presagio de El Deber. de continuar las cosas como ahora, Bolivia tendrá que importar gas natural para su consumo interno a precios altos, muy altos. muy interesante conocer los detalles de la situación actual, los incentivos para fomentar la producción no son tan favorables como los de Argentina en favor de sus consumidores. atentos:

El Gobierno argentino acaba de crear nuevos incentivos para las empresas que descubran yacimientos de gas, comenzando por fijar un precio interno de $us 7,50 por millón de BTU que regirá hasta diciembre de 2018. Se trata de una tentación muy grande, porque esa cifra supera incluso el precio del gas natural licuado que recibe Argentina a través de Chile, que es de $us 6,90 por esa misma unidad.

El gas que recibe Argentina en los puertos de Bahía Blanca y Escobar, donde están instalados barcos con equipos regasificadores, le cuesta en este momento $us 4,50. Aquí se observa que Chile, al ser país de paso del gas que llega desde el Pacífico hasta Argentina, se queda con un margen de utilidad, seguramente por el uso de sus plantas de regasificación. Por el momento, el precio que Argentina paga por el gas boliviano es de $us 3,02, que es el más conveniente para ese país, pero que tiene el problema de que se trata de una oferta limitada.

Como enseñanza, esta situación de Argentina es muy clara: los países que consumen gas natural lo deben obtener de cualquier proveedor, incluso en precios muy altos, como el gas que, en este caso, llega a los puertos chilenos de Mejillones y Quintero. 

Argentina se ve en la necesidad insoslayable de importar gas natural diez años después de haber dejado de exportarlo hacia Chile, en un proyecto para el que se llegaron a construir siete gasoductos, de los cuales ahora solo dos están en uso, aunque para transportar el gas en sentido contrario.

Dios no quiera que Bolivia tenga, en algún momento, que comprar gas del exterior, porque en ese momento deberá pagar los precios que piden los proveedores, salvo que se opte por paralizar el país dejando de hacer esas importaciones. 

Los incentivos que ha creado el Gobierno boliviano para las empresas petroleras que hagan exploración no son tan contundentes como los que ha creado el Gobierno de Mauricio Macri en Argentina.

La política petrolera boliviana tiene que ser manejada con inteligencia para evitar que en algún momento el país deba importar gas natural, ahora que el consumo se ha extendido, tanto en el caso del uso industrial, el GNV como en el del gas domiciliario. Los incentivos a las inversiones tendrían que ser muy tentadores, como es el caso de la Argentina de Mauricio Macri.

de ser ciertas las cifras de Vacaflor, que no tienen porqué no serlas "la suerte del Presidente Saliente" está echada tras el fracaso en la exportación de gas a la Argentina, resulta que exporta menos de lo pactado. tiene que pagar una multa del 15% del valor de la transacción y otras sanciones en detrimento de las finanzas, de esto no informan las fuentes oficiales, los datos llegan del exterior. escándalo energético y fracaso de "la nacionalización" masista.

Desde el exterior nos llega a los bolivianos la noticia de que las exportaciones de gas natural a Argentina han caído y que ese país se ha visto obligado a llegar a acuerdos con Chile para comprar gas a un precio más alto.

Dicen esas informaciones que se han publicado en Buenos Aires y en otras capitales de Sudamérica que, según el contrato, Bolivia debería estar enviando en este momento 19 millones m3/d de gas a argentina pero que sólo envñia 16 millones.

Como no entran en detalles, esas informaciones no dicen que, debido a esta situación, Bolivia debe pagar a Argentina el valor del gas que no está enviando.

En esa letra chica están contenidos los peores problemas, porque Bolivia deberá pagar a Argentina con la tarifa interncional, de US$ 10,4/millón de BTU, y no con el precio bilatral vigente ahora, de US$ 3,80. Y la letra chica ordena que Bolivia pague, además, una multa de 15% del valor del volumen no enviado.

Una situación similar se presenta con Brasil. Se está enviando volúmenes menores de gas, pero la tormenta política de ese país hace que la noticia no alcance los ribetes que merecería.

Pero el gobierno boliviano tiene ahora la obligación de informar al país por qué nose está enviando a los países vecinos los volúmenes de gas comprometidos. Con el detalle del monto que deberá pagar por las sanciones que tienen el nombre de “deliver or pay”.

El escándalo desatado a raíz de aventuras amorosas del presidente Evo Morales está ofreciendo informes sobre la corrupción oficial a borbotones, pero de manera desordenada.

Lo que corresponde es que alguien, preferiblemente el Contralor, diga cuánto dinero del Estado boliviano ha sido mal manejado por el gobierno del presidente Morales, partida por partida, rubro por rubro. Que se señale a los responsables, además del principal, y que se informe sobre las acciones judiciales que se están siguiendo para recuperar esas fabulosas fortunas que podían haber sido utilizadas para salud, educación, discapacitados, etcétera.

El periodismo está cumpliendo ahora su función de fiscailiación. Y lo está haciendo muy bien. No pasa un día que no se conozcan detalles de nuevos hechos escandalosos.

Esa es la fiscalización periodística. Falta que las instituciones del Estado, creadas para ello, cumplan con su función y lleven a la cárcel a los responsables.

En Brasil está a punto de ser destituida la señora Dilma Rouseff por hechos de corrupción muy parecidos a los que descubren en Bolivia.
Si el presidente Morales debe ser sometido a juicio de responsabilidades, que se lo haga. Por el momento él vive, con angustia, su calidad de presidente saliente. Y no tiene esperanzas de que los bolivianos le autoricen a ser candidato en 2019, porque ya le dijeron que no.
Vacaflor.obolog.com

algo frustrado el profesor Francesco Zaratti, por carecer de información, seria, global de fuentes del Gobierno Masista, se extrana del uso ambiguo y hasta contradictorio de los datos oficiales sobre el tema nuclear por lo que su elaboración mental tiene que aceptar supuestos, por el momento al menos.

Confieso que me hubiese gustado comentar la política nuclear boliviana, pero debo circunscribirme a declaraciones públicas, incluso ambiguas y contradictorias, de las autoridades del Estado.

De hecho, dada la absoluta falta de debate y transparencia acerca del llamado “programa nuclear” de Bolivia, podríamos concluir o que tal “programa” o no existe o, si existe, está rodeado de un manto de secretismo que no condice con su carácter pacífico reiteradamente reclamado por el Gobierno.

En especial, sorprende el silencio de las instituciones académicas (las contadas intervenciones son a título personal) y de los colegios profesionales relacionados (de científicos, médicos, geólogos e ingenieros). Lo único que medianamente se asemeja a un debate se vio en ocasión del ridículo fiasco protagonizado por el Ministerio del Gobierno en torno a la tonelada de “uranio” descubierta hace dos años en La Paz[1].

Un programa nuclear, en cualquier parte del mundo, implica cinco elementos: personal calificado, recursos financieros, tecnología, tiempo de maduración y transparencia y seguridad certificada por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), en cooperación con la agencia nacional responsable del programa.

Además, el hermetismo oficial no condice con el consenso generalizado que existe en torno a la urgencia de ampliar y mejorar el uso de la tecnología nuclear en Bolivia para fines médicos, industriales y de investigación. Un primer paso es dotar a los hospitales del país de tomógrafos PET para diagnosticar con gran precisión tumores y de aceleradores lineales para el tratamiento localizado de esas enfermedades. Ecuador, sin tener plantas, desde hace años ha emprendido el desarrollo de la medicina nuclear. Como otro ejemplo puedo mencionar la producción y certificación de material radiactivo utilizado en la medicina nuclear y en la industria de alimentos. Para eso la formación de recursos humanos y la investigación son imprescindibles, máxime cuando no existe en el país siquiera un curso de licenciatura en Física Nuclear.

La resistencia al programa nuclear, a pesar de los consensos mencionados, se debe a la insistencia del Gobierno en hablar de “plantas de energía nuclear”, incluso dando montos de su costo y ubicaciones poco creíbles. Se trata de la generación de energía eléctrica a partir de procesos de fisión nuclear, una tecnología que se remonta a mediados del siglo XX y que aporta actualmente menos del 20% de la electricidad producida globalmente. En América latina sólo dos países (Argentina y Brasil) tienen esas plantas y su incidencia en las respectivas matrices energéticas no llega al 5%.

Si hubiera un debate abierto y franco, sin secretismos innecesarios, los promotores de esta idea deberían mostrar que sus razones van más allá de argumentos pueriles como “salir de la cueva” o, peor, “responder al chantaje” de los países que poseen esa tecnología[2], por ejemplo demostrando “de cara al pueblo” que una planta nuclear es necesaria, conveniente y posible.

¿Es necesaria? Bolivia tiene suficientes fuentes renovables y no renovables de energía para el suministro de energía eléctrica y hasta excedentes para exportar. Lo que falta son inversiones para desarrollar esas potenciales por culpa de políticas energéticas equivocadas. Además, si se pensara en exportar electricidad (¿a quiénes?), no habría ninguna ventaja comparativa con respecto a otras fuentes que generan electricidad con subsidio.

¿Es conveniente? Opino que no, por el costo elevado de las plantas debido a los siempre mayores requisitos de seguridad[3], las exigencias descomunales de agua para el proceso de enfriamiento del reactor[4] y los riesgos y costos que supone tener que manejar escorias radiactivas durante cientos de años o desmantelar una central nuclear. Sin contar que se ha mencionado como posible ubicación de la planta el altiplano paceño, una región que no se caracteriza precisamente por abundancia de agua. ¡Ni se les ocurra pensar en el lago Titicaca, cuyas aguas son binacionales!

Desde luego es posible instalar en Bolivia una planta nuclear, pero el factor tiempo es fundamental. Por ejemplo, no hay que confundir los indicios de minerales de uranio en el país con la obtención de combustible nuclear. Desafortunadamente el proceso de enriquecer uranio es más complejo que la transformación del litio del salar en litio metálico para baterías, proceso que lleva ya ocho infructuosos años. En todo caso, ¿para que insistir en plantas nucleares como si su instalación fuera inminente, cuando las prioridades de un programa nuclear serio y factible son otras?

Al actual Gobierno no le gusta debatir, sino sólo dar rollos e imponer. En cambio, si hubiera un debate abierto y franco sobre la política nuclear, estoy convencido que los consensos mencionados podrían ampliarse a que Bolivia llegue, en un horizonte de veinte años y con la debida preparación, a la meta de tener plantas nucleares, incluso con base en nuevas tecnologías actualmente en desarrollo.

Vesna Marinkovic se sorprende por la inesperada decisión de Arabia Saudita. de crear el fondo financiero más grande del mundo y retirar sus exportacionens de petróleo hasta dejar de depender de las mismas por siempre jamás

Una de las noticias más sugestivas de esta semana ha estado referida al anuncio de Arabia Saudí de reformar su economía dependiente de la renta petrolera, disminuida a partir del derrumbe los precios del petróleo. Se ha indicado que la idea es reducir su sometimiento respecto de este hidrocarburo que hasta el momento transversaliza la economía mundial y prevé hacerlo a partir de un nuevo plan económico denominado “Visión Saudita con perspectiva al 2030”.

En este marco, el pasado lunes  Arabia Saudí sorprendió informando “la creación del fondo soberano más grande del mundo y la salida en bolsa de la petrolera estatal Aramco”, como parte de este plan de reforma de su economía con la idea de reducir su dependencia del petróleo, de acuerdo a reportes de prensa que señalan como voz oficial del anuncio al vicepríncipe heredero Mohamed ben Salman.

Mohamed ben Salman será el encargado de liderar el nuevo plan económico de Arabia Saudí para que este país, considerado como el mayor productor de crudo de la OPEP, comience a vivir sin depender del petróleo en 2020, lo que se traduce en el primer mensaje del mundo árabe en reconocer que la dependencia del petróleo se ha convertido en algo al menos asfixiante o que la diversificación es absolutamente necesaria.

"En Arabia Saudí hemos desarrollado una adicción al petróleo y esto es peligroso y ha perjudicado el desarrollo de muchos sectores en los últimos años", dijo el vicepríncipe a tiempo de hacer el controvertido anuncio en un país que por décadas ha vivido de la renta petrolera, a partir de sus significativas reservas de crudo.

Suelta la liebre, el derrumbe de los precios del petróleo no solo confirma un tiempo de crisis sino un cambio, al parecer, de paradigmas en un mundo centrado en la explotación de este controvertido hidrocarburo para satisfacer su imparable demanda energética y sustentar su economía, justo cuando la estrategia norteamericana de lograr su autonomía energética ha terminado moviendo el tablero de la economía mundial.

Si bien algunos analistas del sector aún son optimistas frente a la pronta recuperación de los precios del petróleo, augurando un nuevo repunte para finales de 2016, el anuncio de la monarquía saudí ha generado más de un estremecimiento como augurio de tiempos difíciles.

Por el momento, las reservas del reino se mantienen entre las más significativas a nivel global y sus jerarcas son parte de la estrategia de mantener la sobreoferta de petróleo, como una medida dirigida a neutralizar la impronta de los shales proveniente de Estados Unidos, mientras el mundo continúa expectante y el sector energético permanece anunciando despidos de consideración.

Vacaflor es un comunicador bien informado especialmente en áreas de su especialidad como los hidrocarburos, por ello cuando se ocupa de la disminución en la producción del gas natural no le falta razón. sus informes son sin duda preocupantes.

El volumen de gas que sigue saliendo de los viejos campos descubiertos el siglo pasado está disminuyendo a un ritmo un poco más acelerado del previsto. En este momento, la producción está por debajo de los 60 millones m3/d, incluso por debajo de 57 millones, con tendencia a seguir cayendo. El gas de Incahuasi y de los bolsones descubiertos durante el anterior proceso electoral por la Repsol, en Margarita, todavía no ha llegado a la red de gasoductos.

Los volúmenes que van a Brasil y Argentina están disminuyendo como resultado de esta crisis. Al parecer, el Gobierno está negociando con esos países para que el tema no alcance notoriedad de conflicto, quizá jugando con los pagos demorados, con uno de esos países, y con negociaciones del próximo contrato, con el otro. Es que las inversiones fueron insuficientes desde que, en 2006, el Gobierno lanzó la negociación con las petroleras, que decidió llamar ‘nacionalización’ por recomendación de Wálter Chávez.

Ahora, cuando las petroleras están pagando menos que en los tiempos de Sánchez de Lozada, se podía esperar que invirtieran un poco más, pero eso sería tarde para resolver la actual crisis. Un campo descubierto tarda, según cálculos de Carlos Darlach, 12 años en promedio antes de estar conectado a la red de ductos. El mismo experto, doctor en geología, dice que, como van las cosas, Bolivia podría verse en la necesidad de importar gas natural en la próxima década. Lo bueno de eso es que la próxima década el precio del gas natural en todo el mundo estará al alcance de cualquier país. En este momento, ese precio es el más bajo de los últimos 30 años. En 2005 estaba en $us 15,37 por millón de BTU y ahora está en $us 2,04. El gas natural licuado australiano, que llega a China y Japón, cuesta $us 4,40, más o menos lo que costó el gas natural licuado que Estados Unidos envió a Brasil hace un mes, como su primera exportación hacia Sudamérica.

Quizá convenga ahora que los gobernantes bolivianos aprendan de lo que está haciendo Arabia Saudita, que ha decidido dejar de depender del petróleo y está sembrando los ingresos de las que seguramente serán sus últimas exportaciones de crudo. Este es un proceso de ‘cambio, y fuera’

Carlos Miranda regresa a la palestra con datos precisos acerca de las fluctuaciones en el petróleo que sin duda influyen también en nuestra economía, aunque de ello nada se quiere decir.

El pasado 17 de abril se celebró una importante reunión sobre futuros precios del petróleo en Doha, Catar. No obstante su importancia, la información sobre esta reunión tuvo poca cobertura en los medios nacionales.

 

Todo comenzó a mediados del 2014, cuando, discreta e insensiblemente, se inició un proceso de caída de los precios del petróleo.  A fines de año, el precio cayó de $us 100/barril a $us 53/barril. La caída continuó llegando a diciembre del 2015 a $us 36/barril, poniendo en evidencia, sin lugar a dudas, el  impacto en las economías de todos los países exportadores e importadores. 

Se estima que para diciembre 2015 los importadores dejaron de erogar  aproximadamente  $us 550 billones y los exportadores de percibir la misma cantidad.

 

Arabia Saudita y Rusia, por ser los mayores exportadores, son los que más dejaron de percibir por los precios de exportación.

 

Este hecho motivo que Arabia Saudita y Rusia, acompañada de Venezuela, diseñen un sistema para estabilizar precios y permitir la recuperación de los mismos mediante el congelamiento de precios con los volúmenes de enero de este año, estimando que para esa fecha la demanda haya crecido como para igualar la producción, evitando se repita nuevas sobreproducciones y permitan, a los precios del petróleo, ir recuperando su valor. 

 

Estos países solicitaron una reunión extraordinaria de la OPEP, incluyendo a los mayores países exportadores No OPEP.

 

La reunión se celebró el 17 de abril, en Doha, sin la presencia de Irán, Estados Unidos y Canadá,  pero asistieron 13 países de la OPEP, Rusia, y otros cuatro mayores productores No OPEP.

 

Después de 12 horas de acaloradas discusiones no se logró ningún acuerdo. Irán manifestó que aceptaba un plan de congelamiento pero que se le permitiera ampliar su exportación de dos hasta cinco millones/barriles por día para compensar los perjuicios ocasionados por el embargo internacional que había sufrido hasta hace poco por su programa nuclear. 

 

Arabia Saudita no aceptaba ningún plan en el cual alguno de los firmantes tenga una capacidad adicional de aumento de producción. Esta divergencia ocasionó el que no se logre firmar ningún acuerdo.  La reunión terminó sin fijar una nueva fecha.

 

Hasta el presente los mercados han reaccionado tímidamente al fracaso, disminuyendo la cotización del petróleo por unas horas y retornando alrededor de $us 40/barril.

 

De la gestación y fracaso de la reunión se puede sacar algunas conclusiones:

 

Los precios del petróleo cerca a $us 100/barril son muy lejanos de retornar. El mecanismo propuesto en Doha estimaba poder llegar a $us 50/barril hasta fin de año.

 

Esta dura realidad nos indica también que los años "dorados” ya han pasado. Los precios de $us ±10/MMBTU para nuestro gas de exportación se han esfumado.

 

Por otro lado, el futuro de precios más reducidos que se vislumbra nos está mostrando que las grandes exploraciones en el Mar Ártico y la explotación del petróleo en el PreSal están casi fuera del alcance de la industria. 

 

En general, la recomendación que se ha hecho desde esta columna, y también señalada por expertos del Banco Mundial, BID, CAF  y CEPAL, convocados por el gobierno, en sentido que el manejo de la industria debe ser muy cuidadoso y prudente, tiene mayor vigor. 

 

Lamentablemente, parece que nuestro gobierno tiene una interpretación muy especial de lo que es "prudente” en el manejo de fondos de la industria y de las Reservas Internacionales Netas (RIN) en proyectos como fertilizantes en el Chapare, FFCC a Bulo Bulo, LNG en Río Grande, etcétera. 

 

Lo que ha sucedido y está sucediendo es que una sobreoferta creada por aspectos políticos y geopolíticos ha sido puesta en mercado para su solución. El mercado y su tradicional inmisericorde accionar soluciona cualquier sobreoferta rebajando precios, lo cual ocasiona mayor demanda que, al ser cubierta con producción adicional, genera nuevamente sobreoferta.

 

Estos ciclos se repiten como un vórtice que está rebajando los precios del petróleo y que puede llegar al límite de la capacidad de operación de las empresas petroleras.

 

El máximo colapso sería que empresas petroleras se declaren en quiebra por no poder sostener sus operaciones con los precios que reciben por su producción.

Carlos Miranda Pacheco es ingeniero y analista energético.

textos de Carlos Miranda experto en hidrocarburos, son generalmente comprensibles, hoy la excepción, porque todo lo que afirma casi de principio a fin, se desvirtúa al final "blindados" los gastos que se pagan a las petroleras por parte de YPFB, lo que deja una interrogante sobre la real situación de esta primera empresa del Estado Pluri.

Cuando J.D. Rockefeller ya era multibillonario, un reportero le preguntó cuál era el negocio más rentable que había. Rockefeller contestó rápidamente: "Una empresa petrolera bien manejada”. El reportero insistió: "y cuál sería la segunda empresa más rentable”. Esta vez, meditando unos segundos, contestó: "Una empresa petrolera mal manejada”.  Estas declaraciones revelaron la alta rentabilidad de las empresas petroleras.  

Como todas estas empresas son públicas, el primer trimestre de cada año deben informar de su estado financiero y de las reservas. 

 

Este pasado trimestre, por primera vez, las empresas petroleras privadas no pudieron reportar utilidades  ni distribuir dividendos a sus accionistas. Además, informaron sobre restricciones en sus gastos de operación y desarrollo de proyectos.  La exploración fue la actividad más afectada. No pudieron, como era acostumbrado, mostrar cifras de incrementos de reservas o reemplazo de las producidas. En general, tan sólo se mostraron cifras de reposición de 80% de lo producido. 

 

Las grandes empresas petroleras estatales están sufriendo efectos similares. La situación de PEMEX es muy compleja porque está inmersa en la reforma energética iniciada en su país. 

 

El caso de Petrobras es dramático: continúa sumida en una maraña y laberinto de corrupción de gigantescas proporciones. 

 

Por la disminución de actividades y cancelación de proyectos, hasta la fecha se tiene estimado el retiro o alejamiento de cerca de 20.000 técnicos y profesionales altamente calificados.

 

En gran síntesis, la imagen de que las compañías petroleras eran siempre altamente rentables  está siendo desvirtuada por la sostenida caída de precios del petróleo, iniciada en 2014.

 

Parecería que las afirmaciones atribuidas a J. D. Rockefeller sobre la industria petrolera han perdido su valor.

 

Casi como una corroboración de lo anterior se ha informado que las inversiones del grupo Rockefeller en la industria petrolera serán retiradas para dedicarlas al desarrollo de energías no contaminantes, como lo pide el Acuerdo de París.

 

Dentro de este reacomodo de las empresas petroleras, nuestra situación es diferente, compleja y difícil con gran repercusión en nuestra economía.  La industria petrolera nacional se ha convertido en la industria más importante del país.

 

La rentabilidad de las empresas petroleras que operan en el país tiene sus peculiaridades. De acuerdo con  la Ley de Hidrocarburos, sólo YPFB está autorizada para comercializar toda la producción de petróleo y gas. El 50% del dinero obtenido por la venta de estos hidrocarburos es transferido directamente por YPFB al TGN, como Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH).  

 

Hasta el 40% de lo recibido por la venta total de la producción es utilizado por YPFB para pagar a las empresas por gastos de operación incurridos para lograr la producción vendida. El monto de las entregas por gastos de operación es sujeto a revisión de YPFB. El 10% restante en los ingresos es dividido entre YPFB y la empresa productora, a base de  tablas de cálculo acordadas contractualmente como utilidades para cada una de las partes.

 

El sistema descrito fue acordado entre el Estado y las empresas cuando el precio del gas de exportación estaba entre dos y tres dólares/MMBTU. Como todos sabemos, este precio ha ido subiendo hasta llegar a los   10 dólares /MMBTU (±   100 dólares/barril de petróleo). 

 

En todo ese tiempo  los márgenes de distribución de los ingresos se han movido de adecuados a altamente generosos. Actualmente el precio del gas de exportación es ±  tres dólares/MMBTU (±  30 dólares/barril de petróleo). La rentabilidad de las empresas operadoras en el país ha dependido de los reembolsos que recibe por gastos de operación y la división de utilidades con YPFB.

 

Lamentablemente, los montos por gastos de producción y los percibidos como utilidades no son de conocimiento público, pero hasta la fecha no se ha manifestado ninguna disconformidad u observación por las empresas o por el Estado. 

 

Termino utilizando un pseudotérmino económico popularizado por el Gobierno: esperemos que el pago por gastos de operación a las empresas sirva como un "blindaje” contra cualquier reducción en programas de exploración y su personal especializado.

Carlos Miranda Pacheco es ingeniero y analista energético.