Edmundo Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado. El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril. | Foto Periódico Cambio
Personal involucrado en corrupción de YPFB tuvo aval político de Quintana
© Wilson García Mérida | Redacción Sol de Pando en Brasilia
El tráfico de influencias para imponer prebendas y negociados lesivos al Estado, práctica habitual en la gestión del ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana, no pudo dejar de haber llegado a la principal empresa estratégica estatal del país como es Yacimientos PetrolÍferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
Funcionarios que ocupan puestos claves en esta empresa fueron incorporados por lo menos desde el año 2009 —después de la masacre de Porvenir (Pando) que alineó a las cúpulas castrenses dentro el esquema mafioso de Quintana— bajo el padrinazgo directo del influyente ex militar. “Varios de ellos son familiares de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que pertenecen al entorno personal de Juan Ramón Quintana, entraron a YPFB con avales directos del entonces Ministro de la Presidencia y sin tener suficientes méritos en más de un caso, cuando la empresa estaba manejada por Carlos Villegas”, revela un antiguo trabajador de la corporación petrolera en contacto confidencial con Sol de Pando.
La fuente sostiene que gran parte de ese personal “impuesto por Juan Ramón Quintana”, comete permanentemente abusos e irregularidades en el ejercicio de sus funciones dentro YPFB, “atenidos al aval político del señor Quintana”, y habrían sido operadores principales “en contratos y negocios turbios que han dañado severamente el patrimonio de nuestra empresa”.
El vocero laboral afirma que los trabajadores de YPFB esperan la ampliación de las investigaciones efectuadas por el Director de la Unidad de Transparencia al propio ex Ministro de la Presidencia, pues no sólo existe la posibilidad cierta de que Quintana tuviese conocimiento de las irregularidades cometidas en el caso de los taladros y otras adquisiciones similares, pues también “es evidente que el personal comprometido con esos hechos de corrupción respondia orgánicamentea a las directrices de Quintana”.
Asimismo, piden que la investigación no se limite al ámbito administrativo y se la profundice en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, investigando la fortuna y el ostentoso ritmo de vida de varios de los involucrados en este hecho de corrupción. “Además se debe esclarecer oficialmente en qué condiciones ingresaron estos funcionarios a YPFB, y si son parientes en primer grado de militares y de otra gente estrechamente relacionados con Juan Ramón Quintana”, declaró la fuente.
La investigación de Novillo se activó en octubre del pasado año a raiz de haberse detectado un presunto sobreprecio en la adquisición de las tres perforadoras cuyo ensamblaje y adquisición supusieron una adjudicación por casi 150 millones de dólares. La estratégica compra destinada a fortalecer cuantitativa y cualitativamente las capacidades de exploración, desarrollo y producción de YPFB, era financiada con recursos de un préstamo chino (Eximbank) según había anunciado ya en diciembre del 2012 el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Carlos Villegas.
Apenas licitada el 2016, la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB a cargo del ex Goberandor de Cochabamba Edmundo Novillo detectó ostensibles irregularidades en el proceso, abriendo investigación en octubre de ese año. En diciembre, un Senador opositor hizo público el caso. Entre las observaciones registradas por la Unidad de Transparencia se estableció un manejo desprolijo en los documentos tributarios y notariales de la empresa adjudicada, la italiana Drillmenc, irregularidades que fueron deliberadamente soslayadas por el Comité de Licitación de YPFB. En otras palabras, el ingreso de la empresa italiana a Bolivia en pos de adjudicarse el millonario contrato, no se ajusta a las leyes nacionales, al extremo de haber presentado apenas fotocopias simples de sus actas de Constitución, y a pesar de ello tuvo un trato privilegiado en instancias decisivas de YPFB.
Ese “modus operandi” es muy frecuente en diversos contratos lesivos tanto en YPFB como en distintas entidades pública —incluso en las Fuerzas Armadas— que el ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “apadrinó” desde el Palacio Quemado. Los vacíos legales en dichos contratos terminan siendo cubiertos por intensos y sofocadores “lobbies” a cargo de “gestores” e “intermediarios” que logran forzar los contratos ilícitos en representación “del JR”.
Al respecto, Novillo denunció en el caso de los tres taladros adjudicados a Drimellec que “terceras personas, que no son funcionarias de YPFB, están alrededor del contrato, con una actuación no transparente, con una actuación cuestionada, que en nuestro criterio debe ser investigada por una autoridad competente”.
El pasado 29 de marzo, Edmundo Novillo entregó su investigación en un legajo de 50 páginas al Directorio de YPFB, para que la empresa derive esa información al Ministerio Público, con la consiguiente investigación penal de los involucrados en esta tentativa de contrato lesivo, oportunamente frenado por la Unidad de Transparencia. Sin embargo, el Directorio de YPFB intentó burlar esa obligación enviando dicho legajo al Ministerio Público desprolija e improvisadamente, sin cumplir los rigurosos procedimentos formales, debido a lo cual la Fiscalía devolvió el expediente, según denunció el propio Novillo.
Ante esa nueva irregularidad, Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado.
El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril, solicitando el procesamiento de 15 funcionarios presuntamente responsables del negociado, además de un personero dela empresa italiana Drimellec, cuyo contrato para la provisión de los taladros por el precio pactado de 148’881.600 dólares, sería rescindido en las próximas horas.
Drimellec reaccionó contra el anuncio de la rescisión del contrato señalando al Presidente Ejecutivo YPFB, Guillermo Luis Achá Morales, de haber sido el principal promotor del turbio negocio frustrado. Achá está eventualmente excluído del proceso.
El principal ejecutivo niega la sindicación de Drimellec y acusa del hecho a la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización de la empresa y la Gerencia de Perforación. El Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, pone manos al fuego por Achá, asegurando que el ejecutivo de YPFB “goza de la confianza personal del presidente Evo Morales”, como si una simple simpatia política al más alto nivel fuese garantía plena de transparencia en el ejercio de la función pública. Sánchez también apunta a descargar toda la responsabilidad sobre los subalternos de Achá.
¿UN PRESIDENTE EJECUTIVO QUE NO PRESIDE?
Por ahora, el peso principal de la responsabilidad recae en la cabeza del Vicepresidente de Administración, Contratos y Fiscalización, Jorge Patricio Sosa Suárez, quien puso su firma en el contrato con Drimellec. Subalternos directos de Sosa, a la cabeza de la Directora Regional de Contrataciones Mayra Gerladine Velasquez Oros y otros tres funcionarios de esa unidad, también están acusados, junto a la Gerente Corporativa de Contrataciones, Paola Andrea Oporto Rios.
La Gerencia de Perforación a cargo de David Pérez Alba, como unidad solicitante de los tres taladros, también es responsabilizada por el irregular contrato al haber procedido con la orden de fabricación de los tres taladros adjudicados a Drimellec. Cinco funcionarios de esta área técnica, entre ellos el Director de Operaciones, igualmente están comprometidos.
Al momento de la firma de aquel contrato, al parecer la Dirección Jurídica de YPFB se encontraba acéfala, pero tres funcionarios subalternos de esta unidad también podrían ser imputados por la Fiscalía.
“El análisis efectuado se refiere a los procesos, tanto de licitación como de contratación, fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación“, explicó Arce.
El memorial presentado ante la Fiscalía por el Ministro de Justicia, que consta de 150 páginas, establece una acusación a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Uno de los escándalos que estalló eN diciembre del 2013 tuvo que ver con la obscena adjudicación millonaria de contratos de publicidad que beneficiaron a una privilegiada familia en la cual también estuvieron diretamente involucrados militares vinculados a Quintana, además de los principales jerarcas de la misma YPFB.
Un caso aún desconocido y que se encuentra en investigación es el referido a la cración de una empresa pública, ESABOL, para la provisión de servicios de helicópteros ens labores de exploración y de explotación de pozos petroleros, así como de actividades mineras. En ese negociado alentado desde los ministerios de la Presidencia y de Defensa, no solo están involucrados altos ejecutivos de YPFB, sino también jefes de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB), acusados entre otros actos de corrupción por la compra con sobreprecios de respuestos para los aviones militares. Dicho grupo es articulado por el general Tito Gandarillas, uno de los principales “operadores políticos” de Juan Ramón Quintana dentro las FF.AA.
Funcionarios que ocupan puestos claves en esta empresa fueron incorporados por lo menos desde el año 2009 —después de la masacre de Porvenir (Pando) que alineó a las cúpulas castrenses dentro el esquema mafioso de Quintana— bajo el padrinazgo directo del influyente ex militar. “Varios de ellos son familiares de jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas que pertenecen al entorno personal de Juan Ramón Quintana, entraron a YPFB con avales directos del entonces Ministro de la Presidencia y sin tener suficientes méritos en más de un caso, cuando la empresa estaba manejada por Carlos Villegas”, revela un antiguo trabajador de la corporación petrolera en contacto confidencial con Sol de Pando.
La fuente sostiene que gran parte de ese personal “impuesto por Juan Ramón Quintana”, comete permanentemente abusos e irregularidades en el ejercicio de sus funciones dentro YPFB, “atenidos al aval político del señor Quintana”, y habrían sido operadores principales “en contratos y negocios turbios que han dañado severamente el patrimonio de nuestra empresa”.
El vocero laboral afirma que los trabajadores de YPFB esperan la ampliación de las investigaciones efectuadas por el Director de la Unidad de Transparencia al propio ex Ministro de la Presidencia, pues no sólo existe la posibilidad cierta de que Quintana tuviese conocimiento de las irregularidades cometidas en el caso de los taladros y otras adquisiciones similares, pues también “es evidente que el personal comprometido con esos hechos de corrupción respondia orgánicamentea a las directrices de Quintana”.
Asimismo, piden que la investigación no se limite al ámbito administrativo y se la profundice en los marcos de la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, investigando la fortuna y el ostentoso ritmo de vida de varios de los involucrados en este hecho de corrupción. “Además se debe esclarecer oficialmente en qué condiciones ingresaron estos funcionarios a YPFB, y si son parientes en primer grado de militares y de otra gente estrechamente relacionados con Juan Ramón Quintana”, declaró la fuente.
Un contrato turbio al mejor estilo de Quintana
El pasado 14 de marzo, el Jefe de la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB, Edmundo Novillo, denunció que el proceso de adjudicación de tres taladros de perforación encomendados a la firma italiana Drillmec “fue incorrecto y no cumplió ni con la normativa boliviana, ni con los requisitos establecidos en la convocatoria internacional”.La investigación de Novillo se activó en octubre del pasado año a raiz de haberse detectado un presunto sobreprecio en la adquisición de las tres perforadoras cuyo ensamblaje y adquisición supusieron una adjudicación por casi 150 millones de dólares. La estratégica compra destinada a fortalecer cuantitativa y cualitativamente las capacidades de exploración, desarrollo y producción de YPFB, era financiada con recursos de un préstamo chino (Eximbank) según había anunciado ya en diciembre del 2012 el entonces presidente ejecutivo de la empresa, Carlos Villegas.
Apenas licitada el 2016, la Unidad de Transparencia Corporativa de YPFB a cargo del ex Goberandor de Cochabamba Edmundo Novillo detectó ostensibles irregularidades en el proceso, abriendo investigación en octubre de ese año. En diciembre, un Senador opositor hizo público el caso. Entre las observaciones registradas por la Unidad de Transparencia se estableció un manejo desprolijo en los documentos tributarios y notariales de la empresa adjudicada, la italiana Drillmenc, irregularidades que fueron deliberadamente soslayadas por el Comité de Licitación de YPFB. En otras palabras, el ingreso de la empresa italiana a Bolivia en pos de adjudicarse el millonario contrato, no se ajusta a las leyes nacionales, al extremo de haber presentado apenas fotocopias simples de sus actas de Constitución, y a pesar de ello tuvo un trato privilegiado en instancias decisivas de YPFB.
Ese “modus operandi” es muy frecuente en diversos contratos lesivos tanto en YPFB como en distintas entidades pública —incluso en las Fuerzas Armadas— que el ex Ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, “apadrinó” desde el Palacio Quemado. Los vacíos legales en dichos contratos terminan siendo cubiertos por intensos y sofocadores “lobbies” a cargo de “gestores” e “intermediarios” que logran forzar los contratos ilícitos en representación “del JR”.
Al respecto, Novillo denunció en el caso de los tres taladros adjudicados a Drimellec que “terceras personas, que no son funcionarias de YPFB, están alrededor del contrato, con una actuación no transparente, con una actuación cuestionada, que en nuestro criterio debe ser investigada por una autoridad competente”.
Contradicciones internas en YPFB
Ante esa nueva irregularidad, Novillo acudió ante el Ministro de Justicia y Transparencia, Héctor Arce Zaconeta, quien también recibió el legajo el 29 de marzo y además había colaborado con la investigación iniciada por el Jefe de Transparencia de YPFB en octubre, cuando Arce se desempeñaba como Procurador General del Estado.
El ministro Arce subsanó la omisión de YPFB entregando correctamente el expediente al Ministrerio Público, el pasado 19 de abril, solicitando el procesamiento de 15 funcionarios presuntamente responsables del negociado, además de un personero dela empresa italiana Drimellec, cuyo contrato para la provisión de los taladros por el precio pactado de 148’881.600 dólares, sería rescindido en las próximas horas.
Drimellec reaccionó contra el anuncio de la rescisión del contrato señalando al Presidente Ejecutivo YPFB, Guillermo Luis Achá Morales, de haber sido el principal promotor del turbio negocio frustrado. Achá está eventualmente excluído del proceso.
El principal ejecutivo niega la sindicación de Drimellec y acusa del hecho a la Vicepresidencia de Administración de Contratos y Fiscalización de la empresa y la Gerencia de Perforación. El Ministro de Hidrocarburos, Luis Sánchez, pone manos al fuego por Achá, asegurando que el ejecutivo de YPFB “goza de la confianza personal del presidente Evo Morales”, como si una simple simpatia política al más alto nivel fuese garantía plena de transparencia en el ejercio de la función pública. Sánchez también apunta a descargar toda la responsabilidad sobre los subalternos de Achá.
¿UN PRESIDENTE EJECUTIVO QUE NO PRESIDE?
La situación de Achá está en vilo. Si bien no habría suscrito el contrato con su puño y letra ni dio la orden de proceder con el montaje de los tres mega-equipos, su responsabilidad legal y administrativa como Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) de la empresa, está insoslayablemente marcada en los Estatutos de YPFB.
El artículo 25 de dicha norma define, entre las competencias y obligaciones del Presidente Ejecutivo, “suscribir contratos y ejecutar todos los actos que correspondan a la administración ordinaria de la empresa y que sean necesarios para alcanzar sus fines”, además de “representar a la empresa con plena personería jurídica en toda clase de acciones legales y procesos judiciales o administrativos” (licitaciones y adjudicaciones, verbi gratia, nr) y “delegar o avocar parte de su competencia en forma expresa a los Vicepresidentes”, mediante los respectivos poderes notariados.
Por su parte el artículo 31 fija las atribuciones de la Vicepresidencia de Administración, de Contratos y Fiscalización, la cual tiene como función “negociar bajo los lineamientos de la Presidencia Ejecutiva los Contratos Petroleros establecidos en la Ley de Hidrocarburos, con personas individuales o colectivas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado, los que serán aprobados por el Directorio y suscritos por el Presidente Ejecutivo de YPFB”, y también “conducir los procesos de licitación de las áreas de interés hidrocarburífero y remitir para su suscripción a la Presidencia Ejecutiva los contratos petroleros de exploración y explotación de hidrocarburos y supervisar y administrar los mismos”. En otras palabras, la Vicepresidencia no puede mover un dedo en materia de contratos sin conocimento ni autorización de la Presidencia Ejecutiva.
Entonces, la única posibilidad legal de que el Vicepresidente de Contratos y el Gerente de Perforación pudiesen haber tomado la licitación en sus exclusivas manos para dar curso al negocio con Drimellec, era bajo concimiento inexcusable del Presidente Ejecutivo y con una autorización delegada notarialmente por dicha autoridade máxima.
Si dichos subalternos hubiesen procedido con la contratación sin informar de ello por conducto regular a Achá y sin contar con la autorización expresa del Presidente Ejecutivo, entonces han violado flagrantemente los Estatutos de la empresa. Pero en tal caso Luis Achá incurrió en una omisión más grave aún, al no iniciar el correspondiente proceso administrativo contra los subalternos que incurrieron en la firma inconsulta de un millonario contrato (debiendo haber revocado además dicha firma inconsulta), salvo que Achá haya autorizado ejecutivamente esa adjudicación, que es lo más probable.
Los 15 sospechosos de una tentativa de daño lesivo al Estado
La Gerencia de Perforación a cargo de David Pérez Alba, como unidad solicitante de los tres taladros, también es responsabilizada por el irregular contrato al haber procedido con la orden de fabricación de los tres taladros adjudicados a Drimellec. Cinco funcionarios de esta área técnica, entre ellos el Director de Operaciones, igualmente están comprometidos.
Al momento de la firma de aquel contrato, al parecer la Dirección Jurídica de YPFB se encontraba acéfala, pero tres funcionarios subalternos de esta unidad también podrían ser imputados por la Fiscalía.
“El análisis efectuado se refiere a los procesos, tanto de licitación como de contratación, fallas que podían haber generado perjuicios al erario nacional, que no se han generado, pero hay la presunción de la comisión de hechos delictivos y de situaciones irregulares en estos dos procesos: licitación y contratación“, explicó Arce.
El memorial presentado ante la Fiscalía por el Ministro de Justicia, que consta de 150 páginas, establece una acusación a los implicados por los delitos de contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
Constante sangría de YPFB por corrupción
El de los taladros es uno más entre varios negociados en YPFB que han enriquecido a funcionarios inescrupulosos que actuaban impunemente apadrinados polÍticamente por Juan Ramón Quintana.Uno de los escándalos que estalló eN diciembre del 2013 tuvo que ver con la obscena adjudicación millonaria de contratos de publicidad que beneficiaron a una privilegiada familia en la cual también estuvieron diretamente involucrados militares vinculados a Quintana, además de los principales jerarcas de la misma YPFB.
Un caso aún desconocido y que se encuentra en investigación es el referido a la cración de una empresa pública, ESABOL, para la provisión de servicios de helicópteros ens labores de exploración y de explotación de pozos petroleros, así como de actividades mineras. En ese negociado alentado desde los ministerios de la Presidencia y de Defensa, no solo están involucrados altos ejecutivos de YPFB, sino también jefes de las Fuerza Aérea Boliviana (FAB), acusados entre otros actos de corrupción por la compra con sobreprecios de respuestos para los aviones militares. Dicho grupo es articulado por el general Tito Gandarillas, uno de los principales “operadores políticos” de Juan Ramón Quintana dentro las FF.AA.
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