Las declaraciones y aclaraciones que ha realizado el Ministro de Hidrocarburos, motu proprio, respecto a que el Gobierno garantizará la provisión de carburantes al sector público y no así al privado, para luego desdecirse y afirmar que se garantiza ese suministro a todos los usuarios, podrían deberse a dos razones no excluyentes: o el dignatario efectivamente se ha confundido de lugar o ha sido traicionado por su inconsciente.
Puede ser la primera porque la declaración coincidió con la decisión del Gobierno venezolano de “multar” a los usuarios de electricidad que no disminuyan el consumo en un 10 por ciento para así paliar la crisis energética que vive ese país no por la ineficiente administración estatal, ineficiencia que se carga a la ciudadanía.
Y si fuera la segunda, la lógica responde a que no hay mayor placer para el burócrata centralista que fijar la forma de consumo de la gente como sucedía en los países del denominado socialismo real. Pero, no hay mejor caldo de cultivo de corrupción que comenzar a diferenciar usuarios. Suponiendo que la voluntad del ministro se hiciera realidad, estemos seguros que la cantidad de ciudadanos dedicados al transporte público aumentará geométricamente, al igual que la concesión -¿a cambio de qué?- de permisos para exhibirlos ante los cada vez menos surtidores y el mercado negro.
Ojalá que, como finalmente ha asegurado el dignatario, impere la razón y antes que comenzar a abrir nuevas grietas y escenarios de conflicto, se administre mejor el Estado y, a guisa de ejemplo, no se haya abierto la puerta a más de 100.000 vehículos ilegales que afectan nuestro medio ambiente y consumen carburantes.
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