El Gobierno pretende cargarse encima dos procesos políticos al mismo tiempo: uno “revolucionario” y otro de ajuste, de corte conservador.
El primero lo viene desarrollando desde el 2006 con tintes marcadamente populistas y con un alto costo financiero. El segundo es ineludible y pese a que nadie habla de ello, deberá aplicarlo cuanto antes, de lo contrario pondrá en riesgo la estabilidad y la paz social en el país.
Es la primera vez que estamos ante un fenómeno semejante en Bolivia, donde la lógica ha sido siempre una suerte de especialización de los regímenes: mientras que unos se dedican a “revolucionar”, “refundar” y trastocarlo todo, otros son los que deben encarar la reparación de los daños. Es lo que está ocurriendo con Argentina, donde Mauricio Macri está llevando adelante un arduo trabajo de restauración y es también lo que seguramente se producirá en Ecuador, donde inteligentemente Rafael Correa ha decidido dar un paso al costado justo en el momento en el que aparecen los tiempos difíciles; es lo que pasará en Venezuela, donde se necesita cirugía mayor.
El régimen está anunciando con bombos y platillos un plan de inversiones hasta el año 2025 que contempla algo menos de 50 mil millones de dólares. Los ideólogos aseguran que esta plata tendrá un gran impacto productivo, pero todos sabemos muy bien a qué se refiere el Gobierno cuando habla de producción; es decir, más estatismo, obras faraónicas y cuando mucho, inversión en infraestructura, muy floja en calidad y transparencia. En resumen, más de lo mismo, pues en la última década se han gastado más de 150 mil millones de dólares y el país sigue tan improductivo como antes, más extractivista que en el pasado y con la misma fragilidad frente a la caída de los precios de las materias primas.
Este plan tiene el mismo cariz electoralista que lo hecho desde el 2006 y es casi imposible imaginar a un “proceso de cambio” funcionando alejado del gigantesco derroche y clientelismo que ha estado desplegando a manos llenas gracias al histórico periodo de “vacas gordas”.
Reiteradamente se les exige a los máximos responsables del sector público, ¿cuál es el plan que tienen diseñado para enfrentar la crisis? y responden de manera tozuda que no tienen más que la agenda 2025, cuando en realidad tiene necesariamente que hablar de austeridad, de recortes en los gastos, de eliminación de empresas deficitarias, de interrupción de los planes descabellados que están en marcha y que se comen millonadas y seguramente de la puesta en marcha de algunas reformas para corregir algunos desbalances que se han creado gracias a la política prebendalista vigente.
Este ajuste debe ser iniciado cuanto antes y al margen de la posición que resulte triunfadora en el referéndum del 21 de febrero. Obviamente lo tendrá que encarar la administración que conduce el presidente Morales, quien debe poner a prueba su liderazgo, puesto que ajustar los cinturones siempre ocasiona conflictos sociales. No hay duda que es aquí que cuando se entiende perfectamente que la consulta venidera se convierte en un factor de riesgo de agravar aún más el difícil periodo que debemos enfrentar.
La agenda 2025 tiene el mismo cariz electoralista que lo hecho desde el 2006 y es casi imposible imaginar a un 'proceso de cambio' funcionando alejado del gigantesco derroche y clientelismo que ha estado desplegando a manos llenas gracias al histórico periodo de 'vacas gordas'.
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