Marcelo Eulogio Antezana Ruiz, general de Ejército y politólogo que desde Tarija pretende lanzar un proyecto político identificado con la visión autonomista que plantean cinco de los nueve departamentos del país, considera que el subteniente Georges Peter Nava fue utilizado por el Gobierno.
En el Referéndum Revocatorio de Mandato Popular, del 10 de agosto pasado, fue jurado de la mesa de sufragio Nº 9460. Tras los resultados del plebiscito consideró que hay dos visiones de país, la autonomista y la centralista.
Antezana fue el creador del grupo F-10, cuya misión es coadyuvar en la lucha contra el terrorismo, brindar seguridad a dignatarios de Estado en casos de riesgo, realizar operaciones de rescate de rehenes y actuar cuando la seguridad interna del país esté en peligro. Antezana, de 57 años, además de ser militar estudió Ciencias Políticas y se dedica al análisis político militar. Asegura que tiene varios procesos judiciales en su contra por denunciar hechos irregulares en las Fuerzas Armadas y por cuestionar acciones de los gobernantes. No estuvo de acuerdo que el ex comandante de Ejército Freddy Bersatti se haya puesto un poncho rojo.
- ¿Es cierto que el Ejército entrenó a ex conscriptos para la seguridad del presidente, Evo Morales?
- En diciembre de 2006 seleccionaron a 160 soldados, los cuales, tras el licenciamiento, el 15 de enero de 2007, fueron concentrados en la Escuela de Cóndores de Sanandita. Recibieron adiestramiento especializado durante cuatro meses. En mayo de ese año fueron llevados al Regimiento Ingavi IV de Caballería, situado en El Alto de La Paz, y tres meses después salieron del país con rumbo a Venezuela en calidad de becados a continuar con el entrenamiento militar. Al retornar este grupo, el Gobierno intentó incluirlos en el cuerpo de seguridad del primer mandatario, pero hubo conflictos con la Policía. Luego las promesas económicas no se cumplieron y algunos pidieron ser dados de baja. El Gobierno se creó un problema y no sabía cómo resolverlo, así que para calmarlos, 80 fueron entrenados con los cascos azules y enviados al Congo. A éstos les propusieron ser incorporados al tercer año de la Escuela de Sargentos Maximiliano Paredes, pero nuevamente los militares no estuvieron de acuerdo ni los ex conscriptos.
- ¿Cómo son considerados estos ex conscriptos dentro de las Fuerzas Armadas ?
- Es un grupo paramilitar que lo entrenó el Ejército y que está al margen de la ley. El plan del Gobierno era que asuman la seguridad personal del presidente Morales, debido a que había desconfianza del poder político hacia la Policía.
-¿Este grupo de ex soldados tiene alguna vinculación con el F-10 o con la Fuerza Conjunta Chachapuma?
- Es posible que algunos ex conscriptos entrenados en Sanandita hayan participado en los hechos violentos de Sucre, Huanuni, Montero, Yacuiba y en otras poblaciones del país.
- A propósito del atentado en Yacuiba, un oficial del Ejército, que pertenece a una fuerza de élite, como es el caso del subteniente Georges Nava, ¿puede actuar de manera aislada en un hecho terrorista, tal como lo sostiene el Gobierno?
- Yo fundé la Fuerza Contraterrorista F-10, cuando era comandante del Regimiento Ingavi. Ahora se denomina Fuerza Conjunta Chachapuma, cuyo comando y control dependen del poder político (Presidente de la República), pero en lo administrativo y disciplinario, del Comando de las Fuerzas Armadas. Según la doctrina militar, este grupo de élite sólo actúa bajo órdenes del primer mandatario. En el caso del atentado en Yacuiba, donde aparecen implicados cuatro subtenientes y varios sargentos, éstos al parecer operaron empujados por el oportunismo político de algunos jefes militares, que permitieron el manoseo de la institución tutelar de la patria. El subteniente Nava estaba destinado en comisión ‘Supremo Gobierno’, por lo tanto, la responsabilidad política de lo sucedido en Yacuiba es del presidente, Evo Morales, como también del jefe de la Casa Militar de Palacio y de los mandos castrenses.
-¿Existe algún antecedente similar de responsabilidad política en el país?
- Sí. El general Luis García Meza no mató personalmente, pero por cuestión de responsabilidad política, la justicia boliviana lo condenó a 30 años de cárcel.El texto está publicado como despacho desde Tarija por los diarios del grupo Líder.
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