Bonanza: Las altas cotizaciones estimulan a la disputa de zona ricas en minerales en los departamentos de Oruro y La Paz. El crecimiento sostenido de los precios de los minerales es uno de los factores que incide en los conflictos por el control de yacimientos mineros. Hasta ayer, cinco disputas por la posesión de áreas con potencial minero fueron registradas por el Ministerio de Minería, que media y busca soluciones a las desavenencias surgidas entre cooperativistas, organizaciones indígenas y campesinas. La reciente disputa entre comunarios de la población de Pumiri, organizados en la cooperativa 16 de Marzo, y los mineros de Porvenir Japo Ltda., en los límites departamentales de Oruro y Cochabamba, se suma a otros conflictos generados por el interés de explotar minerales como estaño, plomo y zinc, que registran cotizaciones altamente rentables en el mercado internacional. La semana pasada, el estaño alcanzó un histórico precio de 10,77 dólares por libra fina en el mercado de Londres, y remontó el valor más bajo de 0,43 dólares registrado en el año 1950, y convirtió a su explotación en una atractiva actividad económica. Otro de los factores para el surgimiento de controversias es la interpretación que realizan los pueblos indígenas al artículo 304 de la nueva Constitución Política del Estado que, en su inciso tres, reconoce a las autonomías indígenas y originarias la capacidad de “gestión y administración de los recursos naturales renovables”. Este artículo es interpretado como un derecho de propiedad sobre la tierra y territorio, y conduce al desconocimiento de otras normas que otorgan concesiones y derechos de explotación de recursos naturales, explicó un mediador del Ministerio de Minería. Además del conflicto por la posesión de los yacimientos de Japo Ltda., en Oruro existe una disputa por áreas de trabajo en la mina San José, y el preanuncio de despido de obreros en la Empresa Minera Inti Raymi. Permanece latente el conflicto de avasallamiento de comunarios en los predios de la Empresa Minera Himalaya, en el departamento de La Paz. En el yacimiento cuprífero de Corocoro, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq) mantiene su denuncia sobre una contaminación ambiental en la zona. Las cooperativas mineras, que reúnen a unos 50.000 obreros, son actoras de algunos conflictos por la necesidad de explotar sin mucho trámite yacimientos ricos en minerales, explicó el secretario de Seguridad Social de la Federación de Mineros de Bolivia, Robert Quispe. El representante resta valor a esta forma de explotación porque, en su opinión, la acción de los cooperativistas deriva en una depredación de los yacimientos. “Abandonan los minerales de baja ley y sólo se llevan lo más valioso”, explicó. Sigue la lucha por mina Japo Por segundo día, obreros de la empresa Japo y comunarios de Pumiri se enfrentaron en la zona conocida como La Colorada, en la línea limítrofe entre los departamentos de Oruro y Cochabamba, en una disputa por el control de un yacimiento minero. El estruendo de cargas de dinamita y las piedras lanzadas entre los bandos fueron la característica de este choque, del que se desconoce el saldo. Los mineros de Japo tomaron como rehén al ciudadano Andrés Gutiérrez, de 57 años, reportó un canal local de televisión. El estado de tensión y la poca cantidad de efectivos policiales obligó al secretario general de la Gobernación de Oruro, Édgar Sánchez, a reiterar su pedido al Gobierno para militarizar la zona. “Esto está siendo evaluado en niveles de Gobierno”, declaró a una emisora de la ciudad de Oruro. En La Paz, el ministro de Minería, José Pimentel, aseguró que la autoridad jurisdiccional del sector determinará quién tiene el derecho de explotación de la mina de estaño, según la agencia ABI. “Los recursos naturales son de todos los bolivianos y no conocen fronteras. En este sentido, estamos recurriendo a la autoridad jurisdiccional para que determine quiénes tienen el derecho de explotación de este yacimiento”, informó. El ministro Pimentel dijo que el control de la mina, ubicada a 35 kilómetros al sureste de Oruro, está a cargo del Estado y su concesión está delegada a la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol). Para destacar Oruro registra tres conflictos por la disputa de áreas de trabajo en yacimientos con elevado potencial minero. Los pueblos indígenas toman en serio la nueva Constitución, que autoriza la administración de sus recursos naturales.
