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miércoles, 28 de diciembre de 2016

Los Tiempos se ocupa del informe colombiano sobre LaMia y deja establecidos sus puntos de vista que las autoridades deben tomar muy en cuenta si se quiere evitar por ejemplo que las sanciones al sistema de aeronáutica civil terminen prohibiendo vuelos internacionales bajo severos riesgos.

La difusión del primer informe de la autoridad colombiana sobre el accidente de un avión de LaMia en su territorio, el pasado 28 de noviembre, y que cobró las vidas de 71 personas, confirma la crisis institucional que sufre el Estado boliviano, pero debiera servir, si las autoridades deciden actuar como tales y no como gendarmes de la impunidad, para rectificar conductas.

En efecto, son lapidarias las conclusiones de ese documento, pues muestran que en el campo de la aeronavegación boliviana se imponen intereses sectarios y personales sobre los profesionales, y eso puede tener severos costos. Más aún si se agrega a ello la resistencia de algunas autoridades a brindar información clave a los investigadores colombianos, a los que por normas internacionales les corresponde dirigir la investigación del caso, la situación se agrava y puede conducir a una situación de crisis que se debe enfrentar con responsabilidad.

En este sentido, no se trata de buscar chivos expiatorios como pareciera que quieren algunas autoridades para eludir responsabilidades, sino de, conocidas las falencias y deficiencias demostradas en este caso o, como en forma reiterada hemos señalado en Los Tiempos, en el caso de TAM, aplicar mecanismos de corrección que permitan a la aeronavegación boliviana recuperar los sitiales que ha ocupado a nivel internacional.

El plazo máximo es abril del próximo año, cuando se emitirá el informe final sobre el accidente de LaMia, y, en este lapso, las autoridades del Estado boliviano deben actuar con madurez, evitando cometer deslices como la difusión de un informe elaborado por el Ministerio de Obras Públicas, calificado como poco prudente por las autoridades colombianas.

En el caso concreto de LaMia, es preciso también que se aclare el origen y propiedad, investigación que remite a un conocido empresario venezolano, aparentemente afín al “chavismo”, denuncia que las autoridades también han tratado de eludir, implicando más bien a un exsenador opositor. Adicionalmente, las autoridades deberán explicar por qué dos aviones de esa empresa están depositados en hangares de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), los trabajos de mantenimiento que se habría realizado a su favor y qué instrumento jurídico avala esa relación. Hasta ahora, se hace referencia a un contrato privado entre partes (la FAB y LaMia) que no es puesto en conocimiento de la opinión pública.

No está demás señalar que esa actitud elusiva genera más susceptibilidades de las que ya existen y es urgente que las autoridades comprendan que explicar estos entuertos no sólo es parte de su deber hacia la ciudadanía, sino que es fundamental para la ya mencionada recuperación de imagen en el campo internacional, espacio vital para el desarrollo de la aeronavegación nacional. Es que si hay alguna sanción al Estado, ésta repercutirá negativamente en todas las empresas de aeronavegación del país, entre ellas, BoA, cuyo silencio hasta el momento sobre ambos temas es preocupante.

Ojalá que las acciones que realicen a partir del informe colombiano estén debidamente respaldadas, lo que será posible si asumen que es importante cumplir y no eludir las normas y las responsabilidades institucionales.

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