Cuando los expertos han comenzado a hablar de una situación de sobreendeudamiento por parte del Gobierno nacional, las exigencias de indemnizaciones por parte de las empresas afectadas por las nacionalizaciones vienen a crear nuevas obligaciones para el Estado.
La nacionalización de empresas generadoras de electricidad, dispuesta por el presidente Evo Morales el primero de mayo, ha provocado inmediatos anuncios de procesos ante tribunales de arbitraje internacionales por parte de los perjudicados.
En las nacionalizaciones dispuestas anteriormente por el actual Gobierno, en cambio, las reacciones de las empresas afectadas se hicieron esperar, al parecer porque esperaban las compensaciones que habían sido ofrecidas en el momento de los anuncios políticos.
Esta vez la empresa británica Rurelec, socia principal de Guaracachi, y la francesa GDF Suez, que era socia de Corani, han hecho saber que esperan un arreglo rápido, pero advirtieron que si eso no se diera, tienen todo listo para iniciar una acción legal en tribunales internacionales.
Para estos casos, el Gobierno ha creado un Ministerio de Defensa del Estado, que debe evitar que el país pague demasiado por las empresas que nacionaliza el presidente Morales.
Hasta ahora, ese ministerio ha tenido un desempeño deficiente, a juzgar por los resultados obtenidos. El resultado más lamentable se dio en el caso de la defensa planteada ante la empresa italiana ETI Telecom, que había capitalizado ENTEL durante el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada.
Aunque en Bolivia se ha tendido un manto de silencio sobre este caso, los italianos están seguros de que van a cobrar más de 1.000 millones de dólares, tarde o temprano. Sin embargo, quizá sea mejor que se pague temprano, pues el comité ad hoc donde se ventila el caso ante la negativa del Gobierno boliviano de aceptar la jurisdicción del CIADI, ha recibido la exigencia de que se aplique un interés compuesto de un 10% anual desde el momento que se produjo la nacionalización, es decir desde el primero de mayo de 2008.
La lista de los pagos pendientes se está extendiendo. Está la empresa chilena Quiborax, que pide 66 millones de dólares; las empresas que fueron socias en la Compañía Logística de Hidrocarburos Boliviana (CLHB), que esperan recibir 40 millones de dólares; la Transredes, que aspira a cobrar 120 millones; la Pan American Energy, con un monto por definirse; y ahora las socias de las generadoras eléctricas. El monto que exige ETI es, de todos modos, el más alto y supera la suma de todos los demás.
El panorama se complica todavía más con las informaciones sobre el estado en que se encuentran algunas empresas estatales, con deudas que superan los 100 millones de dólares, según dicen informes de prensa y denuncias a cargo de figuras políticas.
Por todo esto, es oportuno que las autoridades presten atención a la situación de la economía, pero sobre todo que tomen previsiones para que algunas decisiones políticas no terminen perjudicando al país. (Editorial de El Deber de Santa Cruz)
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