Ramón Rocha Monroy se refiere al cambio inexplicable de haber sido Bolivia "tierra libre de transgénicos en 2010" a otro que sí los acepta, alaba sus cualidades los aplica rebajando la calidad del producto alimenticio

Dije alguna vez que la cumbia villera se parece a los transgénicos porque provoca la extinción de las especies nativas. Era una defensa del huayño, la cueca, el bailecito, la kullawada y otros bailes nativos contra la arremetida de ese híbrido que nos invadió durante un tiempo del modo más descontrolado.

Era una broma, pero se ha vuelto un tema serio, y ya no por mediación de la cumbia vishera sino por la aprobación inminente de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, que abre las puertas a la importación de semillas genéticamente modificadas de soya, cebada, remolacha, zapallo, tomate, caña de azúcar y otras especies. Los analistas dicen que en Bolivia se cultiva soya transgénica desde hace más de una década, y que los alimentos donados desde 1997 contienen transgénicos, que también podemos encontrar en más de 50 productos elaborados con materia prima transgénica: frutas, enlatados, papa, tomate, manzana, uva, galletas, yogurt, margarina, jugos y otros alimentos importados legal o ilegalmente. El problema radica en comprar semilla transgénica a transnacionales como Monsanto, Bayer o Cargill, porque crea una dependencia en la compra de dichas semillas y porque dicha semilla está ligada al glifosato, un químico que destruye las especies nativas. Entre estas últimas, se ha denunciado que en Colombia se usa el glifosato para erradicar los cultivos de coca.

Hay informes de la FAO y la Unesco que condenan el negocio transgénico porque está unido a un modo de producción agrícola depredador, debido a que usa venenos agroindustriales que contaminan las especies nativas.  Como prueba, citan una demanda de 270 mil agricultores orgánicos contra Monsanto ante una corte de Nueva York, porque las semillas orgánicas no pueden coexistir con las semillas transgénicas. Como se sabe, Bolivia es el lugar de origen de todos los ajíes, de la hoja de tabaco, de la coca y de cientos de variedades de maíz, papa, quinua, nuez amazónica, frejoles, maní y raíces andinas y otros cultivos en los cuales se basa la soberanía alimentaria del mundo.

Entre los venenos agroindustriales hay que destacar el glifosato, que es también una amenaza para la salud humana.

Los cultivos transgénicos no son cultivos de alimentos para solucionar el hambre en el mundo; son negocios de inversores capitalistas para acomodarlos en el mercado que mejor dé réditos; por ejemplo, la fabricación de agrocombustibles a partir del maíz, la soya y la caña de azúcar. Los estudiosos dicen que la zona agrícola del planeta podría alimentar a 12 mil millones de habitantes, el doble de la población actual, pero las prioridades de los inversionistas son otras. Por eso alientan el uso de transgénicos.

¿Qué ha podido ocurrir para que en abril de 2010 se declare a Bolivia “territorio libre de transgénicos” y a un año se abra las puertas a esos productos? Dos exsenadores ligados al partido oficial dicen que hay agentes neoliberales incrustados en el Gobierno, que conspiran contra la Constitución del Estado Plurinacional y restan argumentos a quienes se sienten parte del proceso sin ser necesariamente militantes del partido oficial. 
 

Publicación especializada asigna a Bolivia y Colombia condición de Estados Fallidos en América del Sur con alerta naranja. Muy interesante!

Bolivia ocupa el puesto 59, con alerta naranja y segundo de Latinoamérica, en el índice de Estados Fallidos (FSI) que publica cada año  la "Fund for Peace", basándose en 12 factores preestablecidos sobre seguridad, derechos humanos, desarrollo y otros factores, que toman como referencia las informaciones difundidas en los medios digitales de cada país.

En la página web http://www.fundforpeace.org/  el Fondo difundió la séptima edición de la lista de los 177 países evaluados que encabeza Somalia con 113,4 puntos; Chad con 110,3; Sudán 110,7;Congo 108, 2 entre los primeros cuatro lugares caracterizados de color rojo como países en "alerta" por la inseguridad y violación a los Derechos Humanos.

Colombia ocupa el puesto 44 con 87,0 puntos y es el primer país de Latinoamérica en alerta naranja que difunden en su página web,  seguido de Bolivia  con 82,9 puntos y Uruguay el puesto 154 que resalta en color amarillo como país "moderable".

Los 12 factores que considera la institución son: la presión demográfica creciente; movimientos masivos de refugiados y desplazados internos; descontento grupal y búsqueda de venganza, huida crónica y constante de población; desarrollo desigual entre grupos; crisis económica aguda o grave; criminalización y deslegitimación del Estado; deterioro progresivo de los servicios públicos; violación extendida de los Derechos Humanos; aparato de seguridad que supone un ‘Estado dentro del Estado’; ascenso de élites faccionalizadas e intervención, de otros Estados o factores externos.

QUÉ ES THE FUND FOR PEACE

El Fondo para la Paz (The Fund for Peace) es una organización independiente, no partidista y sin fines de lucro, de investigación y educación que trabaja en diferentes países del mundo para prevenir los conflictos violentos y promover la seguridad sostenible.

El trabajo  de la organización se centra en los problemas de los estados débiles y calificados como incompetentes. El objetivo que siguen es el de crear herramientas y enfoques prácticos para la mitigación de los conflictos que son de utilidad para los líderes que toman decisiones en cuestión de desarrollo.

El Fondo para la Paz ha trabajado en más de 50 países con socios en todos los sectores: gobiernos, organizaciones internacionales, las organizaciones militares, gubernamentales, académicos, periodistas, las redes de la sociedad civil y el sector privado.

Elaboraron la herramientas del sistema para la evaluación de conflictos (CAST), que analiza los contenido de productos de software que proporciona un marco conceptual y una técnica de recopilación de datos para medir el riesgo de conflicto.

Ellos producen el Índice de los Países Fallidos, un ranking anual de 177 países a través de 12 indicadores, que es publicado por la revista Foreign Policy.

será cierto que se viene restricción en materia energética en Bolivia, se pregunta LT en relación a un zafe del ministro de Hidrocarburos.

Las declaraciones y aclaraciones que ha realizado el Ministro de Hidrocarburos, motu proprio, respecto a que el Gobierno garantizará la provisión de carburantes al sector público y no así al privado, para luego desdecirse y afirmar que se garantiza ese suministro a todos los usuarios, podrían deberse a dos razones no excluyentes: o el dignatario efectivamente se ha confundido de lugar o ha sido traicionado por su inconsciente.

Puede ser la primera porque la declaración coincidió con la decisión del Gobierno venezolano de “multar” a los usuarios de electricidad que no disminuyan el consumo en un 10 por ciento para así paliar la crisis energética que vive ese país no por la ineficiente administración estatal, ineficiencia que se carga a la ciudadanía.

Y si fuera la segunda, la lógica responde a que no hay mayor placer para el burócrata centralista que fijar la forma de consumo de la gente como sucedía en los países del denominado socialismo real. Pero, no hay mejor caldo de cultivo de corrupción que comenzar a diferenciar usuarios. Suponiendo que la voluntad del ministro se hiciera realidad, estemos seguros que la cantidad de ciudadanos dedicados al transporte público aumentará geométricamente, al igual que la concesión -¿a cambio de qué?- de permisos para exhibirlos ante los cada vez menos surtidores y el mercado negro.

Ojalá que, como finalmente ha asegurado el dignatario, impere la razón y antes que comenzar a abrir nuevas grietas y escenarios de conflicto, se administre mejor el Estado y, a guisa de ejemplo, no se haya abierto la puerta a más de 100.000 vehículos ilegales que afectan nuestro medio ambiente y consumen carburantes.

Boris Gómez se refiere a Venezuela y la errática política que en materia energética acomete en detrimento de sus ciudadanos

Hace varios meses que muchos amigos míos, expertos analistas y ejecutivos del sector hidrocarburos y energía de Venezuela que viven exiliados en Estados Unidos me han estado contando -vía email- las erráticas “políticas públicas” que el régimen venezolano aplica con relación al tema energético.

Desde la venta de bonos para su estatal petrolera con el afán de recolectar más dinero en efectivo, hasta la pretendida venta de la subsidiaria que la petrolera estatal venezolana tiene en Estados Unidos para seguir financiando el proyecto político “socialismo del siglo XXI”.

Y pese a la gran cantidad de millones de dólares que produce Venezuela por venta de crudo su régimen siempre anda corto de cash para, por ejemplo, sacar a Venezuela de la pobreza, la marginalidad y dotarle de mejores servicios públicos, entre ellos viviendas dignas para millones de venezolanos que no tienen donde vivir. Además de las malas movidas que el régimen realiza con relación a su recurso no renovable más importante -el petróleo- se debe agregar el despilfarro de dinero en financiamiento de regímenes títeres en la región: poniendo millones de dólares en regímenes socialistas en varios países de Latinoamérica. Sin el financiamiento del régimen venezolano varios gobiernos títeres en la región habrían caído ya en desgracia.

La prensa internacional nos trae otra perla de las “excelentes” políticas públicas del régimen venezolano en energía: hace unos días Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra la petrolera estatal venezolana nada menos que “por hacer negocios con Irán”. Por la venta de productos refinados de petróleo a Irán que tiene, pese a su potencial, alta demanda de combustible.

Aquí un paréntesis obligado: el régimen boliviano está totalmente enamorado del dictador iraní, tal es así que tienen planes conjuntos de fábricas, plantas de hidrocarburos, y demás megaproyectos que -dudo que se cumplan- pero son motivo para paseos del dictador iraní por Bolivia.

Volviendo al tema de política energética: de existir políticas públicas adecuadas, profesionales, técnicas y coherentes Venezuela no tendría la pobreza que aún mantiene, y sería una verdadera potencia industrial en elaboración de productos petroquímicos para surtir al mundo, además de financiar su desarrollo económico como país líder del Cono Sur; en vez de eso han llevado a su empresa estrella -como es su petrolera- a serios problemas entre otros como el de la sanción anunciada que, además, impedirán a Venezuela acceder a contratos con el gobierno estadounidense y a financiamiento para importar y exportar.

Los Tiempos advierte del efecto sobre el medioambiente de acciones improvisadas que terminarán envenenando la salud de lo bolivianos

La ley que permite legalizar los vehículos contrabandeados sin otro requisito que una declaración de costo y que hayan sido comprados en forma legal (es decir, que no se trate, por ejemplo, de un auto robado en Chile o Brasil), atenta contra todo sentido de racionalidad. Pero, está en vigencia, sea porque –como dice el discurso oficial–, una vez concluido este proceso, recién se podrá incautar a los que ingresen ilegalmente; sea porque, en verdad significa recuperar votos en momentos en que el Gobierno ha perdido mucha base de apoyo.

Este ingreso masivo de vehículos aumentará considerablemente el consumo de gasolina y, por tanto, el subsidio que el Gobierno paga  y que quiso reducir drásticamente en diciembre pasado. También atenta en contra del medio ambiente, pues, como señalan muchos estudios, es la combustión del motor de los vehículos lo que más contamina el aire; por lo que agregar al parque actual de automotores algo así como 100 mil unidades más es casi suicida.

Un tercer aspecto afectado, es la credibilidad del Estado, en sentido de que se “puede meter nomás de contrabando un autito; porque, más temprano que tarde, el Gobierno de turno permitirá su legalización”, y ni qué decir de aspectos morales.

Y si se trata de legalizar lo ilegal, esta medida muestra falta de equidad –que es la “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”– frente, por ejemplo, a los que venden ropa usada, a quienes la semana pasada se les incautó decenas de toneladas de ropa para quemarlas.

En fin, la administración del Estado no es una sumatoria de actos; es la aplicación integral de decisiones.