El oficialismo ha revivido un viejo slogan que impusieron los “sucios neoliberales” en los años '90, cuando se desató la algarabía de la exportación de gas, cuando se construyó el gasoducto a Brasil, cuando se habló de expandir las ventas a la Argentina, cuando se mencionaba a Paraguay, y Uruguay como clientes potenciales y por último cuando se hablaba de los mercados de México, Estados Unidos y Chile, con el ambicioso proyecto del LNG de la mano, algo que muy pocos mencionaban en aquel entonces, pero que hoy es una realidad cotidiana.
Los agentes políticos que nos gobiernan hoy, azuzados por Venezuela (que no quería la competencia de otros distribuidores en América del Sur) y por Brasil (que no quería que nadie más disfrute el gas boliviano) se encargaron de tumbar todos esos proyectos y calificaron como “vende Patria” el objetivo de convertir a Bolivia en el “Eje de distribución energía del Cono Sur”, una cantaleta que ha resurgido en estos días de campaña, con el aditamento de que nuestro país podría además exportar electricidad a los países vecinos.
Han surgido muchas dudas acerca de esta idea. La primera fue expresada por el experto Carlos Miranda Pacheco, quien dijo que si bien el proyecto es viejo y era válido en los años '90, cuando Bolivia tenía casi 40 trillones de pies cúbicos de reservas de gas, hoy resulta ridículo ofrecerlo, no solo porque las reservas han caído a la cuarta parte, sino porque todos los posibles interesados en nuestro gas han tomado sus propias previsiones, pues con lo sucedido en el 2003 y sobre todo, después de la nacionalización, Bolivia pasó de ser un proveedor poco confiable. En cuanto a la oferta de electricidad, el especialista dijo que es todavía más burlesca, pues estamos hablando de exportar un excedente de mil megavatios a un mercado que produce 170 veces más, algo así como “darle una mosca a un pavo”.
Pese a que Carlos Miranda habla respaldado con datos, su testimonio podría ser puesto en duda ya que él fue funcionario de Goni. Recurramos entonces a una fuente que nos pueda ofrecer mayor credibilidad. La calificadora internacional de riesgos, Fitch Ratings, la misma que en medio del beneplácito del ministro Arce Catacora le echó flores al gobierno en cuanto al manejo de la deuda y algunos otros datos macroeconómicos, acaba de referirse a la situación de YPFB y las reservas de hidrocarburos de Bolivia. La prestigiosa entidad que sirve de faro a las compañías y las administraciones estatales más serias del mundo, ha dicho que ante la ausencia de desarrollo de nuevas reservas, nuestro país podría enfrentar restricciones en su capacidad de cumplir con el abastecimiento de gas al mercado internos y las exportaciones a Argentina, entre los años 2017 y 2018. Con este diagnóstico, el proyecto de ser el centro de distribución energética queda prácticamente sepultado.
Pero si estas evidencias, no alcanzan para cuestionar la política energética gubernamental y el fracaso de la nacionalización, solo es necesario remitirse a las propias pruebas que hace públicas el Gobierno. Si fuera verdad que en Bolivia alcanza y sobra el gas para distribuir, exportar e incluso mandarlo a Centroamérica, como le pidieron al presidente, no debió ser un problema entregarle tres millones de metros cúbicos a la Jindal, empresa que al final fue echada del país por desnudar la falta de gas para los bolivianos.
Las autoridades dicen que van a reactivar el proyecto del Mutún, pero cómo será su falta de confianza en la provisión gasífera del futuro, que solo se atreven a hablar de una minifábrica de acero con un consumo de una pequeña fracción de lo que pedía la compañía hindú Jindal.
