“Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: a) Matanza de miembros del grupo; b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo”. (Declaración de Naciones Unidas).
A un año de Chaparina -25 de septiembre 2011- la memoria recobra el mismo dolor y espanto recordando la represión genocida aplicada a hombres, mujeres, personas de la tercera edad, niñas y niños del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Caminaban en su VIII Marcha en defensa de su hábitat en medio de la selva, la flora y la fauna vivas en ese escenario, desde el pleistoceno, hace más de un millón de años. El TIPNIS provee a los miembros del gran reino animal, en Bolivia: oxígeno, régimen fluvial y pluvial y cursos de agua imprescindibles para vivir.
La VIII Marcha pretendía impedir -aún pretende- que el presidente del Estado Plurificciones, Evo Morales, hiera esa riqueza natural milenaria y generosa, hasta matarla, con una carretera cocalera. Es decir, expandir la frontera agrícola de la coca, consolidar la capitalista e ilegal economía política de la cocaína y la esfera de su circulación, vía el criminal circuito del narcotráfico.
En el abismo de la intolerancia donde se trituran la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, la memoria permanece intacta e indignada ante la impunidad de entonces y la de hoy.
Permanece imbatible frente a los Pilatos que se lavan las manos con cara de yo no fui, mientras la justicia es una invitada de piedra porque duerme el horror de los injustos.
Aquel 25 de septiembre pasado, el pueblo indígena fue sorprendido a mansalva mientras tomaban un descanso reparador tras agotadoras caminatas rumbo a la sede de Gobierno, distante a 500 Km.
¡Cómo olvidar a niñas y niños llorado y corriendo hacia la espesura del bosque, con el terror en los ojos, mientras miraban a sus padres apaleados y huían de las represivas manos policíacas que querían ‘cazarlos’ como trofeos de guerra, para trasladarlos a otro lugar! Esa vil maniobra corresponde al inciso e) de la Naciones Unidas: sobre genocidio: Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
La violencia como forma de acción política impune lleva inevitablemente a formas de totalitarismo. Aquí se presenta como izquierda -antidemocrática siempre- con carátula de socialismo del siglo XXI, o Estado Plurificciones, más que plurinacional, pues reprime a unos, como a los indígenas del Oriente de Bolivia, los divide a punta de prebendas y les mella la dignidad, los reprime y maltrata, pero premia con creces a sus afines.
Nunca dejaremos de recordar a Miriam Yubanoré maniatada por la espalda y con cinta adhesiva en la boca, arrastrada por el campo como presa de caza. Tampoco olvidamos a Fernando Vargas con las marcas de los golpes recibidos; a Celso Padilla y a otros arrastrados a campo traviesa como animales. A los estoicos dirigentes Adolfo Chávez, Justa Cabrera, Bertha Bejarano, Marcial Fabricano, Pedro Nuni, Lázaro Tacoo y a todas las víctimas, unas mortales y otras marcadas de por vida. Como Nazareth Flores, que abortó durante esa marcha, tras la huida que destrozó sus entrañas. Ése hijo nonato, le da coraje para seguir luchando por su territorio, su vida, el derecho a pensar diferente y a exigir justicia.
Todas esas acciones están penadas por la declaración de Naciones Unidas sobre genocidio: b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
Que el oficialismo niegue su responsabilidad en la represión genocida en Chaparina, indigna y llama al repudio colectivo sin indulto contra sus autores. Hoy nadie duda que aquella violenta intervención fue una decisión política del más alto rango gubernamental. En primer lugar, el doble presidente Evo Morales: de los cocaleros que producen la materia prima de la cocaína, y de la ex Republica de Bolivia. Aquí nadie mueve un dedo sin consentimiento de Morales que controla absolutamente todos los poderes.
En Chaparina NO HUBO ruptura de la cadena de mando como pretenden hacer creer a Bolivia y al mundo, y como impúdicamente aseveró Morales ante Naciones Unidas, la semana pasada, descargando toda la culpa de esa acción en las filas policiales. Sin embargo, el jefe de aquella operación, es hoy Comandante Nacional de la Policía. Ese título es el pago a sus abyectos servicios.
Sin embargo, no somos idiotas, les recordamos una vez más: la decisión la tomó el ‘jefazo’ que se dice indígena, la secundaron y aprobaron el ‘Vice’, altos mandos militares y policiales, algunos más, entre ellos el ministro de gobierno de entonces, Sacha Llorenti quien dio la orden a otro, éste a otro, hasta llegar al mando policial.
Nada quedó al azar, pues días antes de la ‘intervención’ les habían restringido a los marchistas el acceso a provisión de medicina, alimentos y agua: inciso c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. En la zona ya estaban instalados camiones, buses y aviones Hércules de la Fuerza Aérea, para trasladar a las y los detenidos hasta La Paz. ¡Y ahora dice Morales que él fue sorprendido! Su cinismo hiere la inteligencia.
¡Esa fue la cadena de mando que, tras un año, goza de absoluta impunidad! Con ella se cubre con un manto impenetrable a quienes concibieron la represión, como autores intelectuales, Morales entre ellos, hasta quienes la ejecutaron, como autores materiales, la policía!
El resultado es el mismo: el impulso de dominar y castigar, a costa de sus propias vidas, a los indígenas de Tierras Bajas, que se oponen a la carretera cocalera que destruirá el TIPNIS. Por eso se protegen unos a otros, y Llorenti, de triste recuerdo, es designado embajador ante Naciones Unidas como premio a la impunidad.
El ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, lamentó a un año de los hechos de Chaparina que no se haya hallado a los responsables de la agresión. Afirmó que el país va en contra ruta, en lugar de sancionar a los responsables se los premia. “Porque las víctimas no tienen la posibilidad de encontrar justicia, desde la propia Fiscalía se generan los mecanismos de impunidad, a tal extremo que el principal responsable de estos hechos en lugar de ser accionado legalmente, de estar bajo un proceso, más bien ha sido condecorado y premiado”.
Donde no hay justicia y la impunidad se premia, hay dictadura. La misma que en Bolivia avanza a paso firme, a costa de la convivencia democrática y de los Derechos Humanos. “Donde no hay justicia, es peligroso tener razón”, decía el escritor español Francisco de Quevedo (1580- 1645). Hoy su sentencia sigue vigente porque en Chaparina hubo violencia genocida, como apunta la Declaración de Naciones Unidas y a un año, la in-justicia protege a los genocidas.
A un año de Chaparina -25 de septiembre 2011- la memoria recobra el mismo dolor y espanto recordando la represión genocida aplicada a hombres, mujeres, personas de la tercera edad, niñas y niños del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro-Sécure (TIPNIS).
Caminaban en su VIII Marcha en defensa de su hábitat en medio de la selva, la flora y la fauna vivas en ese escenario, desde el pleistoceno, hace más de un millón de años. El TIPNIS provee a los miembros del gran reino animal, en Bolivia: oxígeno, régimen fluvial y pluvial y cursos de agua imprescindibles para vivir.
La VIII Marcha pretendía impedir -aún pretende- que el presidente del Estado Plurificciones, Evo Morales, hiera esa riqueza natural milenaria y generosa, hasta matarla, con una carretera cocalera. Es decir, expandir la frontera agrícola de la coca, consolidar la capitalista e ilegal economía política de la cocaína y la esfera de su circulación, vía el criminal circuito del narcotráfico.
En el abismo de la intolerancia donde se trituran la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos, la memoria permanece intacta e indignada ante la impunidad de entonces y la de hoy.
Permanece imbatible frente a los Pilatos que se lavan las manos con cara de yo no fui, mientras la justicia es una invitada de piedra porque duerme el horror de los injustos.
Aquel 25 de septiembre pasado, el pueblo indígena fue sorprendido a mansalva mientras tomaban un descanso reparador tras agotadoras caminatas rumbo a la sede de Gobierno, distante a 500 Km.
¡Cómo olvidar a niñas y niños llorado y corriendo hacia la espesura del bosque, con el terror en los ojos, mientras miraban a sus padres apaleados y huían de las represivas manos policíacas que querían ‘cazarlos’ como trofeos de guerra, para trasladarlos a otro lugar! Esa vil maniobra corresponde al inciso e) de la Naciones Unidas: sobre genocidio: Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo.
La violencia como forma de acción política impune lleva inevitablemente a formas de totalitarismo. Aquí se presenta como izquierda -antidemocrática siempre- con carátula de socialismo del siglo XXI, o Estado Plurificciones, más que plurinacional, pues reprime a unos, como a los indígenas del Oriente de Bolivia, los divide a punta de prebendas y les mella la dignidad, los reprime y maltrata, pero premia con creces a sus afines.
Nunca dejaremos de recordar a Miriam Yubanoré maniatada por la espalda y con cinta adhesiva en la boca, arrastrada por el campo como presa de caza. Tampoco olvidamos a Fernando Vargas con las marcas de los golpes recibidos; a Celso Padilla y a otros arrastrados a campo traviesa como animales. A los estoicos dirigentes Adolfo Chávez, Justa Cabrera, Bertha Bejarano, Marcial Fabricano, Pedro Nuni, Lázaro Tacoo y a todas las víctimas, unas mortales y otras marcadas de por vida. Como Nazareth Flores, que abortó durante esa marcha, tras la huida que destrozó sus entrañas. Ése hijo nonato, le da coraje para seguir luchando por su territorio, su vida, el derecho a pensar diferente y a exigir justicia.
Todas esas acciones están penadas por la declaración de Naciones Unidas sobre genocidio: b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo.
Que el oficialismo niegue su responsabilidad en la represión genocida en Chaparina, indigna y llama al repudio colectivo sin indulto contra sus autores. Hoy nadie duda que aquella violenta intervención fue una decisión política del más alto rango gubernamental. En primer lugar, el doble presidente Evo Morales: de los cocaleros que producen la materia prima de la cocaína, y de la ex Republica de Bolivia. Aquí nadie mueve un dedo sin consentimiento de Morales que controla absolutamente todos los poderes.
En Chaparina NO HUBO ruptura de la cadena de mando como pretenden hacer creer a Bolivia y al mundo, y como impúdicamente aseveró Morales ante Naciones Unidas, la semana pasada, descargando toda la culpa de esa acción en las filas policiales. Sin embargo, el jefe de aquella operación, es hoy Comandante Nacional de la Policía. Ese título es el pago a sus abyectos servicios.
Sin embargo, no somos idiotas, les recordamos una vez más: la decisión la tomó el ‘jefazo’ que se dice indígena, la secundaron y aprobaron el ‘Vice’, altos mandos militares y policiales, algunos más, entre ellos el ministro de gobierno de entonces, Sacha Llorenti quien dio la orden a otro, éste a otro, hasta llegar al mando policial.
Nada quedó al azar, pues días antes de la ‘intervención’ les habían restringido a los marchistas el acceso a provisión de medicina, alimentos y agua: inciso c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial. En la zona ya estaban instalados camiones, buses y aviones Hércules de la Fuerza Aérea, para trasladar a las y los detenidos hasta La Paz. ¡Y ahora dice Morales que él fue sorprendido! Su cinismo hiere la inteligencia.
¡Esa fue la cadena de mando que, tras un año, goza de absoluta impunidad! Con ella se cubre con un manto impenetrable a quienes concibieron la represión, como autores intelectuales, Morales entre ellos, hasta quienes la ejecutaron, como autores materiales, la policía!
El resultado es el mismo: el impulso de dominar y castigar, a costa de sus propias vidas, a los indígenas de Tierras Bajas, que se oponen a la carretera cocalera que destruirá el TIPNIS. Por eso se protegen unos a otros, y Llorenti, de triste recuerdo, es designado embajador ante Naciones Unidas como premio a la impunidad.
El ex defensor del Pueblo, Waldo Albarracín, lamentó a un año de los hechos de Chaparina que no se haya hallado a los responsables de la agresión. Afirmó que el país va en contra ruta, en lugar de sancionar a los responsables se los premia. “Porque las víctimas no tienen la posibilidad de encontrar justicia, desde la propia Fiscalía se generan los mecanismos de impunidad, a tal extremo que el principal responsable de estos hechos en lugar de ser accionado legalmente, de estar bajo un proceso, más bien ha sido condecorado y premiado”.
Donde no hay justicia y la impunidad se premia, hay dictadura. La misma que en Bolivia avanza a paso firme, a costa de la convivencia democrática y de los Derechos Humanos. “Donde no hay justicia, es peligroso tener razón”, decía el escritor español Francisco de Quevedo (1580- 1645). Hoy su sentencia sigue vigente porque en Chaparina hubo violencia genocida, como apunta la Declaración de Naciones Unidas y a un año, la in-justicia protege a los genocidas.
