El gobierno reactivó al menos 15 procesos contra tres ex autoridades regionales opositoras y un ex dirigente cívico que fueron reelectas en los comicios departamentales y municipales del pasado domingo.
La ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, explicó que están en marcha una serie de denuncias hechas ante el Ministerio Público, algunas de ellas ya casi en la etapa conclusiva de investigaciones, en contra de los gobernadores electos de Tarija, Mario Cossio; de Santa Cruz, Rubén Costas; y del Beni, Ernesto Suárez; además contra Jaime Barrón, alcalde electo de Sucre. “Contra Cossio tenemos 10 denuncias formalizadas, de las cuales cuatro ya tienen imputación formal para el inicio de juicio y el resto está en investigación. Costas tiene dos denuncias que se presentaron por temas que tienen que ver con obras fantasmas y otro por el mal uso de los recursos del IDH (para el referéndum autonómico)”, afirmó. Agregó que hay además dos denuncias presentadas contra Suárez que aún están en proceso de investigación. Estas “dos denuncias están en conocimiento de la Fiscalía General, porque solicitamos comisiones de fiscales para las investigaciones, porque no confiamos en los fiscales que están en el Beni, quienes siempre respondieron a Suárez”, señaló. Indicó que uno de los casos en proceso contra Suárez es por la supuesta adquisición de motores generadores de energía eléctrica con sobre precio. “Se compraron por 7.000 dólares cada motor, cuando sólo costaban 700 dólares aproximadamente, porque eran viejos y repintados. En éste caso que está a cargo de un fiscal de recursos de Sucre sólo estamos esperando los resultados finales de la investigación, que ya concluyó; esperáramos que pronto saque el fiscal la conclusión”, sostuvo. Apuntó que Jaime Barrón de igual modo tiene una investigación en su contra que está en proceso de investigación. Recordó que la Constitución Política del Estado no reconoce fuero ni privilegio alguno a nadie y que en caso de que algunas de estas autoridades electas sean sentenciadas serán suspendidas automáticamente de sus funciones. “Los únicos que tienen derecho a un juicio de responsabilidades son el Presidente y Vicepresidente. Los ministros, ministras y todo el resto de las autoridades tenemos que ser sometidos a la justicia ordinaria. Por que el hecho de tener juicio de responsabilidades logró la impunidad de varios servidores públicos en el pasado. Pero ahora una persona sancionada con sentencia está inhabilitada inmediatamente”, puntualizó.
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