instrucciones para aumentar la producción y poder cubrir la demanda interna y honrar los compromisos de exportación con Argentina y Brasil, conminando a YPFB a readecuar los planes de transporte y producción propios así como la de sus contratistas de operación. Con estos propósitos señala un apretado cronograma de presentación de “alternativas conceptuales de desarrollo de campos” para las compañías contratistas de operación así como para YPFB, añadiendo a ésta última la presentación de alternativas de transporte. YPFB queda encargada de que además de hacer su tarea, logre que las empresas hagan lo mismo. Finalmente, deberá coordinar con ellas la selección de las alternativas recomendadas a ser presentadas al ministerio para su aprobación hasta el 29 de noviembre del 2009. Lo que más llama la atención es que según ese apretado calendario, se muestra que YPFB hasta el 5 de junio debía haber contratado a “una empresa de prestigio internacional para la revisión de los planes de desarrollo” propios, así como los de las empresas.

¡Bingo! Al fin se admite que el refundado YPFB no tiene personal adecuado para las labores que debe cumplir. Prueba que los tres años han sido malgastados discriminando a postulantes por ser neoliberales o afines. Bueno, esperemos que a la “empresa de prestigio internacional” no se le exija no ser neoliberal.

Según la instructiva gubernamental, el Viceministerio de Exploración y Explotación “controlará, fiscalizará y supervisará las actividades establecidas” en la Resolución Ministerial. Como se puede apreciar, el total de la industria petrolera ha caído en manos del Estado.

Para cerrar esta nota debo advertir que esta Resolución Ministerial es uno de los primeros documentos presentados en el nuevo papel membretado oficial del Estado Plurinacional que estamos viviendo, al haberse extinguido la República. El papel oficial tenía impreso el escudo de Bolivia, debajo del cual decía República de Bolivia. Ahora reza: Estado Plurinacional de Bolivia.

Estimado lector, deje de sonreír por unos instantes La observación no es baladí ni preciosista. Trate de imaginar la cantidad gigantesca de nuevo papel que se tendrá que adquirir para desplazar el antiguo. Por unos segundos examine su licencia de conducir vehículos, su carnet de identidad, levante la vista al Diploma profesional que tan orgullosamente ha colgado en su pared, su libreta familiar, y así unos interminables etcéteras. En todos ellos figura la leyenda de “República de Bolivia”, que ahora deberá leer “Estado Plurinacional de Bolivia.”
Realmente, ¡que Dios se apiade de nosotros!

El autor es ingeniero petrolero.

pobre general Angulo, le pasará lo mismo que al general López, primero el despido y luego el juicio y quizá las agresiones. no se puede denunciar hoy

El Gobierno nacionalizó la Transportadora de Hidrocarburos (Transredes) conociendo las obligaciones tributarias, ambientales y administrativas que tenía pendientes con el Servicio de Impuestos Nacionales, el Viceministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Hidrocarburos, que superan los 50 millones de dólares.

Un miembro del Directorio de la estatal informó que desconocía de estos pasivos.

Así lo revelan los estados financieros de YPFB-Transportes al 31 de diciembre de 2008, que confirman pasivos por falta de pago de impuestos de aproximadamente 43,7 millones de dólares con la Administración Tributaria.

Además de una multa de 1,7 millones de dólares por haber omitido la presentación de un plan de acción para la atención de derrame de petróleo ocurrido en 2001 en Oruro por la ruptura de un ducto.

El presidente de YPFB- Transportes, Gildo Angulo, denunció el viernes que cuando asumió el cargo, el 12 de mayo de este año, se encontró con que la empresa tenía pasivos por más de 50 millones de dólares por 29 procesos en litigio y por los que incluso se congelaron cuentas.

De acuerdo con los números que aparecen en el balance de la transportadora, las obligaciones pendientes de pago con el SIN no podían haber sido desconocidas por el Gobierno a la hora de negociar la compra de acciones con los socios privados de Transredes debido a que corresponden a acciones de fiscalización del fisco por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2005, en donde se hace el reclamo respectivo mediante el giro de notas de cargo.

El 1 de mayo de 2008 el Gobierno nacionalizó Transredes luego de una negociación para adquirir el 50 por ciento del paquete accionario a la anglo-holandesa Shell Gas Latina America BV, y a la compañía Ashmore por un valor en efectivo de 241,1 millones de dólares.

Si se toma en cuenta las deudas pendientes, el costo real del paquete accionario para recuperar Transredes subiría a 271 millones de dólares.

La cifra es superior a los 263,5 millones de dólares que ofertó Enron en 1996 para ganar el proceso de capitalización de la unidad de transportes de YPFB.

Cabe recordar que a través del Decreto Supremo 29706 del 16 de septiembre de 2008, el Gobierno eximió del pago de pasivos a la anglo-holandesa Shell Gas Latina America BV y a la compañía Ashmore.

El ex director de comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez reveló, a su vez, una carta enviada por el presidente de Transredes Hugo Vitts en 2006 al ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, donde detalla que los pasivos de la empresa llegaban a 350 milones de dólares.

El director de YPFB por el Ministerio de la Presidencia, Fernando Vincenti, en contacto con El Deber afirmó que el Directorio desconocía la verdadera situación económica de la transportadora, toda vez que en los informes legales que le presentaron los accionistas mayoritarios de la empresa no figuraban esos aspectos. “Recién he podido conocer estas irregularidades por las denuncias del señor Angulo. Para mí era totalmente desconocida esta situación”.

Precisó: “Los directores no sabíamos de este asunto y todo el mundo se ha enterado ayer por la denuncia pública del ejecutivo de YPFB-Transporte. “Personalmente, no conozco si Villegas tenía conocimiento de los problemas. En lo concerniente al pago de acciones, nosotros sí lo avalamos sobre la base de un informe económico-legal en términos generales. En los informes que se nos presentó no constaban las irregularidades y, por el contrario, aparecía como una empresa saludable, sin pasivos, sin deudas”.

Agregó que pedirán explicaciones a Villegas este lunes una vez que llegue de Argentina, donde cumple una agenda apretada con ejecutivos de Enarsa .

canal 7 en Argentina, en Bolivia es un problema porque se convirtió en instrumento del poder político en lugar de referente de información y cultural

Cuando el Canal 7 comenzó a definirse a sí mismo como el exponente natural y emblemático de una supuesta "televisión pública", la novedad fue recibida en distintos sectores de la población con genuino optimismo. La utilización de ese prometedor eslogan invitaba a suponer que la tradicional emisora del Estado se iba a comprometer por fin con la defensa del auténtico interés cultural en beneficio de todos. Y muchos concibieron la ilusión de que el Canal 7 dejaría de operar como un instrumento al servicio de las exclusivas conveniencias políticas del gobierno de turno.

Lamentablemente, los hechos demostraron que esa visión optimista alentada por muchos era totalmente infundada. El canal oficial de televisión no modificó prácticamente nada y siguió emitiendo programas concebidos con una evidente intención panfletaria, a través de la cual se aseguraba la defensa de los intereses políticos e ideológicos del oficialismo y de sus seguidores.

Con posterioridad, la designación de Tristán Bauer al frente de la emisora generó una nueva expectativa de cambio e invitó a suponer que se produciría una mejora efectiva en el nivel de calidad de los programas del canal oficial.

El público no olvidaba la eficiente labor cumplida por Bauer en la conducción del canal Encuentro, producido en el ámbito del Ministerio de Educación de la Nación, que hasta hoy se distingue como un aporte altamente estimable en el espectro de la televisión local. Pero tampoco en esta oportunidad las buenas expectativas respecto del Canal 7 quedaron satisfechas. La emisora ha continuado brindando una programación que en forma descarada satisface únicamente el interés político y el oportunismo de los gobernantes de turno, especialmente en lo que atañe al contenido informativo de las emisiones.

Está claro que sigue existiendo en nuestro país una lamentable equivocación respecto de la finalidad que deben tener los medios de comunicación que conduce el Estado. Se confunde el legítimo interés cultural o educativo del conjunto social con el efímero y transitorio beneficio político del sector que ejerce ocasionalmente el gobierno de la República.

La participación del Estado en la explotación directa de espacios radiofónicos o televisivos sólo se debería justificar cuando existe la clara intención de transmitir al público un conjunto de mensajes e informaciones de naturaleza cultural, que contribuya de manera notoria a su mejor formación educativa e intelectual, o que coadyuve a su elevación y dignificación espiritual.

La presencia del Estado en los medios de comunicación se desnaturaliza y se envilece, cuando detrás del material que se difunde asoma el propósito evidente de divulgar consignas ideológicas o políticas que se corresponden neta y claramente con las necesidades específicas del gobierno de turno.

Es de esperar que el profesionalismo y la autoridad probada de quienes ejercen hoy la conducción del Canal 7 sean más fuertes y convincentes que las presiones generadas desde lo alto del poder político en defensa de sus conveniencias ocasionales. Es de desear también que se cumpla alguna vez el anunciado propósito de convertir a ese estratégico medio informativo del Estado en un instrumento representativo de los intereses generales de la comunidad. Y que se concrete la existencia de una auténtica "televisión pública", identificada con la difusión de los valores y elementos culturales que elevan y dignifican al conjunto de la sociedad.

Es necesario que se comprenda la distancia profunda que media entre el interés permanente del Estado y el beneficio transitorio y pasajero de quienes sólo están procurando defender un espacio de poder político-partidario que se agota en los límites de su propia parcialidad.

desde su sito en la red, césar uzcamaita aboga por tres valerosas mujeres que están reclamando por la aparición de los restos de sus seres queridos.

Bolivia: 3 MUJERES, 30 DÍAS DE HUELGA DE HAMBRE Y NADA DE EVO

 

La huelga ha debilitado sus cuerpos, pero eso no parece importarles mucho a estas mujeres agigantadas por el sacrificio y que van ganando la batalla moral contra quienes encubren y protegen a los grupos militares que asolaron Bolivia en los años 60 y 80

 

Redacción de Econoticiasbolivia.com

 

La Paz, junio 3, 2009).- Sin dar ni pedir tregua, tres mujeres cumplen hoy 30 días en huelga de hambre para hallar a los desaparecidos por las dictaduras militares y para que la impunidad no siga campeando en Bolivia.

 

“Nos encontramos en huelga de hambre pidiendo su atención para que ordene a las Fuerzas Armadas que devuelvan los restos de nuestros familiares desaparecidos y sus pertenencias que se encuentran bajo jurisdicción militar y la desclasificación de los archivos del Estado Mayor”, le habían escrito con firmeza y dolor las tres huelguistas al presidente de Bolivia, Evo Morales.

 

“Nos resulta muy difícil de comprender por qué no atiende nuestro clamoroso pedido, que además es completamente justo, legal y humanitario”, señalaba la misiva enviada hace una semana y que hasta hoy no encuentra respuesta.

 

Por eso, Marta Montiel, Olga Flores Bedregal y Hortensia Gutiérrez de Flores, las tres mujeres que ayunan hace un mes para abrir los siniestros archivos militares, siguen en la batalla, a pesar de estar ajadas por los años y el sufrimiento.

 

La huelga ha debilitado sus cuerpos, pero eso no parece importarles mucho a estas mujeres agigantadas por el sacrificio y que van ganando la batalla moral contra quienes encubren y protegen a los grupos militares que asolaron Bolivia en los años 60 y 80.

 

“Nuestros familiares fueron víctimas de la más siniestra práctica represiva cual es la desaparición forzada de personas, que consiste en la conculcación de todos los derechos de la persona, pues fueron capturados, detenidos de una manera brutal sin orden judicial ninguna, conducidos a cárceles clandestinas, donde estuvieron incomunicados, torturados, se les negó su identidad y paradero y finalmente fueron ejecutados, pero como si esto no fuera suficiente los militares (tal vez no todos fueron militares por eso queremos que se abran los archivos) secuestraron sus cuerpos, los descuartizaron en algunos casos, los enterraron clandestinamente, en otros presumimos los echaron al lago Titicaca”.

 

INTERPELACIÓN Y SHOW

 

Interpelados por la huelga de hambre de las tres mujeres, el gobierno de Evo Morales, por boca de su viceministro Sacha Llorenti, había anunciado que este martes se comenzaría a revisar y abrir los “archivos clasificados” de las Fuerzas Armadas en el Estado Mayor, que semanas atrás, paradójicamente, los jefes militares y el propio Morales habían declarado como “inexistentes”.

 

Como estaba prevista la reunión se cumplió este martes con la presencia del Alto Mando Militar, Ministros de Estado y los grupos de Derechos Humanos, pero los “archivos clasificados” no aparecieron por ninguna parte, por lo que los funcionarios reunidos en el Estado Mayor del Ejército acordaron crear una “comisión” para planificar la búsqueda de al menos 156 personas desaparecidas durante periodos dictatoriales.

 

"Estamos en una fase de acercamiento con las Fuerzas Armadas, porque existió tanta suspicacia, temores, prejuicios y visiones distintas, pero hoy lo importante es que hemos formado una comisión que tiene varios desafíos", dijo el Presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Rolando Villena.

 

Dando por cierta la versión de los jefes militares de que no existen “archivos clasificados” bajo su directo control, la comisión aventuró la posibilidad de encontrar estos documentos en las dependencias de la Vicepresidencia de la República, en el Banco Central de Bolivia y en los ministerios de Relaciones Exteriores y de Defensa.

 

“Se habló de que en estos lugares podría haber alguna información”, detalló una fuente militar al matutino La Razón.

 

Así, sin ninguna certeza y armada sólo con indicios, la comisión, según Villena, intentará ubicar los “archivos clasificados”, para así dar cumplimiento a la Resolución Ministerial 0316 que, según el Gobierno, abre los archivos de las dictaduras a las víctimas y familiares de los desaparecidos en las dictaduras, pero que a las huelguistas les sabe a una nueva y cruel burla.

 

CUESTIÓN DE MORAL

 

“La Resolución Ministerial 0316 (19-5-09) emitida por el Ministro de Defensa, resulta ser un insuficiente instrumento legal para cumplir nuestro cometido. Argumentar que no es necesario desclasificar porque no hay los archivos constituye una argucia que encubre un delito, pues un archivo no puede ser dañado ni sustraído por persona alguna y en caso de comprobarse esta falta deberá procederse como manda la ley”, cuestiona el trío de mujeres en huelga.

 

Por ahora, el ayuno de 30 días no parece haber hecho mella en el ánimo del presidente Morales y los suyos, a pesar de la interpelación directa al gobernante. “Usted no puede dejar que estos crímenes permanezcan en la impunidad, ni prolongar nuestro sufrimiento de por vida, ya que, vivimos un duelo permanente pues no podemos dejar de pensar en ellos, abandonarlos sería para nosotras, aceptar que triunfe la iniquidad”.

 

“Somos mujeres que amamos la vida, y aunque parezca incoherente estamos dispuestas a morir por lo que creemos justo, si este es el precio que tenemos que pagar, estamos dispuestas a hacerlo, con eso al menos habremos contribuido a restablecer una ética de principios en la política boliviana acabando así con un doble discurso”, han dicho Marta Montiel, Olga Flores Bedregal y Hortensia Gutiérrez de Flores, tres mujeres que, autoinmolándose de a poco, escriben una nueva y bella página en la historia boliviana para alcanzar la justicia y el fin de la impunidad y la hipocresía.