Tal vez llegue el día en que la industria petrolera de Bolivia salga de la nebulosa; de ese mar de misterios en el que se encuentra. Gonzalo Sánchez de Lozada le llamó “capitalización” a lo que fue una privatización y ahora denominamos “nacionalización” a lo que nada más fue un reacomodo de la situación anterior, que con el paso del tiempo tiende a convertirse en algo peor. Ya lo dijimos una vez en este mismo espacio, a este ritmo quedará chica la satanizada reforma que hizo quien ahora es prófugo de la justicia, acusado entre otras cosas de “traición a la patria”.
El Gobierno se niega a transparentar las reglas del juego de la industria petrolera pese a que las está cambiando de manera radical, con el objetivo de terminar con la sequía de inversiones que pone en peligro el futuro del negocio gasífero boliviano.
Hablamos de los incentivos que les otorga a las empresas petroleras que están al margen de la Ley de Hidrocaburos y mucho más todavía de los postulados de la nacionalización que tanto se repiten todos los días en los actos públicos. Según los cálculos de algunos especialistas, Bolivia está devolviendo con creces lo que en algún momento supuestamente recuperó para los bolivianos. Y lo paradójico de todo es que muchos compatriotas no solo continúan esperando los beneficios de la “guerra del gas” (otra farsa), sino que siguen cocinando a leña su comida.
Según lo denuncia el expresidente Jorge Quiroga, el gobierno le habría entregado alrededor de nueve mil millones de dólares a las petroleras por concepto de utilidades y costos recuperables en los últimos ocho años, a lo que pretenden sumarle un incentivo a la exploración de alrededor de 240 millones de dólares anuales, dinero que será pagado fondos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos que reciben los municipios, las universidades públicas y las gobernaciones.
El criterio de Quiroga puede ser sometido a la duda, pero lamentablemente no hay forma de contrastar las cosas en medio del sigilo con el que se manejan las cosas. En este contexto surgen las declaraciones del presidente de Repsol, Antonio Brufau, quien elogia las políticas bolivianas. Si son tan buenas, habría que preguntarse por qué muy pocos se atrevieron a invertir en el país cuando el precio del petróleo bordeaba los cien dólares. Tratar de entender las palabras del ejecutivo español en este momento provoca más interrogantes todavía.
De la misma manera que los conductores del régimen levantan el puño izquierdo y gritan mueras contra el imperialismo, mientras van a Nueva York y París a buscar capitalistas, deberían tomar la decisión de ser más sinceros y pragmáticos con la industria petrolera. La crisis del precio del crudo es coyuntural y dentro de unos años volveremos a estar con el barril a ochenta dólares. Esta situación no nos puede encontrar en las mismas arenas movedizas. Es urgente cambiar la ley de hidrocarburos, otorgar el máximo de seguridad jurídica a los inversionistas, darles las condiciones de operación adecuadas y la nacionalización puede seguir siendo nada más que un emblema, como es ahora, pero con mayores beneficios para el país. Los incentivos atraen oportunistas, una política seria y sostenida atraerá verdaderos capitalistas.
La crisis del precio del crudo es coyuntural y dentro de unos años volveremos a estar con el barril a ochenta dólares. Esta situación no nos puede encontrar en las mismas arenas movedizas. Es urgente cambiar la ley de hidrocarburos, otorgar el máximo de seguridad jurídica a los inversionistas, darles las condiciones de operación adecuadas y la nacionalización puede seguir siendo nada más que un emblema, como es ahora, pero con mayores beneficios para el país. Los incentivos atraen oportunistas, una política seria y sostenida atraerá verdaderos capitalistas.
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