Seis días necesitaron los sindicatos de Bolivia para doblar el brazo al Gobierno de Evo Morales y forzar el retiro de un decreto que incrementó el precio de los carburantes hasta en 83% para evitar un millonario gasto en subsidios para el diesel y la gasolina.
Dos horas antes de que concluya el 2010, el Presidente ofreció un mensaje a la nación en el que anunció la anulación de ese instrumento legal, que había entrado en vigencia 26 de diciembre catapultando una protesta social y una espiral inflacionaria sin precedentes en la administración de Morales.
El Jefe de Estado justificó su determinación con el argumento de que con este retroceso cumplía con su promesa electoral de “gobernar escuchando al pueblo”.
“Es necesaria la medida, pero no es oportuna, he escuchado, he entendido las recomendaciones de los trabajadores y las organizaciones sociales”, declaró en Palacio de Gobierno, flanqueado por el Canciller David Choquehuanca y el Vicepresidente Alvaro García Linera, quien había sido el encargado de anunciar el “gasolinazo” seis días antes.
Morales anunció además que los decretos complementarios que aprobó para compensar la medida también quedaban nulos, entre ellos el que autorizó un incremento salarial del 20% y un doble aguinaldo para los funcionarios de la administración pública.
Antes de hacer conocer su determinación, explicó que el país perderá este año más de mil millones de dólares en la subvención a los carburantes y que esta cifra continuará en ascenso. Sin embargo, insistió en que esta vez tuvo que anteponer su compromiso de gobernar con el pueblo.
La aprobación del decreto de incremento al precio de los carburantes detonó masivas movilizaciones en seis regiones del país.
El jueves, que fue el día más contundente de la protesta, los manifestantes, entre ellos trabajadores de sindicatos afines al Gobierno, apedrearon instalaciones públicas en medio de estribillos que exigían la renuncia de Morales en caso de que no anule la norma.
Para este lunes, mineros, transportistas, maestros, juntas vecinales y otros sectores habían anunciado movilizaciones aún más contundentes, pero la madrugada de este sábado, al enterarse de la decisión presidencial en medio de sus festejos de fin de año, los dirigentes de estos gremios anunciaron la suspensión de las protestas.
“El Presidente ha escuchado al pueblo”, opinó el máximo dirigente de los transportistas, Franklin Durán. Luego anunció la suspensión de las medidas de presión. Lo mismo hicieron representantes de los mineros y de la Central Obrera Boliviana.
Durante los seis días de vigencia del decreto que elevó el precio de los carburantes, los precios de los pasajes subieron hasta en 100% y los productos de la canasta familiar en un promedio del 50%. Incluso la gubernamental Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos subió en 15% el precio de los alimentos que comercializa y el Gobierno aprobó una tabla referencial de nuevas tarifas para el transporte con un 30% de incremento.
Además, la medida provocó incertidumbre en los ahorristas del sistema bancario, que el último jueves se tradujo en una corrida de más de 80 millones de dólares en apenas algunas horas.
El Canciller Choquehuanca admitió este sábado, en una entrevista con el periódico La Razón, que el retroceso del Gobierno “evitó un enfrentamiento entre bolivianos”.
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