El Gobierno nacionalizó la Transportadora de Hidrocarburos (Transredes) conociendo las obligaciones tributarias, ambientales y administrativas que tenía pendientes con el Servicio de Impuestos Nacionales, el Viceministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Hidrocarburos, que superan los 50 millones de dólares.
Un miembro del Directorio de la estatal informó que desconocía de estos pasivos.
Así lo revelan los estados financieros de YPFB-Transportes al 31 de diciembre de 2008, que confirman pasivos por falta de pago de impuestos de aproximadamente 43,7 millones de dólares con la Administración Tributaria.
Además de una multa de 1,7 millones de dólares por haber omitido la presentación de un plan de acción para la atención de derrame de petróleo ocurrido en 2001 en Oruro por la ruptura de un ducto.
El presidente de YPFB- Transportes, Gildo Angulo, denunció el viernes que cuando asumió el cargo, el 12 de mayo de este año, se encontró con que la empresa tenía pasivos por más de 50 millones de dólares por 29 procesos en litigio y por los que incluso se congelaron cuentas.
De acuerdo con los números que aparecen en el balance de la transportadora, las obligaciones pendientes de pago con el SIN no podían haber sido desconocidas por el Gobierno a la hora de negociar la compra de acciones con los socios privados de Transredes debido a que corresponden a acciones de fiscalización del fisco por las gestiones 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 y 2005, en donde se hace el reclamo respectivo mediante el giro de notas de cargo.
El 1 de mayo de 2008 el Gobierno nacionalizó Transredes luego de una negociación para adquirir el 50 por ciento del paquete accionario a la anglo-holandesa Shell Gas Latina America BV, y a la compañía Ashmore por un valor en efectivo de 241,1 millones de dólares.
Si se toma en cuenta las deudas pendientes, el costo real del paquete accionario para recuperar Transredes subiría a 271 millones de dólares.
La cifra es superior a los 263,5 millones de dólares que ofertó Enron en 1996 para ganar el proceso de capitalización de la unidad de transportes de YPFB.
Cabe recordar que a través del Decreto Supremo 29706 del 16 de septiembre de 2008, el Gobierno eximió del pago de pasivos a la anglo-holandesa Shell Gas Latina America BV y a la compañía Ashmore.
El ex director de comercialización de la Superintendencia de Hidrocarburos Jorge Téllez reveló, a su vez, una carta enviada por el presidente de Transredes Hugo Vitts en 2006 al ministro de Hidrocarburos Andrés Soliz Rada, donde detalla que los pasivos de la empresa llegaban a 350 milones de dólares.
El director de YPFB por el Ministerio de la Presidencia, Fernando Vincenti, en contacto con El Deber afirmó que el Directorio desconocía la verdadera situación económica de la transportadora, toda vez que en los informes legales que le presentaron los accionistas mayoritarios de la empresa no figuraban esos aspectos. “Recién he podido conocer estas irregularidades por las denuncias del señor Angulo. Para mí era totalmente desconocida esta situación”.
Precisó: “Los directores no sabíamos de este asunto y todo el mundo se ha enterado ayer por la denuncia pública del ejecutivo de YPFB-Transporte. “Personalmente, no conozco si Villegas tenía conocimiento de los problemas. En lo concerniente al pago de acciones, nosotros sí lo avalamos sobre la base de un informe económico-legal en términos generales. En los informes que se nos presentó no constaban las irregularidades y, por el contrario, aparecía como una empresa saludable, sin pasivos, sin deudas”.
Agregó que pedirán explicaciones a Villegas este lunes una vez que llegue de Argentina, donde cumple una agenda apretada con ejecutivos de Enarsa .
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