de "mal ejemplo" califica El Dia, la quiebra de una empresa evista "constructora del Ejército" con muchos millones de dólares arrojados al vacío. deudora a Yacimientos, a la Aduana, al ministerio de Obras, a sus trabajadores, a un banco extranjero,obras inconclusas unas, otras sin ejecutar con contratos firmados y anticipos esfumados, la disuelta Empresa es otra mas de "un cambio" que no cambia nada, lleva las cosas de mal en peor. Evo quiere echar tierra sobre el asunto para que se olvida, cuando todo indica que se debe mostrar al ciudadano mediante transparencia y celeridad lo desastroso del enjundio.


La reciente disolución por decreto gubernamental de la Empresa Constructora del Ejército, tiende a aminorar los visos de escándalo que supone habría alcanzado la quiebra de una empresa estatal que ha surgido con buen capital de arranque, contratos asegurados y predisposición de autoridades para dar paso a licitaciones directas en su favor. De hecho, se ha ocasionado un enorme daño económico al Estado que no es posible dejar pasar por alto, especialmente si han aflorado factores causales que tienen que ver con incompetencia absoluta, negligencia técnica y nefasta administración de los recursos. Por ello, habrá que hacer mucho más que solo identificar a los responsables.
 
Sin duda, dejar una secuela de millonarias deudas a los proveedores, a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, a la propia Aduana Nacional, al Ministerio de Obras Públicas, a sus trabajadores, un saldo sin pagar a un banco extranjero, además de mostrar un listado de obras inconclusas y sin iniciar, ha convertido a la disuelta Empresa Constructora del Ejército en uno de los malos ejemplos de administración pública de los últimos tiempos. Hasta donde se sabe, existe personal militar y civil involucrado en esta vergonzosa quiebra, la que debe ser sometida a la auditoría integral, para conocer a ciencia cierta cuáles son las verdaderas causas que la han provocado.
 
Si se considera que en el Directorio de la constructora estaba el Estado Mayor del Ejército, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Economía, el de Planificación y Desarrollo y de la Presidencia, resulta un imperativo saber cuál ha sido el rol de cada uno en un proceso que muestra enormes lagunas en el seguimiento de la empresa y su funcionamiento, a fin de identificar responsabilidades e iniciar el proceso legal que derive en las sanciones correspondientes. Si a los dos años de haberse constituido la empresa ya existían graves señales de inminente quiebra, es que las cosas han debido iniciarse y conducirse de una manera que conviene esclarecer amplia y completamente.
 
Si bien la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena) asumirá las deudas de la Constructora del Ejército, el Gobierno también asumirá parte de la millonaria deuda, que alcanza a los cien millones de bolivianos. Los críticos y sectores de la oposición ya han señalado que existen intentos gubernamentales de echar tierra al asunto hasta donde se pueda. Por ello, la primera meta del Gobierno y sus instancias pertinentes, será proceder con transparencia y celeridad para esclarecer lo que resulta una auténtica vergüenza para el Estado. No es posible ni tolerable que se proceda con tanta permisividad y tolerancia en un asunto donde se manejan recursos públicos.
 
Por donde se vea, la quiebra de la ahora disuelta Constructora del Ejército viene a ser uno de los malos ejemplos que el Gobierno debería esforzarse en no repetir. Si bien se ha estigmatizado la administración estatal, sería saludable que sobre la base del análisis de la quiebra de la ECE se perfilaran políticas tendentes a sancionar los daños lesivos al Estado de manera que sirva de precedente y escarmiento. De lo contrario, si este proceso no se esclarece como corresponde y exige la opinión pública, habrá razones poderosas para afirmar que el Gobierno desalienta la eficacia y eficiencia empresarial, cuando debería impulsar la administración estatal eficaz y capaz de superar a la privada.