Aunque el depuesto presidente Manuel Zelaya prosigue con su vocinglera campaña para volver a la presidencia de su país y terminar los últimos seis meses de su mandato, el secretario de Justicia de esta nación sigue recolectando pruebas que pudieran poner a Zelaya tras las rejas --o mantenerlo callado-- durante años.
Zelaya y en presidente interino Roberto Micheletti fueron el jueves a Costa Rica para empezar a negociar una salida a la crisis política del país. Pero el Congreso y otra ramas del gobierno han sugerido que algunas cosas no son negociables, como deponer los cargos para que Zelaya pueda regresar.
El secretario de Justicia adjunto Roy David Urtecho, nombrado bajo el gobierno de Zelaya, dijo que su oficina resistiría enérgicamente cualquier presión que buscara lenidad.
"Sólo el Congreso puedo extender aministía'', dijo. "Pero nosotros tomaremos todas las medidas legales necesarias para que ninguna acusación que se haya hecho, o se vaya a hacer, contra un funcionario público quede impune''.
Zelaya afronta cuatro cargos: abuso de poder, traición, usurpación de de poderes e intentos contra la forma de gobierno.
Sólo la traición y los intentos contra la forma de gobierno pudieran considerarse cargos "políticos'', han dicho expertos legales.
Los problemas legales de Zelaya se derivan de un solo problema: su agresiva lucha por un referendo nacional que, según confiaba, le hubiera permitido reformar la constitución.
En lo que el Congreso y los tribunales bloqueaban legalmente cada uno de sus pasos, Zelaya cambió de táctica, hizo caso omiso de los fallos y despidió a los que se interponían en su camino. Todo culminó el 25 de junio cuando congregó a sus partidarios para entrar por la fuerza en un edificio del gobierno que estaba bajo guardia y apoderarsedel confiscado material para el referendo.
Fue la gota que rebosó el vaso.
El 26 de junio, el Tribunal Supremo ordenó su arresto, según documentos provistos por la oficina de la secretaría de Justicia. En la mañana del 28 de junio --el mismo día en que se suponía tuviera lugar el referendo-- un grupo de soldados escoltó a punta de pistola a Zelaya a un avión que lo condujo, en pijamas, a Costa Rica. Además de eso, el jefe de despacho de Zelaya, Enrique Flores Lanza, está acusado de abuso de poder y mal uso de fondos públicos por haber retirado 40 millones de lempiras (unos $2.2 millones) en efectivo del Banco Central, cuatro días antes de la caída de Zelaya.
Urtecho dijo que pudieran haber más cargos. "Hemos recibido reportes sobre contratos gubernamentales que violaban la ley'', dijo. "Pero toda la documentación que nos hacía falta estaban en manos de los funcionarios que dejaron sus oficinas el 28 de junio''.
Desde la salida de Zelaya, muchos de sus ministros han huido y todo el gabinete ha sido reemplazado.
Los partidarios de Zelaya ven los cargos como una maniobra para impedir cualquier negociación.
"Los tribunales y el secretario de Justicia trabajan para Micheletti y hay una total falta de transparencia en el sistema legal'', dijo Eduardo Enrique Reina, secretario privado y ministro de comunicaciones de Zelaya en una llamada telefónica. "El mecanismo legal que usaron para salir de Zelaya fue una ametralladora''. Samuel Zelaya, un organizador de protestas no vinculado con el presidente, dijo que algunos de los documentos legales producidos por el gobierno son sospechosos. Aunque la orden de arresto del presidente tenía fecha 26 de junio, nadie sabía de ella. En realidad, Zelaya tuvo una conferencia de prensa con miembros del cuerpo diplomático el 27 de junio. "Si cualquira hubiera sabido sobre esa orden no hubieran estado allí'', dijo. El documento sólo se hizo público tras la salida de Zelaya del país.
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