En la edición del martes pasado del suplemento económico El Observador de este matutino, se ha publicado un extenso reportaje cuyo propósito principal era despejar las muchas dudas que existen sobre la verdadera naturaleza y propósito del centro nuclear que el Gobierno nacional se propone ejecutar durante los próximos años.
El resultado de ese intento no fue el que se esperaba, pues tal como ocurre con muchos de los principales megaproyectos que están en la agenda gubernamental, las explicaciones oficiales sólo han servido para acrecentar la incertidumbre. Y eso ocurre porque son tantas las contradicciones en que incurren las autoridades, tan diversas las versiones y los argumentos con que intentan hacer prevalecer sus decisiones, que resulta imposible evitar la sensación de que se está ocultando la verdad.
La confusión que se genera por esa manera de informar –o desinformar– a la ciudadanía comienza por la definición de la naturaleza del proyecto nuclear. Hasta ahora no se sabe si se trata de una planta cuyo fin último sería la producción de energía nuclear o sólo un centro destinado a fines médicos.
Una de las más recientes versiones oficiales, que desmiente a las anteriores, sostiene que lo que se propone construir el Gobierno no es una planta sino un centro nuclear. La diferencia es enorme, pues mientras una planta sirve para la producción de grandes cantidades de energía, un centro es algo mucho más sencillo, menos peligroso y por consiguiente menos sujeto a los cuestionamientos que en Bolivia, como en todo el mundo, se hacen con creciente intensidad a las plantas nucleares.
Esa nueva versión gubernamental es muy poco creíble. En efecto, todos los antecedentes del tema, entre los que se destacan muchas declaraciones del presidente Evo Morales, así como de las principales autoridades del sector energético nacional, coincidían hasta hace no mucho tiempo en definir el proyecto como uno de los principales pilares, junto con varias plantas hidroeléctricas, para hacer de Bolivia un importante proveedor de energía eléctrica a los países vecinos. Fue precisamente por eso que desde sus inicios el proyecto estuvo a cargo del Ministerio de Energía.
A lo anterior se suman muchos otros elementos de juicio que abonan la hipótesis de que el Gobierno no está informando al país con la debida franqueza sobre un asunto tan importante. Cabe destacar entre ellos el tamaño de los terrenos en los que se pretende emplazar el proyecto nuclear, cuya extensión supera con mucho los requerimientos de un centro nuclear, pero se adecuan cabalmente a lo que se necesita para una planta.
Hay pues abundantes motivos para temer que lo que está haciendo el Gobierno no es otra cosa que ocultar la verdad con el único propósito de evitar la fuerte resistencia que provocaría ésta si fuera expuesta sin tapujos. Si ese fuera el caso, estaríamos ante un inaceptable engaño a gran escala y no habría manera de justificar en el futuro la toma de tan importantes decisiones a espaldas de todo el país.
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