Luego del informe hecho público por la comisión conformada por la Iglesia Católica, la APDH y la FIDH, muchos se preguntan a quién creer, ¿si al Gobierno o a dicha comisión?
Para responder esa pregunta no sólo debe efectuarse un análisis de la problemática en torno a cómo se llevó a cabo la consulta y al propósito del Gobierno de llevar adelante la construcción de la carretera, sino también, determinar qué intereses ajenos podrían anteponerse a la ecuanimidad que se espera de ambas posturas.
Como están las cosas, el Gobierno es el que peor parado está. El decaimiento de su imagen fruto de los variados casos de corrupción que salen a la luz pública, han hecho que los argumentos que utilizan sus portavoces ante determinada problemática estén en entredicho por las sospechas de manipulación que se cree, siempre buscan manipular la verdad. Por ello es que la demagogia punitiva se encuentra hoy en su máximo apogeo; el caso de extorsión es la muestra más elocuente que grafica en qué medida el Gobierno dejó de ser veraz y cómo se desmorona una red que obliga a auditar jurídicamente casos que en su momento cobraron notoriedad.
Por tanto, la gente está convencida de que todo ese discurso bañado de retórica reinvindicacionista sólo ha servido para el uso maquiavélico de los instrumentos del poder y para dañar reputaciones y personas sin límite y consideración de ninguna naturaleza. Así lo ve la gente mayoritariamente. No habría, por tanto, por qué no creer que el proceso de consulta en el Tipnis haya atravesado por similares características.
El interlocutor que abandera atravesar un Parque Nacional al amparo de un proceso licitatorio cuestionado por los gremios profesionales, no tiene, a la luz de los hechos, credibilidad alguna en esta materia. Si se pusiera a consulta ciudadana la fiabilidad del Gobierno frente a la Iglesia Católica, seguramente ésta última supera en imagen y confianza a aquella. Si es así, ¿a quién debería creerse? ¿Quién dice la verdad a la hora de evaluar el procedimiento empleado para consultar a los indígenas de las tierras bajas?
El Gobierno, como lo hizo con el Defensor, está “obligado” a cuestionar el informe de la Iglesia, y a tratar de desacreditar a sus interlocutores y el contenido del texto. El objetivo oficialista es penetrar el Tipnis. No puede dejar que se piense que la consulta no se ajustó a los estándares de una “consulta previa”, y que fue precedida y acompañada de regalos y prebendas; que no se respetaron las normas de las comunidades y que el concepto de intangibilidad fue manipulado.
Termino aquí: sería desastroso para el MAS ser derrotado en el Tipnis. Cabe entonces cualquier argucia para tratar de consolidar un proyecto dañino por la forma como ha sido formulado. Por ello es que yo sí le creo a la Iglesia y a su informe, no al Gobierno y a lo que vaya a decir sobre el caso. Lo triste, empero, es que no está en juego ni mi palabra ni la del Gobierno o la del clero, está en juego el Tipnis, que no es poca cosa.
El autor es abogado
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