Al rescate de YPFB
Tienen que ser muy severos los apremios contables de YPFB, para que sus autoridades se vean ahora obligadas a despedir gente. Serían alrededor de 200 los despedidos, de una planilla total de 2.800 -según fuentes no oficiales-, lo que tampoco es mucho. Se dice que el tiempo de la austeridad ha llegado. Se sabe, sin embargo, que el origen de los aprietos presupuestarios no proviene tanto de la nómina de empleados supernumerarios, y ni siquiera de los altos sueldos de sus ejecutivos, los más de ellos injustificados por su rendimiento.
Lo que en verdad ha disparado los costos de la estatal petrolera son los malos negocios, los megaproyectos de industrialización, la administración ineficiente y derrochadora, el clientelismo político que financia y, cómo no, la corrupción en gran escala. En un momento de caída dramática de los ingresos petroleros, el despilfarro tiene que estar pasando factura, incluso tal vez amenazando con llevar a YPFB a la ruina.
En ese sentido, el despido anunciado más parece estar dirigido a la tribuna, al tiempo que se busca poner un velo a los escándalos de corrupción. Querer mostrar la reducción de personal como la reestructuración de YPFB, no pasa de ser un burdo engaño.
El problema de fondo es que la empresa estatal ha sido secuestrada por facciones políticas, grupos corporativos y redes delictivas, que medran de sus recursos; antes abundantes, hoy más escasos. Son esos grupos los que a nombre de la ‘nacionalización’ han capturado la empresa y la han convertido en el núcleo de una red de corrupción que liga a ejecutivos y funcionarios con operadores políticos, empresas y contratistas inescrupulosos. La ‘nacionalización’, que debió recuperar el gas para los bolivianos, en realidad ha servido para que gente improvisada, que apenas entiende lo que es el negocio petrolero, haga y deshaga, según su pobre criterio, protegida políticamente, evadiendo las normas y la fiscalización, sin rendir cuentas a nadie; y cuando no para que un puñado de bribones hagan su agosto y se lleven la plata de los bolivianos a su bolsillo.
Lo cierto es que la corrupción y la incompetencia están matando la que debió ser la empresa emblema del país. Y, frente a la gravedad del mal que la aqueja, lo que se requiere es una cirugía mayor; no únicamente una disminución de personal, o la remoción de ciertas gerencias. La verdadera reforma de YPFB debe venir de su corporativización; es decir, su transformación en una sociedad accionaria, con participación estatal y privada. Y lo que el Estado debe hacer es formar paquetes accionarios, transados en la bolsa, y tanto mejor si es en las bolsas internacionales.
Convertir a YPFB en una corporación con participación accionaria privada sería la forma efectiva de frenar la injerencia política y devolverle autonomía de gestión; asegurar una gerencia de alto nivel y elevar su eficiencia empresarial; transparentar la administración, las operaciones y los proyectos, facilitar el acceso a capital y financiamiento (liberando al Estado de otorgarle financiamiento subsidiado), y, desde luego, erradicar la corrupción. La reingeniería institucional de YPFB debe seguir el camino recorrido por las empresas petroleras de los países vecinos, unos con más éxito que otros. Es la fórmula sensata y realista de recuperar YPFB al servicio de los intereses generales del país. Lo demás son parches, medidas inocuas que al final nada resuelven ni cambian.
Lo que en verdad ha disparado los costos de la estatal petrolera son los malos negocios, los megaproyectos de industrialización, la administración ineficiente y derrochadora, el clientelismo político que financia y, cómo no, la corrupción en gran escala. En un momento de caída dramática de los ingresos petroleros, el despilfarro tiene que estar pasando factura, incluso tal vez amenazando con llevar a YPFB a la ruina.
En ese sentido, el despido anunciado más parece estar dirigido a la tribuna, al tiempo que se busca poner un velo a los escándalos de corrupción. Querer mostrar la reducción de personal como la reestructuración de YPFB, no pasa de ser un burdo engaño.
El problema de fondo es que la empresa estatal ha sido secuestrada por facciones políticas, grupos corporativos y redes delictivas, que medran de sus recursos; antes abundantes, hoy más escasos. Son esos grupos los que a nombre de la ‘nacionalización’ han capturado la empresa y la han convertido en el núcleo de una red de corrupción que liga a ejecutivos y funcionarios con operadores políticos, empresas y contratistas inescrupulosos. La ‘nacionalización’, que debió recuperar el gas para los bolivianos, en realidad ha servido para que gente improvisada, que apenas entiende lo que es el negocio petrolero, haga y deshaga, según su pobre criterio, protegida políticamente, evadiendo las normas y la fiscalización, sin rendir cuentas a nadie; y cuando no para que un puñado de bribones hagan su agosto y se lleven la plata de los bolivianos a su bolsillo.
Lo cierto es que la corrupción y la incompetencia están matando la que debió ser la empresa emblema del país. Y, frente a la gravedad del mal que la aqueja, lo que se requiere es una cirugía mayor; no únicamente una disminución de personal, o la remoción de ciertas gerencias. La verdadera reforma de YPFB debe venir de su corporativización; es decir, su transformación en una sociedad accionaria, con participación estatal y privada. Y lo que el Estado debe hacer es formar paquetes accionarios, transados en la bolsa, y tanto mejor si es en las bolsas internacionales.
Convertir a YPFB en una corporación con participación accionaria privada sería la forma efectiva de frenar la injerencia política y devolverle autonomía de gestión; asegurar una gerencia de alto nivel y elevar su eficiencia empresarial; transparentar la administración, las operaciones y los proyectos, facilitar el acceso a capital y financiamiento (liberando al Estado de otorgarle financiamiento subsidiado), y, desde luego, erradicar la corrupción. La reingeniería institucional de YPFB debe seguir el camino recorrido por las empresas petroleras de los países vecinos, unos con más éxito que otros. Es la fórmula sensata y realista de recuperar YPFB al servicio de los intereses generales del país. Lo demás son parches, medidas inocuas que al final nada resuelven ni cambian.
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