La ley que permite legalizar los vehículos contrabandeados sin otro requisito que una declaración de costo y que hayan sido comprados en forma legal (es decir, que no se trate, por ejemplo, de un auto robado en Chile o Brasil), atenta contra todo sentido de racionalidad. Pero, está en vigencia, sea porque –como dice el discurso oficial–, una vez concluido este proceso, recién se podrá incautar a los que ingresen ilegalmente; sea porque, en verdad significa recuperar votos en momentos en que el Gobierno ha perdido mucha base de apoyo.
Este ingreso masivo de vehículos aumentará considerablemente el consumo de gasolina y, por tanto, el subsidio que el Gobierno paga y que quiso reducir drásticamente en diciembre pasado. También atenta en contra del medio ambiente, pues, como señalan muchos estudios, es la combustión del motor de los vehículos lo que más contamina el aire; por lo que agregar al parque actual de automotores algo así como 100 mil unidades más es casi suicida.
Un tercer aspecto afectado, es la credibilidad del Estado, en sentido de que se “puede meter nomás de contrabando un autito; porque, más temprano que tarde, el Gobierno de turno permitirá su legalización”, y ni qué decir de aspectos morales.
Y si se trata de legalizar lo ilegal, esta medida muestra falta de equidad –que es la “disposición del ánimo que mueve a dar a cada uno lo que merece”– frente, por ejemplo, a los que venden ropa usada, a quienes la semana pasada se les incautó decenas de toneladas de ropa para quemarlas.
En fin, la administración del Estado no es una sumatoria de actos; es la aplicación integral de decisiones.
