Bajo el Penoco refiere el "apartheid evista" caracterizado por segregar a quienes no piensa como SEEM, así Rafael Quispe un auténtico líder campesino amenazado con la cárcel...

En la época del apartheid, en Sudáfrica, abundaban las bromas sobre el abuso de la minoría blanca sobre los negros, que rayaba en el surrealismo. Dicen que cuando un blanco atropellaba a un negro, este era acusado de destrucción de la propiedad privada, por haberle abollado el parachoques. Y encima del juicio, el negro tenía que pagar multa por exceso de velocidad. Peores abusos habrán ocurrido en ese país antes de la llegada de Mandela al poder y en Bolivia no estamos lejos de un oprobio semejante, de continuar como va la dichosa justicia plurinacional. Los ejemplos comienzan a aparecer. Veamos uno: el exlíder del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyo (Conamaq), Rafael Quispe, ha sido convocado por la Fiscalía para responder por el presunto secuestro del canciller David Choquehuanca y que motivó la salvaje represión de los indígenas en Yucumo. La acusación es tentativa de homicidio y lesiones graves. Es sabido que al ministro ni siquiera lo pellizcaron aquella vez y el propio Choquehuanca minimizó la invitación que le hicieron los dirigentes de la Cidob a marchar con ellos.

apela a la frase de García Lorca "Eran las cinco en punto de la tarde" Daniel Pasquier para rescatar valores del TIPNIS. reafirma que la coca, por ende la cocaína es el supremo interés de Evo y los cocaleros para penetrar en el Parque Nacional

El Gobierno aprobó la Ley 180 el 21 de octubre, 2011, a las cinco de la tarde. Como si previera la tragedia. Que termina en sangre y muerte. ¿Vamos indefectiblemente a ello?  Hay que pararlo. Si, al Gobierno, al MAS, a los cocaleros, a Evo. A quien haga, falta empezando por la  estrategia para “tumbar” (el término más apropiado, ya que no es del gusto oficialista el de “derogar”) la nueva ley.

Después de las arengas a sus afines en Cochabamba y el  compromiso servil de las autoridades que durante más de dos meses mantenían silencio, se organizó una marcha intercultural hacia La Paz: campesinos y cocaleros, con algunos indígenas absorbidos por los anteriores,  tratan de imitar a la de indígenas originarios afiliados a la CIDOB; es una marcha, sin duda, al  gusto y con el  apoyo oficial a todos los niveles, incluyendo el mediático. La convocada por la CIDOB entraría con aires triunfales a la Plaza Murillo, tras sortear el boicot del Gobierno  en todo el trayecto, incluyendo la agresión en Yucumo, con el resultado que saltaría a todas las redes sociales del mundo dada la brutalidad con la que se reprimió a hombres, mujeres y niños indefensos.

El pueblo paceño supo interpretar el sentimiento de la mayoría de los bolivianos al volcarse a las calles a expresar el repudio a la torpe acción del Gobierno y demostró su apoyo moral y material a la marcha, un ejemplo de pluriculturalidad, pues esta población agredida, en lugar de entrar a la revancha o apelar a la violencia en situación ventajosa, entraba de manera pacifica,  casi ingenua, banderas blancas adornadas con patujus, a reclamar sus derechos,  esperando la comprensión del Estado que ellos mismos habían luchado por construir. Para su sorpresa, la respuesta fue  igual o peor a las recordadas en los 500 años largamente repudiados: déspota, abusiva, sin respeto alguno a su condición de ciudadanos, ni siquiera a su condición humana.

Eran las cinco de la tarde (como en el famoso poema de F. García Lorca) cuando Evo firmó la “novísima” ley. Lo firmado antes, con regocijo de todo el país, ahora  se borra con el codo. Con una tramposa y confusa Ley de Consulta Previa, se atropella la CPE, otras leyes, y multitud de tratados internacionales. La habilidad intelectual del Vice en entrevista con CNN, no puede esconder el cinismo de las intenciones y la puerilidad de los argumentos. Ahora lo previo no se hace  “antes”, sino que se hace “después”, como si los tiempos no contaran; sin anular previamente lo mal hecho,  el largo recorrido del contrato con la empresa OAS firmado por el Estado a través de ABC el 2008, que le da  poder para destruir el TIPNIS con el Tramo II. Algo que el ex embajador ante las NNUU, Pablo Solon,  se encargaría de confirmar, era parte de la promesa electoral de Evo a los cocaleros del Chapare.

Se discute cuántas comunidades ahora dicen si o no.  Es suficiente repetir que los pueblos indígenas originarios del TIPNIS hace cuatro años vienen repitiendo por activa y por pasiva que no quieren el tramo II de la carretera. ¿Para que una nueva consulta, teñida de ilegalidad y presiones por todos lados? Los dirigentes de la CIDOB ya contestaron: “No somos tontos”. El argumento a que se oponen al “desarrollo” del país es totalmente falso: nunca se han opuesto a la carretera, sino al tramo que amenaza con terminar con el parque y con su hábitat natural. De paso, el país es consciente del riesgo y es testigo de la acción destructora  de los cocaleros, quienes prácticamente acabaron el Chore (porque no hubieron las agallas para defenderlo),  Amboró está amenazado, y después del TIPNIS se abrirían las puertas del Madidi. ¿Qué de la lucha contra el calentamiento global y la defensa de los recursos humanos? ¿Dónde quedan los derechos de pueblos indígenas originarios asentados en esos paraísos, y del equilibrio entre hombre y naturaleza? Entender la “intangibilidad” como un ayuno y abstinencia voluntario de por vida es un argumento risible, por decir lo menos.

La respuesta técnica que respeta el TIPNIS y da vía a la construcción de la carretera existe, y es pública (Ingenieros plantean tres opciones de ruta sin pasar por Tipnis, www.lostiempos.com; ESTUDIO HIDROLÓGICO – CUENCAS DE LOS RÍOS MAMORÉ E ITÉNEZ,  www.icees.org.bo; TIPNIS ALTERNATIVAS VIALES Y DEFENSA DEL LEGADO NATURAL DE LA MADRE TIERRA , www.icees.org.bo). Lo que falta es honestidad de la gente del Gobierno para escuchar, analizar y buscar una salida al conflicto generado por la impericia, la codicia o la corrupción entre ellos mismos. El país le debe a los ingenieros cochabambinos tres opciones técnica y económicamente factibles, respetando el TIPNIS y aportando de verdad al desarrollo e integración del país. El otro argumento, buscar y no boicotear la pacificación de la relación entre bolivianos, parece no importar mucho al gobierno. ¿En río revuelto, ganancia de pescadores?

Se cita entre posibles beneficiarios a agricultores, ganaderos, madereros pero al final, son  explotaciones de paso. El cultivo sin competidor es la coca: productividad, rendimiento, precio, porque “lo otro” esta detrás y ese negocio rompe fronteras, abre conciencias y revienta bolsillos. Los megaproyectos de conexión interoceánicos, petroleros y más,  ¿todos sin consulta previa? Sin cumplir la CPE: previa, informada y voluntaria. Bolpebra es un ejemplo oportuno; en la información previa, la posibilidad de traslado de comunidades, ciudades y capitales.

Los que creen que todo es cuestión de poder, se equivocan. Algo o alguien más puede poner freno a tanto desenfreno en el momento menos pensado. Es el caso de varios presidentes latinoamericanos, el último, el venezolano, que un día afirma vehemente  que está curado del cáncer que padece, y al otro, que el destino no está en sus manos. Tanto discurso para concluir lo que cualquier mortal, con más humildad y sabiduría, sabe desde el principio. El TIPNIS nos interesa, no las coplas del presidente.  
 

Waldo Torres Armas asegura que en el intento de revertir sus contradicciones el MAS incurre en algo que merecerá el repudio general porque de por medio está la CPE. los del TIPNIS están en su derecho.

La tragicomedia del MAS con respecto al TIPNIS no tiene fin, en el intento de revertir sus contrastes, “usurpan”, una vez más, la voluntad mayoritaria convocando a una consulta. Las preguntas que motivan estas arbitrariedades son: ¿por qué se bilateriza el llamado a la consulta entre el MAS y Conisur?¿Por qué se prescinde de quienes son objetos y sujetos de la Ley 180? ¿Por qué será vinculante aun en contra de la ley electoral? ¿Por qué no se proyecta la vía alternativa de una vez? ¿Por qué se privilegia a los sindicatos cocaleros y a la deforestación, desoyendo al país?

La consulta resultará en el repudio general por la manipulación ilegal e ilegítima desde el poder, quienes no saben distinguir entre lo justo como categoría moral y lo legal como categoría jurídica. El punto capital de la razón jurídica, es que no se trata de consultar si el TIPNIS es o no intangible, sino de cumplir la Constitución y las leyes. 

La Ley de Consulta nace inconstitucional, los indígenas no son “dueños’ de los territorios que habitan, esto equivaldría a reconocerles soberanía sobre ellos, los pueblos originarios gozan del derecho constitucional a ser consultados, pero no tienen independencia decisional sobre asuntos de interés del Estado. Y aun si lograran la autonomía, ésta no es soberanía. Las áreas protegidas constituyen un bien común y los recursos naturales existentes, son de propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible de todo el pueblo boliviano, y corresponde al Gobierno, en nombre del Estado, promulgar leyes en función del interés colectivo y no sectorial de la ciudadanía.

Por otra parte, la consulta debió ser “previa”, se presupone a la firma del contrato y más al inicio de las operaciones de construcción de la carretera y no resultado de la “promovida” presión social del Conisur. Incluso, los derechos humanos incluidos en el contenido de la Ley 180, son de aplicación preferente, aun por sobre la propia Constitución.

Lo que queda claro es que ninguna Ley de Consulta puede limitar, condicionar ni alterar la aplicación y menos el contenido de la Ley 180, en plena vigencia, sin antes derogarla o abrogarla, esto faculta a la Cidob a decidir aceptar o no, concurrir o no, votar o no, la consulta. Además, al estar esta ley incursa en una inconstitucionalidad flagrante, les queda el recurso al Tribunal Constitucional, aunque queda la duda de si el constitucional es suficientemente autónomo y honesto para dilucidar el conflicto. El Sr. Morales ya ha decidido el resultado de la consulta y con esta insensatez pierde, pues ya pocos creen en él, y es comprensible ¿cómo creer en alguien que no se somete a sus propias leyes?.

que sea un masista. que sea un exsenador caracterizado "por su devoción a SEEM" quién escribe lo que sigue es sintomático. Autor: Gastón Cornejo. SIGNIFICADO SUICIDA

La intención de quebrar la Ley Corta Nº 180 aprobada mediante la sacrificada VIII Marcha de indígenas del TIPNIS tiene un significado suicida para quienes tienen la responsabilidad de manejar el Estado de nuestro amado país. El sectarismo nuevamente aflora como en el tiempo liberal de 1904. Las órdenes se cumplen y los propósitos se acomodan a gusto de algunos transitorios. Parlamentarios otrora dignos perdieron su condición y se ubicaron al servicio de intereses oscuros negociando con cocaleros la Ley de Consulta. 

De fuentes muy respetables ya sabíamos el contenido del PL contrario a la CPE, aquella que aprobamos con enorme dificultad y lucha parlamentaria. Por ello, salgo con mi reflexión absolutamente personal, responsable, aunque fuera ya inconducente para rectificar aprestos jurídicos incorrectos. ¿Cuál es el meollo de la ley suicida de consulta? En el Artículo 4.- (Finalidad de la consulta) 1. Definir si el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) debe ser zona intangible o no para viabilizar el desarrollo de las actividades de los pueblos indígenas Mojeño-Trinitario, Chimane y así como la construcción de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. Art. 2. Establecer las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS, así como las destinadas a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales dentro de la línea demarcatoria del TIPNIS. El objetivo: Cuestionar la intangibilidad e introducir el proyecto carretero de ecocidio y narcotráfico sin obviar las alternativas técnicas propuestas por la Sociedad de Ingenieros de Cochabamba y Bolivia. ¿Desalojo de asentamientos? La existencia de una línea de demarcación ya protege del desalojo a los sembradores de coca, sindicalizados. 

En el Artículo 6.- (Obligaciones de los Órganos del Estado Plurinacional de Bolivia) Los autores tratan de justificar la consulta siendo extemporánea porque ya se ejecuta la construcción de la carretera en sus tramos I y III, y en un maquillaje jurídico se trata de apoyar a Conisur agregando líneas para mejorar las relaciones entre indígenas. En el Artículo 9, nuevamente salta la intangibilidad, el desalojo, la línea demarcatoria que protege a los cocaleros. La consulta está fuera de lugar, ya fue realizada, la decidieron las 34 organizaciones indígenas cuando se efectuó la VIII Marcha que involucró consultar a los cabildos, asambleas, capitanías, subcentrales de las diferentes regionales de la CIDOB a los que se agregaron: el Consejo de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) y la ciudadanía toda. Lo extemporáneo es también la ley suicida que apuran los diputados y senadores sectarios que gatillarán los misiles mortales contra el Gobierno. Ellos se llenarán de una afrenta como los que aprobaron servilmente el Tratado de 1904, será un baldón crítico para siempre, particularmente los parlamentarios de Cochabamba y del Beni, irresponsables. Finalmente, importa saber que: El título ejecutorial Nº 000229, expedido por el INRA y avalado por el Presidente, otorgado el 13 de febrero de 2009, da cuenta del verdadero derecho propietario, no incluye al polígono 7; por tanto, los marchistas del Conisur no tienen derechos legales sobre el TIPNIS, ni a pronunciarse sobre éste. Que los cocaleros continúan amenazando y chantajeando impunemente a los indígenas del TIPNIS, les cobran “peaje” por cruzar la “frontera”. Que los colonizadores cocaleros, no tienen ninguna ideología, ni indigenista ni socialista. Que el Gobierno encargó a través del Sernap, a la consultora Rumbol, un estudio sobre impacto ambiental del proyecto carretero que pretende atravesar el TIPNIS. El informe de julio de 2011, manifiesta la inconveniencia de dicha carretera. 

Que se insiste atravesar el bosque del TIPNIS, a costa de animales, árboles, y ríos, contradiciendo al propio Presidente en su Declaración Internacional: “Los derechos de la Madre Tierra son más importantes que los derechos del hombre”.

expulsado del MAS Filemón Escóbar antiguo dirigente sindical minero e ideólogo del partido de Gobierno ha condenado con palabras gruesas la acción de Evo en contra del TIPNIS

 En toda la historia de Bolivia no he conocido un gobierno que “juegue a la trampa y al engaño, como lo hace el régimen de Evo Morales”, que tomó la decisión de destruir el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) con la Ley de Consulta a los indígenas de esa zona, dijo el ex ideólogo y fundador del Movimiento Al Socialismo (MAS), Filemón Escobar.

Considera que el gobierno del MAS apuesta por el abuso para arrasar con el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) para imponer la construcción de la carretera al Beni pasando por medio de esa reserva natural, por lo que pasará a la historia “como el más grande depredador del medio ambiente”.

Recordó que el TIPNIS es parque nacional y no se puede tocar por mandato de una ley que se aprobó en 1965, y los únicos dueños de esa área son los que tienen tierras comunitarias de origen.

Sostuvo que existen más de mil personas que viven en esa área protegida, los mismos que son dueños de un millón de hectáreas de tierras, pese a que inicialmente eran 1.2 millones. “El Evo Morales les ha timado a los indígenas de esa jurisdicción, más de 200 mil hectáreas para repartir a los colonizadores que ahora son cocaleros y propietarios individuales”, sostuvo.

Escobar recordó al presidente Morales, ministros de Estado y asambleístas que el concepto de Pachamama es economía sometida a la ecología, “lo que está siendo destruido como principio esencial y básico”.

Asimismo, dijo que el otro principio que se está violando, es que no hay indígenas sin bosques, ni bosques sin indígenas, como no hay minas sin mineros ni mineros sin minas, que es lo que desconoce Evo Morales.

“Al desconocer estos principios básicos y filosóficos, Evo hace una práctica criminal, por lo que pasará a la historia como el más grande criminal, porque al destruir bosques está destruyendo la vida”, dijo Escobar a tiempo de convocar a todos los bolivianos a rechazar la consulta a los indígenas, que sólo servirá para avalar la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos.

DEBATES: Asambleístas del oficialismo y oposición, se enfrascaron en un debate ante la vigencia de la Ley de Consulta Previa a los indígenas del TIPNIS para hacer viable la construcción de la vía al Beni por medio del corazón de esa reserva natural.

El asambleísta del MAS, José Ivankovic, dijo que la consulta es sólo para saber si la carretera pasa, o, no por el TIPNIS, descartando criterios de ser una medida extemporánea; por el contrario dijo que era muy oportuna que resolverá el conflicto.

Afirmó que la consulta no generará problema alguno, porque está prevista en la Constitución y en los marcos establecidos por convenios internacionales en materia de tierra y territorio sobre los derechos de los pueblos indígenas.

“Para que se puedan hacer obras de infraestructura en su territorio, dicen las normas nacionales e internacionales, se requiere que sus pobladores sean consultados de forma obligatoria, libre e informada, que es lo que prevé la Ley de Consulta. La consulta popular sólo será para el tramo II, y no así para el I y III”, dijo.

Ivankovic precisó que si la consulta es negativa por decisión de los indígenas que habitan en el Tipnis, no se hará la carretera y se buscará otro tramo. Así de simple, agregó.

Por su parte, el asambleísta del Movimiento Sin Miedo (MSM), Mario Orellana afirmó que con la decisión de hacer la consulta lo único que hace el gobierno es ratificar errores; “Lo que más preocupa es que se pretende hacer la consulta sobre los tres tramos que tiene la carretera, sin precisar el tramo II, que es el que está ocasionado el conflicto y un posible enfrentamiento entre bolivianos”.

Acusó al Gobierno de buscar la confrontación y la división de los pueblos indígenas, en lugar de plantear  soluciones estructurales y de fondo. Sólo el gobierno será responsable de lo que vaya a suceder a partir de ahora, pues crece un criterio subterráneo de rechazo y violencia, finalizó.

lla Ley de Consulta Previa no rige para el TIPNIS está visto que la CPE no vale, ni siquiera el art. 33 que proclama el derecho al medio ambiente saludable, protegido y equilibrado

Hace tres años que la Asamblea Legislativa del Estado Plurinacional y el Gobierno central sancionaron y promulgaron, respectivamente, tras un periplo signado de graves enfrentamientos (recordemos los luctuosos sucesos de La Calancha, en Sucre) la Constitución Política del Estado en actual vigencia,  cuyas partes dogmáticas y desarrolladas eran asociadas por el oficialismo a la apertura de puertas  a un supuestamente venturoso porvenir nacional.
Tras un pomposo prólogo recordatorio de “tiempos inmemoriales” en que “se erigieron montañas, se desplazaron ríos, se formaron lagos” y “nuestro altiplano, nuestros valles y llanos se cubrieron de flores y verdores”, la Carta Magna define a Bolivia como “Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, descentralizado y con autonomías”, rasgos a los que agrega los de la “pluralidad y el pluralismo político”.
El  Capítulo Cuarto sobre “Derechos de las Naciones y Pueblos Indígena-originario campesinos” reconoce a estas parcialidades el derecho a ser consultados  respecto a medidas  gubernamentales que afecten su hábitat, como la construcción de carreteras sobre sus territorios o la explotación de sus recursos naturales. Todo esto concuerda de forma tácita con el art. 33 del Capítulo Quinto que  reconoce en favor de todos los bolivianos el “derecho a un medioambiente saludable, protegido y equilibrado”.
Respecto a los referidos postulados y a otros de la parte orgánica de la nueva Constitución corresponde preguntarse si a tres años de vigencia de la misma se avanzó o no en los cambios planteados solemnemente.
Lo del pluralismo político alude a la coexistencia pacífica de oficialistas y opositores, entendimiento que solo es posible a través del  diálogo y recíprocas concesiones. No ocurre nada de esto. Lo que predomina es una permanente confrontación. La promueve el Gobierno, no solo a través de acometidas retóricas, sino con acciones procesal-penales contra sus principales adversarios, cuyo fragor alcanza cada vez mayor intensidad.
Lo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) es un caso elocuentemente indicativo de que eso de una  ‘consulta previa’ no rige para los pueblos indígenas del país que no se alinean con el oficialismo. A los que viven en la parte central del parque  se les niega el derecho que les reconoce el Capítulo Cuarto de la Constitución en el marco de la autonomía de la que constitucionalmente gozan.
Los cambios se han registrado mayormente en el espacio de los operadores políticos, donde hacen mayoría autoridades de origen nativo. Pero en los demás espacios institucionales o todo se halla a medio camino o no se avanzó ningún paso. Y cuando finalmente se inicia la caminata, los escollos amenazan con detenerla o, por lo menos, demorarla. Es lo que actualmente ocurre con la compleja y confusa readecuación del currículo escolar con todo aquello que constitucionalmente se refiere al multiculturalismo.
A medio camino, por cierto, en medio de crecientes riesgos e insalvables obstáculos. Así se observa, lamentablemente, el proceso de readecuación del país a los postulados de la nueva CPE.

sin dejar de admirar la precisión de términos que maneja Mario Rueda Peña, toca insistir en un inminente corto circuito TIPNIS

Se dan manifiestas contradicciones entre los “campesinos” (los antirracistas preferimos este nominativo al de “indígena”) que conformando viejas comunidades nativas viven en la parte central del Tipnis y los establecidos en latitudes sureñas de esta reserva natural, que ahora se identifican con el marbete de “Conisur”.

Los primeros son realmente “comunarios” ajustados a usos y costumbres ancestrales. Viven de la caza y la pesca, de la agricultura básica y, no pocos, de la extracción y venta de madera, aunque a mínima escala de mercado.

No rige entre ellos la propiedad privada. Consideran al Isiboro Sécure hábitat natural cuyo derecho propietario, para una serie de fines, les reconoce la Carta Magna que promulgara el actual Gobierno.

En cambio, entre los campesinos del “Conisur” abundan los “colonos”. Se trata de aimaras y quechuas que huyendo del minifundio o que no encontrando espacio en los atiborrados cocales de La Paz o Cochabamba, se asentaron en la parte sur del Parque Isiboro Sécure.

Lo que más ansían los campesinos del “Conisur” es un acceso idóneo a los mercados, para cuanto producen. Respecto a este objetivo, el proyecto de la carretera Villa Tunari–San Ignacio de Moxos, les cae como anillo al dedo. Ni les conmueve ni les interesa para nada que la ruta, atravesando el corazón del Tipnis, provoque daños ecológico-ambientales de graves consecuencias para los comunarios que viven en aquel lugar.

Las diferencias étnico-culturales agregan lo suyo a las contradicciones de intereses entre esos campesinos colonos y los nativos del corazón del Tipnis.

Así las cosas, estamos ante el riesgo de un corto circuito político-social que el Gobierno debiera conjurar a tiempo. No se hace nada para evitar tan indeseable avería. Por el contrario, tal como lo acreditan los hechos, se mantiene a los polos al borde de la fusión.

Conisur es alentada para pasar de las fintas a los golpes demoledores contra esa Cidob que apoya a los campesinos comunarios del Tipnis. Se pone en sus manos un garrote etiquetado como “Ley de Consulta Previa” no sólo a los habitantes del corazón del Tipnis, sino a comunidades, colonos y cocaleros del denominado “Polígono Sur” de la reserva natural.

Obviamente que los resultados de tal consulta previa serían adversos para los campesinos comunarios del Tipnis, puesto que colonos y cocaleros acusan mayor estatura demográfica. Paso siguiente: abrogación de la ley corta y apertura de la ruta por el corazón del Tipnis. ¿Punto final al conflicto? De modo alguno. Lo único que se conseguiría es que unos y otros se vayan a las manos con furia de Laimes y Juckumanis. Un grave corto circuito cuyas chispas saltarían a muchos sectores sociales y políticos del país. Algo que la más elemental prudencia aconseja evitar.

Xavier Albó jesuíta que siempre estuvo al lado del MAS y fue radical en temas de tierra, agua, medioambiente puntualiza que la consulta debió haber sido previa, no tardía como se pretende en materia del TIPNIS

El antropólogo Xavir Albó señaló que el mandato constitucional de la consulta previa e informada a los pueblos debe ser antes de emprende un proyecto determinado en territorio indígena y no luego porque será inconstitucional.

Hermosa gráfica de la fauna del Tipnis que aparece en Erbol

Hizo esa declaración en relación a la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos en medio del Territorio Indígena Parque Nacional Iisiboro Sécure (TIPNIS).   

“La consulta previa tendría que ser antes de hacerse un contrato para una carretera, por lo tanto esto ya es causa perdida, no se ha hecho (en el caso del TIPNIS). Ahora el que pueda haber después otras consultas, no es que estén prohibidas, pero no es la consulta previa. Se pueden hacer consultas yo creo siempre que se quiera, pero la constitucional es la consulta previa, libre e informada, que no se hizo”, declaró Albó a Erbol. 

Señaló que de tal forma, tras la marcha en defensa del Isiboro Sécure convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), lo que se hizo fue una negociación posteriori con el gobierno para aprobar la Ley Corte, que el antropólogo lo calificó de un “mal menor”. 

“La consulta constitucional no se hizo, lo que se hizo fue una especie de negociación posteriori de la que salió una ley (la Corta) lo cual era un mal menor y éste se hizo a regañadientes, como sabemos pero se hizo”, manifestó. 

Calificó de política la consulta que plantea el gobierno junto a marchistas del Consejo Indígena del Sur (Conisur), que apoya la ejecución de la carretera en medio del Parque, para encontrar una salida legal a la Ley Corta que protege el TIPNIS. 

Mandato constitucional

“A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y garantizará el derecho a la consulta previa obligatoria, realizada por el Estado, de buena fe y concertada, respecto a la explotación de recursos naturales no renovables en el territorio que habitan”, señala el numeral 15 del artículo 30 de la Constitución Política del Estado (CPE) sobre los derechos del pueblo indígena originario campesino. 

Éste punto junto a aproximadamente 30 artículos de la actual CPE hacen referencia al medio ambiente y al aprovechamiento de los recursos naturales en territorio indígena originario campesino, con la aplicación de la consulta como mandato de los pueblos de tierras bajas y altas del país, tras  consenso con sectores campesinos y colonizadores, recordó el ex líder de la primera marcha de la CIDOB, Ernesto Noe.

“En la Asamblea Constituyente hemos peleado porque nuestros derechos estén en la Constitución, por eso hemos marchado. La consulta es una demanda de nuestras bases, porque los empresarios, la transnacionales estaban saqueando nuestros recursos y estaba invadiendo nuestro territorio (…) todo ha sido consensuado con los campesinos y hermanos colonizadores”, señaló. 

Además la Carta Magna recogió la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que hace alusión al derecho a la consulta. 

Discurso de desarrollo

Xavier Albó señaló que el gobierno plantea un discurso desarrollista que tropieza con la CPE, lo jurídico y además genera diversidad de criterios dentro del Movimiento Al Socialismo (MAS). 

“Lo que está en juego además de lo jurídico y de los inmediatamente político, del posible interés de uno y lo otro está también el problema de visión de desarrollo, que se ve a diario en los comunicados que el gobierno saca y está dentro del gobierno del MAS, casa desarrollo y carretera”, aseveró. 

Falló a favor de guaraníes del Itika Guasu 

El Tribunal Constitucional falló en 2010 a favor de la Asamblea del Pueblo Guaraní de Itika Guasu (APG IG) y le reconoció el derecho a la consulta y a la propiedad de la Tierra Comunitaria de Origen de las familias guaraníes, en respuesta de una acción de amparo constitucional presentada por el director técnico del Servicio Departamental de Caminos (Sedeca) Tarija, contra el dirigente Never Barrientos, presidente de la APG IG. 

La razón fue que los indígenas solicitaban a la empresa Petrosur, que tenía un convenio de trabajo con el Sedeca, respetar el derecho a la consulta pública previa a todo proyecto de este tipo y el territorio para trabajar en sus tierras donde la empresa pretendía instalar un campamento.

En la sentencia constitucional los tribunos exhortaron a los órganos de poder público e instituciones estatales a dar cumplimiento de las normas internacionales y constitucionales referidas a los derechos de los pueblos indígenas, como hace referencia el artículo 352 de la CPE. 

“La explotación de recursos naturales en determinado territorio estará sujeta a un proceso de consulta a la población afectada, convocada por el Estado, que será libre, previa e informada. Se garantiza la participación ciudadana en el proceso de gestión ambiental y se promoverá la conservación de los ecosistemas, de acuerdo con la Constitución y la Ley. En las naciones y pueblos indígena originario y campesinos, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos propios”. 

indígenas de tierras bajas TIPNIS se mantienen firmes en su planteamiento de no destruír el parque, ni dividir en 2 su territorio. SEEM no deja de maniobrar aunque en la Asamblea no está por anular la Ley. O sea un dilema

No pocos consideran que la marcha del Conisur a La Paz fue propiciada por el Gobierno a fin de legitimar su decisión de sustituir la ley corta por otra que permita el paso por el corazón del Tipnis de la carretera de vertebración geográfica entre Beni y Cochabamba. 
Por cierto que son bastantes los hechos indicativos de tal posibilidad. No es casual que a los peros y reparos gubernamentales a la ley corta siguiera la marcha del Conisur, cuyo ingreso a La Paz fue oficialmente protegido, aunque en medio de golpes escénicos (ataques a policías y periodistas) que podrían pretender enmascarar la relación del Gobierno con los marchistas, a los cuales apoya el Servicio Departamental de Salud de La Paz, cobijándoles en coliseos ubicados en la zona de San Pedro y en Villa Victoria de esa ciudad.  
Huelga decir que el esquema no estaba dirigido a la confrontación, sino a un diálogo en el que las partes conciliaran posiciones respecto al Tipnis y la carretera que las comunidades nativas del Isiboro Sécure consideran una grave amenaza para su hábitat natural. Claro, un diálogo en el cual el contrapeso favoreciera al Gobierno y al Conisur, en la perspectiva de un epílogo definitorio de lo que este y aquel buscan: luz verde para la ruta por el corazón del Tipnis. 
Sin duda que tanto en las filas del Gobierno como en sus seguidores del  Conisur, fortalecía sus posiciones la presunción de que en la Confederación Indígena del Oriente, la marcha de Conisur (cuantitativamente inflada por sectores masistas) operaría efecto intimidatorio para la Cidob, el suficiente para que esta aceptase sin mayores remilgos la convocatoria de aquella matriz a dialogar con ella en un plazo de 48 horas, de cara a una conciliación (fin de la ley corta bajo modalidades de presuntos beneficios para los bandos contrapuestos) que ponga punto final al conflicto. 
Sucedió al revés. La Cidob declara que se mantendrá firme en su decisión de que no se anule la ley corta. ¿Diálogo? Sí, pero en Trinidad, con los corregidores indígenas del Tipnis, en un plazo de 20 días, que es el tiempo que requerirá la plena difusión de los términos y alcances de la norma jurídica por cuya vigencia está dispuesta a luchar hasta las últimas consecuencias. 
Así las cosas, el caso ingresa a una conflictividad mayor que inclusive puede derivar en enfrentamientos entre los colonizadores de la parte sur del Isiboro Sécure y las comunidades nativas que habitan el Tipnis. (Editorial de El deber, muy puntillozo)