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miércoles, 6 de marzo de 2013

tiene razón Hernán Rico jefe del SEDEGES cuando replica a Roxana Nery de la Gobernación por desconocer los derechos de niños y adolescentes en situación de calle (cleferos)



El Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de la Gobernación aseguró que la asambleísta Roxana Nery desconoce la normativa municipal, nacional e internacional en torno a las competencias de las instituciones públicas en la prevención, atención y protección de los derechos de los niños y adolescentes en situación de calle.
La declaración fue hecha, luego de que la asambleísta departamental lamentara el desinterés de las autoridades por los inhaladores de clefa, que en los últimos meses se han incrementado y se han desplazado de las denominadas “zonas rojas”, como la Coronilla,  hacia otros sectores de la ciudad.
El director del Sedeges, Hernán Rico, expresó, a través de un comunicado, que la asambleísta Nery “no conoce la Ley Nacional 2026, la Ordenanza 3842/08 y la Convención sobre los Derechos del Niño”.
Roxana Nery, presidenta de la Comisión de Desarrollo Humano de la Asamblea Departamental, denunció que “las autoridades (Alcaldía y Gobernación) están incumpliendo sus deberes, comenzando por la Secretaria de Desarrollo Humano, que debe tomar acciones concretas. Además, hay organizaciones que están predispuestas a brindar recursos, pero no hay voluntad”.
Según el Director del Sedeges, una de las funciones de la Asamblea Departamental es generar políticas públicas, a través de leyes departamentales, que busquen mejorar la prevención, atención y rehabilitación de las poblaciones en riesgo. Rico agregó que esperan que la asambleísta “no sólo critique, sino que realice una propuesta de ley que solucione los problemas sociales”.
El último censo realizado en Cochabamba arrojó que existen 486 niños, niñas y adolescentes, que son parte de una segunda generación de adictos, que han nacido y crecido en las calles.
Aún no se han pronunciado sobre el aumento de esta población en la ciudad de Cochabamba, Quillacollo y Sacaba, los consejos municipales de seguridad ciudadana ni el Consejo Departamental de Seguridad, que tienen entre sus competencias fiscalizar la aplicación de las políticas en favor de esta población. 

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